Las investigaciones de carácter penal abiertas por la Fiscalía General del Estado por posibles delitos en residencias de mayores durante la pandemia por COVID-19 son ya un total 186 según la última actualización de la Fiscalía, que incluye la existencia de 21 procedimientos ya en instrucción en diferentes juzgados penales españoles, la apertura de 11 nuevas diligencias de investigación fiscal y el archivo de dos de las ya iniciados respecto de la semana anterior.
Madrid sigue encabezando los posibles casos de conducta criminal en estos centros, con un total de 87 expedientes en trámite y 6 asuntos que ya se instruyen en los juzgados.
También, según la última estadística facilitada por la Fiscalía General del Estado, hay cinco comunidades que continúan sin tener ningún asunto abierto por la gestión de sus residencias de ancianos, que son Asturias, Canarias, Cantabria, Navarra y País Vasco.
En cuanto a la situación en Madrid, el mayor número de expedientes los tramita la Fiscalía Provincial de Madrid, un total de 61, a las que siguen 10 investigaciones que lleva el fiscal delárea de Alcalá de Henares, 7 por la fiscalía del área de Getafe-Leganés y 9 por la del área de Móstoles-Fuenlabrada. En cuanto a los asuntos ya judicializados son 66, que llevan los juzgados de instrucción números 51, 12, 48, 42 de Madrid, número 1 de Navalcarnero y número 2 Alcobendas.
Segundo foco en Cataluña
Cataluña sigue siendo el segundo foco de investigaciones fiscales en residencias con un total de 32 casos, una veintena de ellos se siguen en la Fiscalía de Barcelona por denuncias de particulares, la Agrupación afectados COVID 19 en España, la Agrupación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (ASCAD) y las comunicaciones realizadas por el Registro Civil de Sant Boi de Llobregat sobre fallecimientos en cuatro residencias concretas.
El resto de investigaciones fisales en Cataluña las llevan a cabo las Fiscalías de las áreas de Granollers, Vilanova i la Geltrú-Gavá, Manresa-Igualada, Sabadell, Terrassa, Mataró y Tarragona. En cuanto a los procedimientos judiciales, en Cataluña se tramitan casos en el Juzgado de Instrucción número 4 de Sabadell, y dos abiertos en el número 4 de Cendanyola del Vallés por presuntos delitos de falsedad en documento oficial y omisión del deber de socorro.
En un tercer lugar se encontrarían Castilla y León con 22 expedientes en trámite y 4 investigaciones penales en curso en Juzgados de Albacete, Soria y Ávila; y Castilla-La Mancha con 20 expedientes e investigaciones penales en dos juzgados de Albacete, uno en la capital y otro en La Roda.
Por número de casos le sigue Galicia con un total de 15 expedientes en trámite y un asunto ya en manos del Juzgado de Cangas número 1 en relación con una residencia; Extremadura con 5 expedientes de investigación en trámite y un asunto concreto en virtud de la denuncia de un particular que ya instruye el Juzgado de Valencia de Alcántara (Cáceres) y Murcia, donde la fiscalía no tiene ningún expediente abierto pero tres juzgados investigan ya hechos concretos ocurridos en estos centros por su posible trascendencia penal.
Por contra, en Andalucía sólo se registra un caso, incoado tras la denuncia interpuesta en abril por una asociación en relación con las personas mayores ingresadas en una residencia en Cádiz, un asunto que lleva el fiscal jefe de área de Jerez. También registran un sólo caso las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, la Rioja y Valencia.
Diligencias de seguimiento de carácter civil
En cuanto a las diligencias civiles, que consisten en seguimiento de la situación en las residencias desde el punto de vista de los derechos de los residentes, también se está en torno a los doscientos asuntnos en trámite, puesto que se contabilizan un total de 194 según los datos facilitados por la Fiscalía General.
Respectoa a la semana pasada se ha procedido al archivo de cuatro diligencias de índole civil (tres en Fiscalía Provincial de Valencia y uno en la Fiscalía de Área de Elche-Orihuela), como consecuencia de haberse comprobado la inexistencia de situaciones de desatención, desamparo o irregularidades en las residencias objeto de seguimiento.
Por contra incoado siete nuevos expedientes civiles para seguimiento de la situación en determinados establecimientos residenciales (Fiscalías de Área de Alcoy, Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Fiscalía de Área de Getafe-Leganés, Fiscalía de Área de Cartagena, Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Navarra, y dos de la Fiscalía Provincial de Castellón de la Plana.
