Dependencia: 85 personas mueren cada día en España esperando la ayuda

La paciencia tiene un límite y la 'Ley de Dependencia' ha mantenido en el limbo a más del 33,40 % de las peticiones de ayuda recibidas durante los primeros tres trimestres del año 2019, según denuncia el Observatorio de la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales. Un dato preocupante que se extrae a partir de las cifras que ofrece el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) del Imserso (@Imserso), que vuelven a ratificar las deficiencias del sistema de tramitación de las ayudas y su excesiva burocracia que lastra las peticiones desde los recortes post-crisis, provocando que miles de personas mayores en situación de dependencia fallezcan antes de recibir la ayuda (85 cada día, según cálculos del Observatorio a noviembre de 2019). 

A pesar del incremento paulatino del número de atendidos de los últimos dos años, en 2019 el número de personas en espera de algún procedimiento se ha incrementado en más de un 10% alcanzando actualmente la cifra de 423.000 expedientes en tramitación. En el estudio de la Asociación de Directivos y Gerentes, también se pone de manifiesto las diferencias territoriales e incorpora por primera vez los tiempos medios de tramitación de los expedientes expresados en días que revelan que dependiendo del lugar de residencia. La gestión puede tardar desde 70 días en el caso de Ceuta a 25 meses en Canarias, siendo 18 meses el tiempo medio, que no se ha solucionado 12 años después de su puesta en marcha.

Ritmo insuficiente para absorber la demanda

La cifra de personas beneficiarias con prestación del Sistema para la Autonomía Personal y atención a la Dependencia es de 1.111.559, suponiendo un ligero incremento de más de 5.500 personas respecto al mismo mes del año anterior. Entre ellos, el 72,54% tienen 65 o más años, en concreto: un 18,33% tienen una edad comprendida entre los 65 y 79 años; mientras que un 54,22% tienen 80 o más años, según los datos del Imserso.

Pero este crecimiento, que supone un quintuplicar los datos de 2008, también es visto con recelo por las asociaciones del sector. "El ritmo de la Administración es claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones consecuencia del enjevecimiento de la población", señalan desde la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales. Así, más de 265.811 personas seguían a la espera de atención, mientras que 157.148 personas aún no tenían realizada la valoración del grado de Dependencia a fecha de 30 de noviembre de 2019, lo que suma más de 400.000 personas pendientes de algún trámite, más de la mitad de las cuáles en Andalucía (123.000) y Cataluña (103.000).

31.000 personas ya han perdido este "derecho efectivo"

Entre las consecuencias de estos retrasos, la asociación de dirigentes de Servicios Sociales señala que resulta "especialmente doloroso que haya personas con derecho efectivo (con algún grado de dependencia reconocido) que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones. En 2019, esta situación ha afectado a cerca de 31.000 personas, lo que supone 85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos", según las estimaciones del Observatorio con los datos de noviembre de 2019. Y recuerdan que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años.

Otra consecuencia -la más evidente- es que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres ya que otro dato interesante de los ofrecidos es que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas. "Las consecuencias globales para el modelo social y económico son más que evidentes", apuntan.

¿Se incumple el plazo legal?

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días) y solo hay cuatro territorios por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios: las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (191). En el otro extremo estarían Canarias (785 días); Extremadura (675); Andalucía (621) y Cataluña (576), según la asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales. 

Para dar mayor agilidad a los trámites, proponen poner en marcha una “única resolución” para reconocer la dependencia en le grado que corresponda y el derecho a la prestación que “resulte más adecuada a las necesidades de la persona”. Así, el procedimiento se tramitará en una única fase, con una única resolución y notificación. Esto debe permitir “reducir los tiempos y agilizar los trámites en las delegaciones territoriales”.

Diferentes prestaciones

Otra de las conclusiones que se extrae del análisis, es que se mantienen las diferencias en cuanto a la cuantía recibida, dependiendo de la Comunidad Autónoma y alerta sobre "copagos invisible" a la hora de contratar servicio de apoyo o contratar plazas en una residencia. Un asunto polémico, que se mantiene a la espera de la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que en 2019 contenían un gran aumento de la cuantía, pero que no llegaron a aprobarse en el Congreso. 

- Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 247 euros (percibidas actualmente por 425.000 personas). Tienen un importe promedio de 140 €/mes para los Grado I; 245 €/mes para los Grado II y 340 €/mes para los Grado III.

- Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del mismo, pero presentan importes insuficientes. La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 550 €/mes. La diferencia entre esta cantidad y el precio abonado por la persona en una residencia (que fácilmente triplicará ese importe) constituye un “segundo copago”.

- La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 17h/mes para los Grado I; de 35 h/mes para los Grado II y de 54h/mes para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes. "Para estos últimos lo que es claramente insuficiente si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente", señalan desde el Observatorio.

En líneas generales, los responsables del estudio afirman que "queda muchísimo recorrido que hacer en materia de mejora de intensidades y de personalización de los cuidados con paquetes de atención mucho más flexibles, ágiles, adaptables a las necesidades reales de las personas y compatibles entre sí".