Las cuidadoras de dependientes alertan: "Seremos pensionistas pobres cuidadas por mujeres pobres"

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Se estima que en España hay algo más de 2 millones de personas dependientes reconocidas (la gran mayoría de ellos mayores de 65 años) y que gran parte de este colectivo cuenta con el apoyo de familiares o de auxiliares profesionales para realizar sus tareas diarias. Así, los llamados, "cuidadores", son un sector mayoritariamente femenino (el 89%, según Cruz Roja) y no profesionalizado: entorno al 20% de las cuidadoras trabajan en el Servicio de Ayuda a Domicilio (unas 177.860 empleadas en toda España, según el Imserso, y entorno al 95% de ellas son mujeres).

Con motivo del Día del Cuidador, 65Ymás ha querido conocer más de cerca la situación del sector de los cuidados a las personas dependientes. Para ello, este diario ha conversado con la portavoz de la Plataforma Unitaria de Ayuda a Domicilio (SAD) y trabajadora del SAD en Cáceres, Teresa Villar. 

El trabajo de cuidar

"El trabajo de la cuidadora es absolutamente fundamental. Somos quienes favorecemos la vida de las personas dentro de su entorno, que es la finalidad de la Ley de Dependencia", argumenta Villar. Y explica: "Les proporcionamos ayudas en sus tareas diarias: asearse, vestirse, alimentación, controlar la medicación, acompañar al médico, hacer la compra o mantener el entorno en condiciones de habitabilidad. También evitamos la soledad y el aislamiento social porque, en muchos casos, somos la única conexión que tienen con el exterior". Del mismo modo, las trabajadoras deben tener especial vocación por los mayores, además de contar con un "certificado de profesionalidad". "Son requisitos imprescindibles la empatía, el ponerse en el lugar de la persona que cuidas y aportar ganas de vivir, que es lo que les falta la mayoría de veces", señala.

Sin embargo, en opinión de Villar, el trabajo que hacen ella y sus compañeras no se recompensa lo suficiente, ni económicamente, ni socialmente. Para la Plataforma del SAD, la culpa la tiene la deficiente implementación de la Ley de Dependencia, cuya aplicación "depende del color del político de turno". Por ello, la portavoz propone garantizar el derecho a los cuidados en la Constitución y que se le de a la Dependencia, también conocida como "cuarta pata del Estado de Bienestar", la misma importancia que a la Educación, las Pensiones o la Seguridad Social. "Si dignificamos la atención y la sacamos del ámbito familiar, que es donde está ahora, redundará en beneficio de las trabajadoras y de los dependientes. No podemos desligar los derechos de unas y de otros", sostiene. 

Y es que, a su parecer, las familias tienen demasiado peso en los cuidados y esto repercute en un colectivo en concreto: las mujeres. "Los cuidados deben ser una obligación estatal. No se pueden cargar sobre un grupo social (las mujeres) los cuidados de otro colectivo. El Estado nunca ha afrontado este problema", critica. También denuncia que muchas mujeres acaban renunciando a sus carreras laborales para dedicarse a sus seres queridos, cosa que repercute en su futura condición socio-económica. "Nos condenan a la pobreza presente y futura. Seremos pensionistas pobres cuidadas por mujeres pobres", comenta. 

Tampoco se cree Villar la promesa del Gobierno de que las cuidadoras no profesionales puedan cotizar u otras medidas en ese sentido. Según ella, estas propuestas correspondían y corresponden al electoralismo. "Lo mismo que lo ponen lo quitan. Si no atacamos la raíz del problema seguiremos poniendo parches. Estando en campaña, ofrecerán muchas cosas que luego no se harán", apunta.

Del mismo modo, la portavoz, critica la "dispersión normativa exagerada". "Cada Comunidad y Ayuntamiento legisla según su creencia e intereses. Hay diferentes criterios de acceso, valoración y prestación. Esto ataca a las diferentes personas en situación de dependencia y a las que nos dedicamos a este sector", asegura. 

Un problema de financiación 

"La financiación de la Ley de Dependencia es lamentable. Nos quejamos de que haya personas con derechos reconocidos que no reciben la ayuda, pero es culpa de la mala dotación de la Ley", señala Villar. De esta manera, según denuncian desde la Plataforma, el Estado debería aumentar su parte en la contribución puesto que, actualmente, no llega a más del 20%, teniendo que aportar las Comunidades el otro 80.

Del mismo modo, basándose en datos aportados por este organismo, Villar afirma que el copago también empobrece a los dependientes. "Los dependientes están poniendo una cantidad similar a lo que aporta la administración central", asegura. 

Enfermedades profesionales, precariedad y municipalización

Otro problema que hace que el servicio no pueda ser el óptimo es la poca retribución que reciben las auxiliares, con sueldos que, por convenio, no llegan a más de 900 euros. Además, a todo esto hay que sumarle que el colectivo no tiene reconocidas enfermedades propias de la profesión como pueden ser "las hernias discales, las roturas musculares, artritis, artrosis, los traumatismos, siempre en las mismas zonas, así como los riesgos químicos o de infecciones víricas". Igualmente, Villar comenta que hay que tener en cuenta los "riesgos psicosociales" puesto que "es un trabajo que se hace en una situación de absoluta soledad". "No podemos compartir nuestro sufrimiento con las usuarias ya que no debemos sobrecargarlas. Este trabajo genera angustia y falta de sueño. Siempre estamos con antiinflamatorios, analgésicos y somníferos. Vamos polimedicadas muchas veces", denuncia. 

Por último, la representante de las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio sostiene que se deberían "remunicipalizar" los servicios que prestan a los dependientes. "Hay estudios muy solventes que afirman que la municipalización es sostenible económicamente", apunta. Y añade: "Cuando son las empresas privadas las que gestionan la Ayuda a Domicilio, baja la calidad, se minimizan los servicios prestados y se incumplen los derechos laborales". Asimismo, que el servicio vuelva a manos públicas mejoraría, según ella, las condiciones laborales de las trabajadoras. "Muchas deben recurrir a los Servicios Sociales o a la economía sumergida porque no superan los 500 euros al mes", critica. "No pueden cargar sobre nosotras el coste de los cuidados de los que son respondables", concluye.