Denuncian que residencias aún mantienen restricciones del Covid: "Parecen centros de internamiento"

Horarios y tiempos de visitas restringidos, cita previa, prohibición de subir a las habitaciones... Muchas de estas medidas se implantaron en las residencias de mayores durante la pandemia de Covid-19, junto al uso de mascarilla, la distancia de seguridad o el aislamiento de las personas contagiadas y sus contactos. 

Y es que estos centros fueron especialmente afectados por la crisis sanitaria causada por el SARS-CoV2, convirtiéndose en lugares en los que se concentró buena parte de la mortalidad causada por el virus, sobre todo, en 2020, cuando aún no había acceso a la vacuna. 

Ahora bien, según denuncian a 65YMÁS desde la Plataforma Residencias Dignas, algunas de estas limitaciones no habrían terminado de irse en las Islas Canarias, sobre todo, las que tienen que ver con los horarios restringidos –que ya existían en algunos casos, antes de la pandemia– o con la posibilidad de subir a las habitaciones. 

Restricciones

Este diario ha conversado con tres portavoces de la organización de familiares, Asunción Cívicos y Ofelia Aguiar, de Tenerife, y María del Rosario Pulido, de Gran Canaria, que aseguran que sigue habiendo centros que mantienen limitaciones horarias a las visitas muy restringidas, con, por ejemplo, sólo dos turnos de dos horas para ver a los usuarios –uno por la mañana y otro por la tarde–. 

Unas normas, que, sostienen, se justificarían como una manera de garantizar el correcto funcionamiento del centro –para que las visitas no interfieran con las actividades–, pero que suponen, a su parecer, un perjuicio directo para ellos, al impedirles pasar más tiempo con sus seres queridos, sobre todo, en los casos en los que tienen horarios de trabajo incompatibles o en los que no viven cerca de las residencias.

"Se regula en función de los intereses de la institución o de los trabajadores", critica Asunción Cívicos, una de las portavoces de la Plataforma.

Y no es la única organización que ha denunciado esta realidad. Esta crítica se suma a la ya realizada durante el mes de agosto por parte de la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, Emma Colao, quien afirma que las principales restricciones aplicadas serían de "acceso al recinto e instalaciones, a la información, de capacidad de toma de decisiones…". "Se adopta una forma de organización en dichos centros más propia de centros de internamiento forzoso que de uno residencial donde debe primar la autonomía, la cercanía, la comunidad…", opina.

Según detalla la directora, tendrían constancia de que algunos de estos centros se ampararían en una orden dictada por el Gobierno regional en época de pandemia para aplicar estas limitaciones, aunque se trate de una norma "en desuso" y "ya desautorizada por la administración autonómica y que bajo ningún concepto puede servir como elemento disuasorio del derecho de las familias y las personas residentes". 

Y pone un ejemplo de la implicación que tiene mantener las restricciones: "Imagínese pagar entre 1.800 y 2.200 euros de plaza, cuando se abona de manera privada, o que, con dinero público de los canarios y canarias, se pague una, por la que se le dice a las familias que pueden disfrutar de la compañía de las personas residentes dos veces a la semana durante 45 minutos. Es vergonzoso… Es irregular y la inspección del Gobierno de Canarias debe actuar". Y denuncia: "Los Cabildos Insulares están conveniando actualmente plazas con residencias que incumplen sistemáticamente los requisitos legales y trato a las personas residentes".

Más flexibilidad

Una crítica, que comparten desde la Plataforma de Residencias Dignas y exigen unos tiempos de visita más flexibles en todos los centros –como tienen la mayoría, actualmente–.

"Por supuesto que toda institución necesita un mínimo de normas. Siempre las va a haber. Pero pedimos mayor libertad, amplitud y transparencia", comenta Cívicos. 

Este cambio, asegura otra de las portavoces de la Plataforma, María del Rosario Pulido, ya se habría producido en buena parte de las residencias de Gran Canaria, gracias a la presión social, pero no así en Tenerife, denuncia, donde habría un mayor número de centros con horarios acotados.  

Visitas en los cuartos

Por último, las portavoces piden que se permita también visitar a los usuarios en sus cuartos, puesto que tienen constancia de residencias que aún no lo permiten. "Es su casa", comenta Ofelia Aguiar.

Además, piden que deje de haber centros que exijan la cita previa para ver a un ser querido –también tienen denuncias al respecto–, puesto que genera desconfianza respecto al servicio que están recibiendo en el día a día –poca posibilidad de control–, sobre todo, en casos de usuarios con deterioro cognitivo. 

Cómo se regula el derecho a tener visitas

Desde la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias explican a 65YMÁS que, "en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, se establece, en el artículo 11 h), el derecho de las personas usuarias de centros y servicios de atención diurna/nocturna y estancia residencial a considerar como domicilio el centro donde viven, con garantía de todos los servicios y derechos, y a mantener su relación con el entorno familiar y social, así como personalizar su espacio con objetos propios, siempre respetando los derechos del resto de personas usuarias".

De esta manera, detallan, "son los propios centros los que establecen el horario de visitas de familiares, y no existe diferencia entre los privados y los que tienen concierto con la administración", siempre, respetando este derecho. Ahora bien, puntualizan, "no existe mínimo diario" de tiempo estipulado.

Por otra parte, confirman que, pese a que durante la pandemia "se limitó el acceso de familiares a los centros de atención a personas mayores a través de diversas Órdenes conjuntas de la Consejería de Bienestar Social y de Sanidad", "el día 1 de julio de 2023 se emitió Orden conjunta en la que se declaraba la pérdida de eficacia de las medidas tomadas".

Finalmente, recuerdan: "Durante las inspecciones se solicitan los distintos protocolos de funcionamiento del centro, entre ellos, los de visitas y relación con los familiares. Además de inspecciones de oficio, todos los centros deben disponer de hojas de reclamaciones, que pueden cumplimentar los usuarios y sus familiares en caso de que vean que se vulneran sus derechos, para que la Administración actúe. Estas reclamaciones se remiten al órgano competente dentro de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que toma las medidas preceptivas para regularizar la situación".

"La Consejería dispone de inspectores e inspectoras que realizan visitas a los centros, donde, entre otros aspectos, se consulta sobre los horarios de visitas por parte de familiares y otros. Así mismo, este derecho viene regulado en la Ley de Servicios Sociales, por lo que su vulneración puede conllevar la correspondiente sanción", concluyen.

Este diario se ha puesto en contacto con el Cabildo de Tenerife y con el de Gran Canaria –dos islas donde los familiares denuncian casos de estas limitaciones–, para conocer qué se puede hacer desde la administración para lograr que todos los centros flexibilicen sus horarios, pero aún no ha recibido una respuesta.

También ha contactado con varias residencias que aplicarían, según las familias, horarios más acotados o no permitirían las visitas en las habitaciones, pero no ha recibido una contestación aún de ninguna de ellas.