Coronavirus: Las partidas sociales para mayores se diluyen en el nuevo Real Decreto

Después de que este martes el Gobierno anunciase una gran partida de 300 millones de euros para Servicios Sociales para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes y otros 300 millones para que los ayuntamientos y Comunidades Autónomas pudiesen usar su superávit en partidas de atención social, la expectativa era máxima ante la definición de estas ayudas en su publicación en el BOE este miércoles.

Lo era sobre todo en lo relativo a los servicios que afectan a mayores, el principal grupo de riesgo ante el coronavirus, que está dejando una sangría de fallecidos mayores de 75 años en residencias de Madrid, Soria, Ciudad Real o Vitoria, y que igual que el personal hospitalario está sufriendo de falta mascarillas y personal suficiente, tal como denuncian patronal y sindicatos. "Es un buen paso, consideramos que el Gobierno va por el buen camino, pero por encima de todo están las medidas de protección que no están llegando tanto a personal como a usuarios. También urge la consideración de las residencias y la Ayuda a Domicilio como prioridad sanitaria, después de los hospitales", opina Ana Gonzalez Blanco, secretaría de Política Social y Diversidad de Comisiones Obreras de Madrid (@CCOOMadrid). 

Este paquete de medidas sociales extraordinarias motivada por la crisis del coronavirus llega después de que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales pidiese urgentemente al Gobierno que habilitase partidas de crédito excepcionales de, al menos, 400 millones de euros –al final se han quedado en 300–, así como el incremento de atenciones y servicios domiciliarios a personas mayores o en situaciones de dependencia o el refuerzo en las plantillas de la red básica de servicios sociales y de los centros residenciales de personas en situaciones de dependencia, ante el riesgo contagio. Unas peticiones que prácticamente ha suscrito el documento del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, publicado en el BOE.

Escasa mención a los mayores

Aunque el presidente Pedro Sánchez tiene siempre una mención a "proteger a los mayores" en los discursos telemáticos de estos días, lo cierto es que la publicación del texto íntegro del Real Decreto de Medidas Urgentes en el Boletín Oficial del Estado este miércoles ha rebajado las esperanzas al incluir escasas menciones específicas –apenas dos en un documento de 46 páginas– al colectivo de los mayores en el apartado de políticas sociales y con poco detalle sobre qué porcentaje se destinará a proteger a este grupo de edad.

Sí lo ha hecho indirectamente en la explicación del destino de las ayudas –centradas principalmente en ayuda a domicilio, refuerzo de plantilla asistencial si fuese necesario y los tan ansiados equipos de protección individual (EPIs), pero siempre vinculado a la "situación de dependencia o vulnerabilidad". Se trata de un plan de choque para proteger a las personas especialmente "vulnerables" al coronavirus; pero la definición de este colectivo, no es clara en el apartado meramente social, según los agentes sociales.

El Gobierno aprueba un amplio escudo social de 600 millones de euros para proteger a las personas más vulnerables y salir de esta crisis por COVID-19 sin dejar a nadie atrás pic.twitter.com/l10b6L6ws8

— Secretaría de Estado de Derechos Sociales (@DSocialesGob) March 18, 2020

Falta de definición de los destinatarios

"Habrá que ver cómo se distribuyen luego estas partidas gestionadas por las administraciones, en las que hay que tener en cuenta que entran muchos colectivos diversos, desde personas con discapacidad, menores, colectivos sin recursos o mujeres maltratadas....", opina la secretaria del sector de Dependencia e Intervención Social de la FSP de UGT Madrid (@fespugtmadrid), Margarita Domínguez, quien considera que dada la precaria situación que atraviesa el sector de la Dependencia "siempre es poco dinero". "Entiendo que esto será el grueso y que posteriormente se irá aterrizando". 

En lo que respecta a la Ayuda a Domicilio, principal foco al que van destinadas las ayudas movilizadas por el Gobierno, desde el sindicato de Funcionario Csif recuerdan que "se tiene que conceder previamente" y se plantea qué va a pasar con las personas que no tienen la ayuda concedida. "¿Se las van a tramitar de forma urgente?", se cuestiona Elena Moral, responsable de Administración General de la Comunidad de Madrid (AGCM) de CSIF (@CSIFnacional). Además, considera que se ha puesto demasiado foco en la atención domicliiaria y muy poca en la atención a los centros de dependientes, menores y mayores, que necesitan mayores infraestructuras y ayudas en plantilla.

Iglesias se congratula de haber logrado un "escudo social"

Mientras, el vicepresidente segundo de Derechos Sociales del Gobierno, Pablo Iglesias, ha celebrado que, "tras mucho trabajo", se ha aprobado el paquete de medidas destinado a proteger a familias, trabajadores, autónomos y empresas de los efectos económicos del coronavirus, después de varios días de "intenso debate" y 'tira y afloja' en el seno del Ejecutivo de coalición, a modo de "escudo social" contra la pandemia.

La discusión, afirma, se ha centrado en el alcance que debían tener estas medidas, pero el esfuerzo se ha centrado principalmente en cuestiones como garantizar la asistencia a domicilio de las personas dependientes, para ampliar la protección en el ámbito energético y de suministro de agua, así como en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. También la protección de los trabajadores autónomos y se dispone una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias "de los colectivos particularmente vulnerables" o fomentar la conciliación de aquellos trabajadores que deban acudir a residencias o centros de mayores.

Tras mucho trabajo hemos logrado aprobar en el #Cmin un #EscudoSocialCoronavirus para proteger a la gente trabajadora, autónomos, empresas y familias del impacto del #COVID19. Aquí algunas medidas clave del plan de choque. Seguimos trabajando en más medidas para los próximos días https://t.co/gdFRaMxTsU

— Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) March 17, 2020

Fondo de contingencia de 300 millones

Todas estas medidas se plasman en el capítulo I del Real Decreto de Medidas Urgentes. Para ello, "se refuerza en 300 millones de euros el presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario para hacer frente a las consecuencias sociales del COVID-19 mediante transferencias a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para financiar las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales", reza el texto.

El real decreto-ley establece, en segundo lugar, "que las corporaciones locales disponen de una cantidad de igual cuantía del superávit del ejercicio 2019 para financiar las ayudas económicas y todas las prestaciones de servicios gestionadas por los servicios sociales de atención primaria y atención a la dependencia que vienen recogidas en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de 16 de enero de 2013, que recoge el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales.

Prestaciones incluídas: Ayuda a domicilio o teleasistencia

Según dispone texto, el Fondo de Contingencia y la concesión del suplemento de crédito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por importe de 300 millones de euros podrá destinarse a la financiación de proyectos y las contrataciones laborales necesarias para el desarrollo de las siguientes prestaciones:

a) Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio.

b) Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio.

c) Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la suspensión de atención diurna en centros.

 

Refuerzo de plantillas y EPIs

El Real Decreto también entre los servicios a los que podrían ir destinados las partidas millonarias, dos elementos básicos que patronal y sindicatos llevan pidiendo desde hace semanas como son "la adquisición de medios de prevencón (EPIs)", y el "refuerzo de plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla". La situación es especialmente crítica en los hospitales saturados, que carecen de suficientes equipos, así como en las residencias que están siendo medicalizadas, como las de la Comunidad de Madrid.

Al mismo tiempo se contempla que se pueda utilizar esta inversión en "reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a personas cuidadoras y las medidas de conciliación para aquellas familias (especialmente monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes". 

Otras medidas

Por otro lado, también se incluye entre los supuestos, destinar este dinero  "reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén debidamente protegidas" o "ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de urgencia o de inserción.

También se deja abierto a "otras medidas que las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Servicios Sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente justificadas". Por lo que los expertos consideran que, por el momento, son propuestas, "demasiado abiertas" y pueden quedarse "en papel mojado".