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El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha emitido una declaración institucional con motivo del decreto de Estado de Alarma en España para evitar la propagación del coronavirus en la que subraya que "la unidad de acción en este momento de todos los poderes e instituciones del Estado es crucial".
Además, la institución manifiesta su confianza en que las medidas que se están adoptando son las necesarias para vencer a la epidemia. "Todos y cada uno de nosotros, como ciudadanos, estamos llamados a ejercer la máxima responsabilidad en estas circunstancias. La prioridad absoluta es detener la propagación de la enfermedad y salvar el mayor número de vidas posible. Nada puede entorpecer ese objetivo, que nos va a imponer sacrificios y dolor. Pero la mayor certeza es que nuestra sociedad democrática va a salir victoriosa de esta lucha, demostrando su fortaleza y generosidad, en unión fraternal con los demás pueblos del mundo igualmente golpeados", añade.
La institución recuerda que, como alto comisionado de las Cortes Generales para la protección de los derechos y libertades que recoge el Título Primero de la Constitución, debe supervisar la actividad de las administraciones públicas, incluso ante la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio.
Por ello, recuerda a los ciudadanos que, en estas circunstancias excepcionales, sus derechos más fundamentales continúan igualmente garantizados, porque "la democracia no se suspende por muy difícil que sea el reto".
"Los derechos no han de perder su esencia"
En este sentido, recuerda que el primero de esos derechos es a la vida y a la protección de salud, "por el que están combatiendo hasta el máximo de sus fuerzas y capacidades, en primera línea, todo el personal de los servicios sanitarios y de emergencias". Y añade que si el resto de derechos han de ser restringidos, "no han de perder su esencia".
El Defensor del Pueblo confirma que está recibiendo testimonios y quejas tanto de la situación angustiosa que viven muchas personas como de desacuerdo con algunas de las medidas adoptadas. "Esas quejas que recibe la institución son también el pulso de la salud de nuestra democracia y debemos tenerlas en cuenta", resalta.
Pero precisa que la inquietud ante la situación, la amplitud y variedad de los problemas que de ella se derivan y la ausencia de precedentes, hacen "difícil", por el momento, dar una respuesta única a las diversas situaciones particulares que se están planteando a la institución, que ha "prudente" en el ejercicio de su función supervisora.
Recomendaciones
En todo caso, y mediante esta comunicación, el Defensor del Pueblo quiere trasladar a todas las autoridades competentes, a los ministros delegados del Presidente, en particular Sanidad e Interior, su apoyo y algunas cuestiones para su consideración y efectos.
Concretamente, recalca que en materia de atención sanitaria y social, todas las administraciones han de coordinar lealmente su acción para incrementar la dotación de recursos del sistema sanitario, social, de la dependencia, en especial el residencial, público o privado.
Asimismo, añade que el suministro de material de protección es imprescindible para los trabajadores sanitarios y demás personal asistencial, cuya propia salud ha de protegerse en primera línea; para los propios enfermos; y también para habilitar, siempre que sea posible, el acompañamiento de familiares en los centros hospitalarios y en los centros sociosanitarios y residencias de mayores, o estructuras diferentes medicalizadas.
Urge a ampliar los test de confirmación
Igualmente, señala que se ha de disponer de un procedimiento claro de actuación en todos los servicios de salud, adaptable a la evolución de los acontecimientos, y que incluya no sólo los criterios clínico-asistenciales sino también herramientas prácticas para permitir la comunicación de los pacientes con sus seres queridos. "También urge la ampliación de la realización de test de confirmación, especialmente para personal sanitario y de otras actividades esenciales", añade.
En materia de seguridad, considera que las limitaciones de la libertad de circulación de los ciudadanos deben contar con un protocolo público de actuación, ampliamente difundido, que dé seguridad jurídica a todos, incluidos los agentes de la autoridad que han de vigilar el cumplimiento de las mismas. "Se han clarificado ya algunas de las excepciones que permiten salir del domicilio, mediante el Real Decreto 465/2020, pero sería conveniente contar con un procedimiento eficaz de justificante o salvoconducto", agrega.
Fernández Marugán cree también que los sitios web de las autoridades competentes delegadas y de todas las administraciones podrían seguir incrementando la concreción y detalles sobre las pautas a seguir en cada circunstancia, "evitando así también la intoxicación o saturación de noticias provenientes de fuentes no fiables".
"Como dice el artículo 10 de nuestra Constitución la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social. Pase lo que pase, la dignidad humana seguirá en el centro mismo de todas las acciones y decisiones del Defensor del Pueblo. Juntos vamos a ganar esta batalla", concluye.
