Los directores sociales denuncian la falta de control del Imserso en la dependencia
Lee aquí el comunicado de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales
Continúa la polémica por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos del sistema de información de la dependencia por parte del Imserso cometidas entre los años 2013 y 2018, es decir, en época de Mariano Rajoy, y que vendría a destapar un eventual informe del Tribunal de Cuentas que todavía no se ha publicado pero que existe y se encuentra en fase de anteproyecto. Parte de este informe fiscalizador ha sido adelantado por el diario El País, y a él también habría tenido acceso la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (@Ascdiresociales), según anuncian éstos en una nota de prensa.
Fuentes oficiales del Tribunal de Cuentas han confirmado a 65Ymás que, efectivamente, el organismo fiscalizador está ultimando el mencionado informe, pero que las conclusiones del mismo aún no son firmes, ya que "el anteproyecto se ha enviado a los ministerios implicados para que presenten las alegaciones que consideren necesarias. Los ministerios aún están en plazo de enviar sus alegaciones, y una vez recibidas, los auditores del Tribunal las estudiarán y en función de ello, pueden cambiar o no las conclusiones del documento".
Duplicidades y sobrecostes
De acuerdo con algunas de las conclusiones del informe que se han filtrado, el Tribunal de Cuentas habría detectado duplicidades, sobrecostes y presuntos amaños en contratos del Imserso en la época de Rajoy. Tal y como avanza El País, el informe se centraría en las licitaciones que atañen al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad), la base de datos de todas las prestaciones de dependencia.
Asimismo, basándose en el anteproyecto que está preparando el Tribunal de Cuentas, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denunciado "la falta de control, irregularidades e incumplimientos en la gestión" del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) realizada por el Imserso. En un comunicado, los directores sociales afirman que el Tribunal de Cuentas "corrobora" esta situación, que se está produciendo desde el inicio de la ley y hasta finales de 2018. Un periodo en el que, según señala la asociación, se han registrado 6.872.172 solicitudes y 3.839.016 beneficiarios.
Nota Prensa @Ascdiresociales PRESUNTAS CORRUPTELAS DEL IMSERSO ENTRE 2013-2018
— directoressociales (@Ascdiresociales) August 26, 2020
El Tribunal de Cuentas fiscaliza la inadecuada e irregular ejecución de los contratos formalizados por el IMSERSO para el Sistema de Información de la Dependencia que podría vulnerar el procedimiento.
Subcontratas, falta de información y de verificación
La Asociación de Directores y Gerentes asegura haber accedido al anteproyecto de informe de fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la ley 39/2006 elaborado por el Tribunal de Cuentas, en el que el organismo analiza las actuaciones de gestión realizadas desde marzo de 2013 hasta diciembre de 2018. En esas fechas, el Imserso estaba dirigido por César Antón y Carmen Balfagón, ambos nombrados por el gobierno de Mariano Rajoy.
Según la asociación, el informe del Tribunal constataría la deficiente información obrante, las numerosas incoherencias, la reiterada ausencia de documentación en los expedientes de contratación tramitados para el desarrollo y mantenimiento del SISAAD. Habría encontrado asimismo expedientes duplicados, sin fecha de inicio de prestación, transferencias indebidas, duplicidad en los pagos realizados, y un largo etcétera de irregularidades.
A través del Observatorio Estatal para la Dependencia, la Asociación de Directores y Gerentes detalla las numerosas actuaciones ilícitas presuntamente detectadas por el Tribunal de Cuentas: "contratos adjudicados directamente, vulnerando el compromiso de confidencialidad y los principios de transparencia, concurrencia e igualdad de trato y provocando una concentración de adjudicaciones que derivaban en subcontrataciones". Explican asimismo que estas ejecuciones habrían acabado "provocando un sobrecoste con un evidente perjuicio en el patrimonio público, incluso abonando indebidamente las facturas con trabajos no desarrollados o ejecutados de forma inadecuada o defectuosa".
Todas ellas, situaciones que ponen en evidencia la ausencia de controles adecuados y eficaces por parte del Imserso, según las citadas fuentes.
Contratos previamente acordados
El Tribunal de Cuentas habría encontrado que existe un elevado riesgo de que algunos contratos fiscalizados estuvieran previamente acordados entre las empresas, y entre ellas y el propio Imserso, “adulterando de esta forma el procedimiento de contratación pública”, de acuerdo a una parte del texto del anteproyecto que ha sido filtrado. El Imserso habría contratado determinados subsistemas informáticos mediante un acuerdo marco, no de forma directa.
Entre otras actuaciones irregulares, que estarían siendo investigadas de manera paralela por la Fiscalía Anticorrupción, se detallan también contratos millonarios adjudicados de forma recurrente a una misma empresa, y que subcontrata a su vez, de forma recurrente, con otras empresas. Presuntamente, algunas de estas compañías no podían concursar en primer término por distintas circunstancias, como puede ser parentesco o consanguinidad con responsables de la empresa contratante.
Duplicidad de pagos
La Asociación de Directores y Gerentes llama la atención asimismo sobre el sistema de control del Imserso con "expedientes publicados", "transferencias indebidas" y "duplicidad en los pagos realizados", y también en las "incoherencias en el sistema de información" con un número de expedientes que no coincide (dice) con la realidad.
La asociación denuncia que en el sistema de información existían 199.956 expedientes no coincidentes, debido a la "deficiente calidad" de la documentación remitida, lo que "afecta al cálculo del nivel mínimo". Y señala además que el Tribunal habría determinado que las medidas adoptadas por el Imserso para lograr la homogeneidad de la información de los beneficiarios de las prestaciones de dependencia "no han resultado eficaces ni adecuadas, desde un punto de vista económico".
