El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación de oficio ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid para que informe sobre los expedientes sancionadores abiertos a residencias de mayores en los últimos cinco años, ha informado el organismo en un comunicado.
La petición se realiza después del cierre de una residencia de Soto del Real tras comprobar la Fiscalía de Madrid el estado "deplorable" de las instalaciones, hallando la Guardia Civil hasta fármacos caducados.
Por un lado, la institución quiere que la consejería aclare la tipología de las deficiencias que motivaron las sanciones a las residencias de la región. Por otro, también ha solicitado que se detallen aspectos relativos al control que se realiza a los centros de mayores de titularidad privada.
Inspección de la Comunidad
En cuanto al caso de Soto, el Defensor ha requerido una copia del acta de la inspección realizada por la Consejería en junio y documentación sobre las deficiencias detectadas en la inspección llevada a cabo por la Consejería de Sanidad este mismo mes de julio.
Mediante esta actuación se ha preguntado, además, por los recursos y personal puestos a disposición de los usuarios y sus familiares para el desalojo de la residencia clausurada.
Asimismo, se ha pedido a la Consejería que informe sobre el número de usuarios que han solicitado plaza de emergencia y por la respuesta que se ha dado a dichas situaciones.
En su escrito a la Consejería, el Defensor del Pueblo recuerda la especial vulnerabilidad del colectivo de personas mayores y resalta la importancia que tienen el control y la inspección de las residencias geriátricas, a fin de que se garantice en todo momento el respeto a sus derechos y el cumplimiento de los parámetros de calidad previamente definidos.
Esta preocupación del Defensor del Pueblo ha sido plasmada en su Informe Anual 2018, recientemente publicado, y en el estudio que le acompañaba, sobre la crisis demográfica que vive España.
Ambos informes advierten de la necesidad de prestar una atención preferente a los problemas que conlleva el envejecimiento de la población y los cambios derivados de las nuevas necesidades a las que las administraciones públicas deben dar respuesta.
