El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y la Fundación HelpAge acogen, durante los días 19 y 20 de septiembre, el I Congreso Internacional Derecho y Personas Mayores, donde se está abordando el fenómeno del envejecimiento en España y los derechos de las personas de edad avanzada desde una perspectiva esencialmente jurídica.
La jornada inaugural ha contado con la participación del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Durante su intervención, Gabilondo ha recordado que detrás de la discriminación que sufren los mayores se encuentra la unión de factores biológico/cronológicos, culturales y sociales, “que influyen en la percepción de la vejez como un problema, lo que afecta directamente a los derechos de las personas mayores”, recoge la nota de prensa publicada en la página oficial del Defensor del Pueblo.
"La clave es pensar en las personas mayores con un enfoque de derechos, de sus derechos” y ha añadido que “la nueva perspectiva ha de construirse con su participación y alejada de una concepción como un grupo pasivo, improductivo, frágil y dependiente”, comentaba.
Hace falta más sensibilización
El Defensor del Pueblo ha sido muy claro expresando la necesidad de sensibilizar a la población mayor “clave para que exista una intensa reivindicación por sus derechos, para hacer frente a la discriminación por edad y acabar con los estereotipos y prejuicios que minan la solidaridad y el entendimiento intergeneracional”.
Además, ha asegurado que esta eliminación “ha de alcanzar también a nuestras instituciones y relaciones y a todas aquellas ideas que nos autolimitan, porque se producen efectos perniciosos”.
Por otro lado, Gabilondo ha aprovechado su intervención para hacer un repaso de la legislación nacional e internacional que ampara los derechos de las personas mayores, centrándose en derechos específicos como el derecho a no ser discriminado por edad, su derecho a que las administraciones velen por su integridad física (a través de la prevención de situaciones violencia, abandono, maltrato o abuso), su derecho a acceder a prestaciones sociales y asistenciales que garanticen su suficiencia económica, o el derecho a la dependencia y a tener una protección adecuada de su salud, detalla la nota de prensa.
“Es cuestión de escuchar, pero en el modo que requiere una sociedad democrática, que no se limita a agudizar el oído, sino que crea las condiciones de posibilidad para la palabra de cada quien, lo que significa garantizar formas y medios adecuados de participación en las diferentes instancias en las que se debaten y deciden cuestiones que les conciernen muy específicamente por su situación y por su edad”, concluía el Defensor del Pueblo.