El Defensor del Pueblo (@DefensorPuebloE), Francisco Fernández Marugán, advierte en su Informe Anual 2018 de la "insuficiencia" de plazas públicas y concertadas de atención residencial a personas mayores e insta a realizar un "mayor esfuerzo presupuestario" para superar esta circunstancia.
El Defensor denuncia en su informe que Llas diferencias existentes en cuanto a las normas aplicables en cada comunidad autónoma para acceder a una plaza en residencia del sistema público "impiden ofrecer una visión global de las dificultades que en cada territorio tienen los ciudadanos para ingresar en dichos recursos". Ahora bien, asegura que se ha podido constatar que en todas las comunidades autónomas "existe lista de espera para la asignación de plaza a personas en situación de dependencia en grado III y grado II, que tienen reconocido en su programa individual de atención (PIA) el derecho a atención residencial, por ser insuficiente el número de plazas para satisfacer los derechos reconocidos".
Por otra parte, explica que la espera hasta que se produce la asignación efectiva de una plaza dura con frecuencia en exceso. "Aun cuando, en muchos casos, estas personas tienen reconocido otro servicio o prestación con carácter transitorio, el mismo no siempre cubre las necesidades reales de atención que presentan", señala. Además, explica que "ello concuerda con el hecho de que la cuestión que se plantea con mayor frecuencia en las quejas que recibe el Defensor del Pueblo sea la dificultad para acceder a una plaza residencial, pública o concertada". Así, ante esta situación, el Defensor considera que es preciso recordar que la Ley de Dependencia reconoce como derecho subjetivo el acceso al recurso que establezca el PIA que se apruebe en cada caso.
"La falta de disponibilidad de plazas públicas y concertadas de atención residencial para atender los derechos subjetivos a la atención residencial indican que el esfuerzo presupuestario debe mejorarse", concluye.
