Familias, sindicatos y patronal critican el plan PSOE-Sumar para las residencias: "Es insuficiente"

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El acuerdo para formar un posible nuevo Gobierno progresista, formado, en esta ocasión, por el PSOE (@PSOE) y Sumar (@sumar), incluye un apartado en el que se estipula qué transformaciones deberán llevarse a cabo en el sector de las residencias de mayores.

En concreto, dos de los más de 200 puntos pactados entre ambas formaciones se refieren directamente a estos centros y a su funcionamiento, haciéndose eco de varias promesas electorales de la formación liderada por Yolanda Díaz y también, en parte, del PSOE –aquí puedes consultar qué prometió cada partido de cara a los comicios del pasado 23J–. 

En el documento presentado la semana pasada de cara a una hipotética investidura de Pedro Sánchez como presidente, los grupos firmantes se comprometen a hacer cumplir "el Acuerdo de Acreditación (el 'nuevo modelo de residencias')", impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y aprobado por la mayoría de comunidades autónomas en 2022. Un documento, que acaba con las sujeciones, estipula que los centros deben dividirse en unidades de convivencia, limita la construcción de nuevas macrorresidencias, y propone aumentar las ratios de personal progresivamente, entre otros cambios. Además, tanto PSOE como Sumar aseguran que se impulsará un plan para las residencias, "que garantice espacios de interior y exterior adaptados a las condiciones climáticas". 

El texto pactado también incluye medidas para mejorar el sistema de cuidados. En este sentido, las dos formaciones prometen poner en "marcha una Estrategia Estatal de Desinstitucionalización"; adaptar "la Ley de Dependencia para impulsar un cambio en el modelo, mejorando la calidad de la atención, personalizando los apoyos y priorizando la atención domiciliaria frente a la residencial"; garantizar "el servicio de teleasistencia como derecho subjetivo"; continuar "la senda de crecimiento" de su financiación, "hasta que alcance el 50% del total –en esta legislatura se logró aumentar a casi el 30%–, asegurando que las CCAA mantienen su inversión propia"; y trabajar en la conformación de "una mayoría parlamentaria para impulsar una Ley de Cuidados en coherencia con la Estrategia Europea". 

Las familias piden un compromiso mayor

Para María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora 5+1 (@CooResidencias) y miembro de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias (@La_Plataforma_1), las medidas anunciadas por PSOE y Sumar son insuficientes.

"Pensamos que no puede ser que se diga que se va a 'continuar con la senda de financiación de la Dependencia'. Creemos que es un problema que se ha de resolver ya, porque no podemos mantener esta infrafinanciación", avisa. "Las personas mayores no pueden esperar", advierte y recuerda que la administración central tiene una "deuda histórica" con las CCAA. 

"Tenemos dudas cuando hablan de priorizar la atención domiciliaria", añade. "Creemos que debemos garantizar las dos", opina. Y es que, argumenta, "está claro que no es posible atender en casa a una persona cuando llega a un cierto nivel de dependencia". Además, critica, las horas de atención domiciliaria "son insuficientes".

Carcelén también muestra sus dudas respecto a la aplicación del nuevo modelo de residencias. "No tenemos claro cómo van a garantizar que se cumpla", comenta. "En la mayoría de comunidades, ese Acuerdo ni se le ve venir", indica. Por ello, exige un verdadero "control" de los fondos dedicados a implementar el Acuerdo de Acreditación. 

Con todo, la representante de las familias entiende que algunas de las medidas propuestas van por el buen camino, como el que se vaya a intentar tramitar un "plan para luchar contra el calor" en los centros sociosanitarios. 

Por su parte, el presidente de Pladigmare (@pladigmare), miembro igualmente de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias, Miguel Vázquez, celebra que, por fin, haya un Gobierno central –si termina saliendo adelante– que "garantice cumplir con la Ley de Dependencia" y aplicar el nuevo modelo de residencias que incluye aportaciones de su organización, como los protocolos antimaltrato. 

Eso sí, al igual que Carcelén, desconfía de la "Estrategia de Desinstitucionalización", ya que, señala, no es realista pretender acabar con las residencias. "El Gobierno no puede obviar que, según el informe FOESA, hay 1.300.000 viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad", comenta.

Así, a su parecer, no se debería dejar de lado "cuáles van a ser las necesidades de plazas residenciales en el futuro" y, sobre todo, quién las cubrirá –en su caso, creen que debe ser la administración y no el sector privado–.  

"Y hay un tema que no se ha abordado: los criterios para establecer las ratios de personal", apostilla. Asimismo, tampoco se menciona específicamente la participación de las organizaciones de familiares en los órganos de representación de los centros que se deben crear con el nuevo modelo de residencias. "Esperamos que se avance también en esas cuestiones", reclama. 

Los trabajadores reclaman más inversión

Jesús Cabrera, responsable de Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (@fssccoo), entiende que este hipotético nuevo Gobierno debería ser más ambicioso. 

De esta manera, pese a que "el compromiso para alcanzar el equilibrio de financiación entre el Estado y las CCAA sea positivo", el esfuerzo debería "orientarse a un porcentaje de PIB lo más cercano posible a la media europea, a lo largo de la nueva legislatura –actualmente, en España se dedica un 0,85% del PIB y la media europea es del 1,5% del PIB–".

"En cuanto a las condiciones de acreditación, es fundamental incrementar sustancialmente las ratios de plantilla, requisito muy valioso para mejorar la calidad de atención", añade Cabrera.

Las empresas piden más pasos

Las empresas tampoco comparten varias de las propuestas de estos dos partidos. Cinta Pascual, presidenta de la patronal CEAPs (@cea_ps), asegura que las medidas son "decepcionantes". Y lamenta que no hable de llegar a una inversión "en Dependencia" del 2% del PIB, como los países del entorno. "¿Tan poco importantes son las personas mayores?", se pregunta.

Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia), tiene una opinión más positiva de estas promesas y de que se vaya a intentar aumentar hasta el 50% la financiación por parte del Estado. "Siempre consideramos que hay que aumentar el presupuesto destinado a Dependencia", afirma.

No obstante, indica, una vez se aporte esta suma de dinero, "le toca a las administraciones autonómicas gestionar bien todo el tema de las valoraciones, servicios y prestaciones". Y, apostilla, de la rapidez con la que se haga todo se podrá deducir si esta medida ha sido o no un éxito. 

Ahora bien, matiza Fernández-Cid, pese a que el aumento presupuestario sea una buena noticia, no lo es tanto que se siga sin ofrecer "una valoración económica para ver si los cambios en el sistema de cuidados son viables". 

Además, indica, "consideramos que habría que convocar un nuevo Consejo Territorial urgentemente para volver a revisar el acuerdo de acreditación –nuevo modelo de residencias– y ver qué grado de consenso político tiene, puesto que el mapa político autonómico ha cambiado en las últimas elecciones".