El Defensor del Pueblo denuncia la "doble discriminación" de las mujeres mayores maltratadas

El Defensor del Pueblo reclama una administración "más ágil y eficaz" para atender a los ciudadanos

 El 'violentómetro' ayuda a las mujeres mayores a identificar si son víctimas de violencia de género

El Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto la especial vulnerabilidad de las mujeres mayores víctimas de violencia de género, "quienes enfrentan una doble discriminación por su condición de mujeres y por lo que significa el fenómeno del edadismo", ha señalado Ángel Gabilondo en la rueda de prensa posterior a la entrega de su Informe Anual 2024 a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El Defensor del Pueblo ha alertado de las "especiales dificultades" de estar mujeres para acceder a los derechos y a los recursos que establece el ordenamiento para poder salir de la situación de maltrato y recobrar sus vidas.

"Estas víctimas, que a menudo han vivido años de maltrato en el seno de sus matrimonios, se encuentran en una situación de dependencia económica y aislamiento social y familiar, lo que dificulta aún más su capacidad para salir de entornos violentos, señala el informe del Defensor del Pueblo, que reclama atención y protección específica para mujeres mayores víctimas de violencia de género, dedicándole un extenso apartado. El Defensor del Pueblo considera que "la perspectiva interseccional de las violencias sufridas por las mujeres mayores debe estar presente en la ley y en las políticas públicas".

Según el informe, sus experiencias revelan una "violencia oculta, perpetrada a lo largo de los años, que está socializada y normalizada". El Defensor del Pueblo señala que estas mujeres fueron "educadas para ejercer el rol del cuidado de la familia bajo la sumisión al padre, que es quien aporta los recursos económicos", lo que dificulta que denuncien a sus agresores y salgan del entorno violento. Además, subraya la "grave problemática de la violencia de género económica", donde los agresores privan intencionadamente de recursos a sus parejas para asegurar su sumisión. El Defensor del Pueblo ha recomendado incluir estos delitos en la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género. 

Procesos administrativos no adaptados a mujeres mayores

La dificultad de acceso a la justicia es otro problema significativo, ya que "muchas de ellas siguen sin denunciar, por lo que parece que existe una dificultad de acceso de estas víctimas a la Justicia". Además, les resulta complicado acceder a las acreditaciones administrativas y a las ayudas económicas previstas en la ley. El Defensor del Pueblo lamenta que "a esas personas se les obliga a pasar por entrevistas y procesos administrativos en los que su edad, su situación de dependencia, sus problemas de salud y movilidad o sus dificultades tecnológicas no son tenidas en cuenta".

Los servicios sociales aplican un "modelo común de acreditación que está pensado para otro tipo de víctima, laboral y tecnológicamente más capacitada". Además, el Defensor del Pueblo destaca que quienes buscan ayuda se encuentran con "servicios y políticas públicas no adaptados a su realidad, porque tienden a partir del presupuesto de una víctima más joven". 

Problemas para acceder a pensiones y ayudas

En relación con las ayudas económicas, el Defensor del Pueblo había señalado un desajuste con la Renta Activa de Inserción (RAI) para mujeres mayores de 65 años que no estaban jubiladas. Sin embargo, se destaca que el Real Decreto-ley 2/2024 ha eliminado las las limitaciones de edad" para el subsidio por desempleo para víctimas de violencia de género o sexual.

El acceso a la pensión de viudedad también presenta obstáculos para mujeres mayores divorciadas antes de 2004-2005, quienes deben "probar a posteriori que sufrieron el maltrato de sus exmaridos durante su matrimonio". El Defensor del Pueblo recomendó analizar qué medios de prueba pueden ser admitidos, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha introducido una nota informativa aceptando la "acreditación administrativa común como prueba válida para solicitar la pensión de viudedad del artículo 220.1 del real decreto-ley (TRLGSS)".

Sugieren replantear el reparto de bienes en casos de divorcio

Los retrasos en la disolución judicial de bienes gananciales afectan especialmente a mujeres mayores, contribuyendo a perpetuar su dependencia económica. El Defensor del Pueblo considera que debe "replantearse el sistema actual de disolución de la sociedad de gananciales y el reparto de bienes entre los cónyuges, para evitar que sea el propio sistema judicial el que, debido a dilaciones estructurales, contribuya objetivamente [...] a perpetuar el control del hombre sobre la mujer".

Finalmente, la aplicación del mecanismo de segunda oportunidad puede perjudicar a mujeres mayores al reducir drásticamente sus pensiones compensatorias. El Defensor del Pueblo ha solicitado una modificación de la ley para que "entre los créditos de los que no puede ser exonerado automáticamente el deudor" se incluyan las pensiones compensatorias.

A pesar de que la Estrategia estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025 contempla medidas específicas para mujeres mayores de 65 años, el Defensor del Pueblo insiste en la necesidad de "reconociendo las dificultades y los impedimentos que deben afrontar las mujeres mayores víctimas de violencia de género, es posible acertar en las soluciones para garantizar el acceso de estas mujeres a los recursos públicos, restaurando en lo posible los daños sufridos y recuperándolas para una vida plena, libre de violencia".