Los deberes del Imserso en la 'vuelta al cole': mejorar la financiación y el sistema de cuidados

El Imserso y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de quien depende dicho instituto, afrontan una 'vuelta al cole' con parte de los "deberes" hechos –aprobación de la estrategia de desinstitucionalización, inicio de la tramitación de la nueva Ley de Dependencia, anuncio de una Estrategia Nacional contra la Soledad, etc.–, pero con medidas importantes aún por impulsar, según varias organizaciones consultadas por 65YMÁS. 

Todo ello, además, en un contexto que podría dificultar estos avances, puesto que no es seguro que se vayan a poder aprobar unos nuevos presupuestos para 2025, lo que dificultaría, por ejemplo, cumplir con el compromiso del pacto de investidura PSOE-Sumar de aumentar la aportación que hace el Estado al sistema de cuidados hasta el 50%. 

Este diario se ha puesto en contacto con diversas organizaciones de la sociedad civil para conocer qué asuntos debería abordar, en su opinión, el Imserso y la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, de cara a este nuevo curso político. 

Peticiones al Imserso

Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (@Ascdiresociales) piden al Ejecutivo, entre otras medidas: "recuperar el incremento presupuestario de 600 millones en dependencia"; "subir cuantías de prestaciones económicas y mejorar intensidades y compatibilidades de servicios"; "realizar un censo de residencias en el que estén todas –en el último no lo estaban–"; "volver a la transparencia de información y datos" –"desde hace tres meses el Imserso tiene los certificados de gasto de 2023 y aún no los ha publicado"–; "presentar la memoria económica del plan de desinstitucionalización"; "terminar de cumplir los objetivos del plan de choque de la dependencia"; "reducir la lista de espera" y "conseguir que todas las personas dependientes que vivan en su domicilio dispongan de teleasistencia". 

El secretario general de la UJP-UGT (@UJP_UGT), Anatolio Díez, reclama impulsar una legislación específica de mayores, "como ya lo han realizado otros países", como "EE.UU, Francia, Canadá, Japón o más recientemente Uruguay o Chile". "Estas experiencias internacionales pueden ofrecer valiosas lecciones y modelos para España, al considerar la implementación de una ley similar. Sin embargo, es importante adaptar cualquier enfoque al contexto específico español, considerando su sistema legal, estructura administrativa y realidades socioculturales", argumenta. 

Por otra parte, Díez se muestra preocupado por el enfoque que se vaya a dar de la estrategia de desinstitucionalización, que "busca transitar de un modelo de atención basado en grandes instituciones hacia servicios comunitarios y apoyos más integrados en la sociedad". "Es importante notar que no necesariamente implica privatización. Muchos países, hoy, están diseñando e implementado políticas manteniendo un fuerte componente de servicios públicos comunitarios. Sin embargo, la forma en que se hace puede avivar sentimientos y abrir la puerta a una mayor participación del sector privado. Este debate subraya la importancia de diseñar cuidadosamente las medidas para garantizar que no resulten en una disminución de la responsabilidad pública o en un acceso desigual a los servicios necesarios", señala.

"Finalmente, nos preocupa la escasez de ideas en cuanto al necesario desarrollo de una política de gestión administrativa más eficiente como elemento fundamental para atajar de forma definitiva el 'limbo de la dependencia'. Es necesario abordar este tema desde la simplificación de procesos, la digitalización, la formación del personal administrativo, la coordinación interinstitucional, la gestión transparente, la descentralización efectiva, la presupuestación eficiente o la gestión de la información…", comenta.

Nuevo modelo de residencias

María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora 5+1 de Cataluña (@CooResidencias) y miembro de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias (@La_Plataforma_1), opina que "la prioridad tiene que ser la implementación del Acuerdo de Acreditación –nuevo modelo de residencias–, que a nuestro juicio era insuficiente, pero que tenía mejoras que suponían un avance". Cabe recordar que este documento, pactado en 2022 entre Gobierno y comunidades –no todas votaron a favor–, implicaba crear centros de menor tamaño, poner en funcionamiento unidades de convivencia de 15 personas, aumentar las ratios de personal y eliminar las sujeciones, entre otras modificaciones ideadas para garantizar una atención más centrada en la persona. 

"En Cataluña no se está cumpliendo, a pesar de que el Departament de Drets Socials se dirigió por escrito al Ministerio aceptándolo, porque conllevaba la transferencia de millones de euros para su implementación", denuncia Carcelén. 

Por ello, exige: "El Ministerio debe exigir su implementación ya y, en caso contrario, deducir el importe transferido vinculado al Acuerdo de las transferencias ordinarias".

Asimismo, apostilla, "insistimos en que las ratios de personal son la clave de una atención digna a las personas dependientes y esas son manifiestamente insuficientes, también las aprobadas en el Acuerdo de Acreditación". "La sociedad no puede permitir que el negocio de empresas y fondos de inversión prime por encima del derecho de las personas a una vida digna", indica. Y añade: "Es también imprescindible mejorar la financiación de la ley de la dependencia y trabajar en el abordaje de las medidas necesarias para atender el envejecimiento de la población".

Mayor reconocimiento a los cuidadores

Otra de las peticiones al Imserso es la 'modernización' de sus viajes. El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO (@CCOO), Carlos Bravo, propone que se reformule de cara al futuro su Programa de Turismo Social para adecuarse más al perfil del nuevo sénior. 

Igualmente, Bravo reclama un plan de actuación para homogeneizar la gestión de las pensiones no contributivas en las comunidades autónomas. "En algunas se tramitan en uno o dos meses y en otras se tarda 18 o 20", critica. 

En relación con el sistema de atención a la Dependencia, comenta, pese a que se ha mejorado la financiación y la cobertura, "seguimos teniendo deficiencias relevantes". Y es que, justifica, aunque "es cierto que tenemos menos personas en centros residenciales", no está claro que se esté desarrollando todo lo necesario la ayuda a domicilio o los centros de día como se estipulaba en el Acuerdo de Acreditación, aunque sí que estaría aumentando considerablemente la Teleasistencia. "La desinstitucionalización que se intenta promover tiene que ir acompañada de una mejora en la calidad del servicio: intensidad, más horas, reconocimiento económico y social de los trabajadores, mejorar plantillas y aumentar las ratios, cualificación profesional...", señala. 

"Además, el Imserso tiene que reforzar sus plantillas y mejorar sus capacidades de intervención, seguimiento y control de estos procesos. Es un instituto muy importante que tutela políticas muy relevantes, aunque estén transferidas, y que necesita recursos", asegura. 

Finalmente, propone "mejorar la financiación" del sistema de cuidados. "Tenemos que llegar 1,5% del PIB para que podamos dar una plena atención con servicios profesionales", argumenta, y reclama más servicios profesionales y de calidad. "La prestación económica de cuidados familiares existirá siempre, pero debe tender a reducirse", señala.  

Demandas del sector de la dependencia

Por último, desde la patronal de las residencias CEAPs (@cea_ps) denuncian que el sistema sigue "infrafinanciado". "Los 783 millones de euros que el Gobierno repartirá entre las comunidades autónomas para avanzar en el nuevo modelo de cuidados en Dependencia son notablemente insuficientes", sostiene la presidenta de dicha organización, Cinta Pascual, quien calcula que sería imprescindible alcanzar, al menos, los 1.000 millones de euros. De lo contrario, se corre el riesgo de dejar fuera del sistema a un gran número de personas vulnerables, señala.

“Cualquier cuantía que no suponga alcanzar una financiación real y digna del 2% del PIB para la atención a las personas, del que sí gozan los países del entorno, imposibilitará poner en práctica, por ejemplo, la Estrategia Estatal de los Cuidados que ha aprobado el Gobierno, con la intención de priorizar el cuidado de las personas mayores y/o personas en situación de dependencia en el entorno familiar", comenta.

Una estrategia que, en palabras de Pascual, perpetuará el desequilibrio de género y hará que el peso de los cuidados recaiga de una manera aún más desproporcionada en las mujeres. "No lo decimos solo desde CEAPs. Lo confirma el Imserso", indica, puesto que, afirma, de las 83.589 personas inscritas en el convenio especial de cuidadores no profesionales, un 87,9% son mujeres, mientras que solo el 12,1% son hombres.

"Es imprescindible que se apoye a las familias, sí, pero no sobrecargándolas con responsabilidades que deben ser atendidas por profesionales formados", indica la presidenta del Círculo Empresarial de la Atención a las Personas, quien exige que se refuercen los sistemas de atención domiciliaria profesional y todo el sistema de prestaciones. 

También exigen desde la organización la equiparación del IVA en los Servicios Sociales que obstaculiza, a ojos de CEAPs, que más familias opten por los cuidados profesionales de sus familiares –es superior para servicios privados–. "Que exista una doble tributación a la hora de acceder a los cuidados encarece los servicios y, por tanto, desanima a muchas familias a utilizar centros de día o residencias como alternativa a los cuidados de sus seres queridos", denuncia Pascual.

Entre las prioridades que se ha marcado CEAPs para el inicio del curso figuran, asimismo, la reclamación de una prestación exprés para dar respuesta a las situación de dependencia sobrevenida o casos de extrema vulnerabilidad; que se limiten las listas de espera y se erradique el ‘limbo’ de la Dependencia; que se depuren las abrumadoras desigualdades que existen entre las autonomías, y que se garantice que todas las personas que viven en una residencia tengan el derecho universal a ser atendido por un médico de Atención Primaria.