Las personas que piden atención en aplicación de la Ley de Dependencia esperan una media de 426 días para la tramitación del expediente completo y en cuatro comunidades autónomas se superan los 18 meses: Canarias (785 días), Extremadura (675 días), Andalucía (621 días) y Cataluña (576 días).
Así se desprende de la nueva estadística del Sistema de Información del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), que publica el Imserso y ha difundido este jueves la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En concreto, las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (191) se sitúan por debajo de los 180 días siendo los territorios con menos tiempo medio de espera, frente a Canarias (785 días), Extremadura (675), Andalucía (621) y Cataluña (576).
"Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de atendidos de los últimos dos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones", considera la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Según muestra la estadística, por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado. Así, hasta noviembre de 2019, ha crecido el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y en espera de atención mediante servicios o prestaciones hasta llegar a las 423.000 personas pendientes de algún trámite, más de la mitad de ella son andaluzas (123.000) o catalanas (103.000).
Los motivos de estos "impresentables retrasos"
En este sentido, la asociación ha apuntado que entre los motivos de "estos impresentables retrasos" se hallan los recortes en la financiación y el "disparatado y proceloso" entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, "lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios".
La asociación ha detallado que la mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados -resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona-. "Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones", ha alertado.
Por otro lado, la asociación ha puesto de relieve que resulta "especialmente doloroso" que haya personas con derecho efectivo, es decir, con algún grado de dependencia reconocido, que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones.
A este respecto, estiman que en 2019 esta situación afectará a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos). "Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años", ha manifestado, para agregar: "Tremenda forma de reducir las listas de espera".
Además, ha alertado de que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone "gravísimos" trastornos a las personas dependientes y genera "importantísimas" sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres. El 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas, según detalla.
