"Sólo conocemos la punta del iceberg del maltrato a los mayores"
Varios residentes de Los Nogales aseguran que en centro "es un horror"
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que si gana las elecciones autonómicas implementará un plan integral para potenciar la seguridad en las residencias de mayores, con el que se dotará a todas las residencias públicas y concertadas de un sistema de videovigilancia que incluirá las zonas comunes pero también las habitaciones, con consentimiento expreso de usuarios y familias.
Esta propuesta surge a raíz de que esta semana se haya conocido el caso de la Residencia Los Nogales, donde familiares han denunciado el maltrato que sufrían algunos de los residentes.
La medida, según han informado fuentes 'populares', incluirá cámaras en zonas comunes y espacios de acceso a las residencia, con carteles indicativos. También puede extenderse al interior de las habitaciones, con consentimiento expreso de los usuarios y sus familias o representantes legales, con pleno respeto a la protección de datos personales.
Por lo que se refiere a los trabajadores, se respetará el Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo y en ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.
Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. Se procurará la exigencia de un sistema de Videovigilancia en las residencias privadas y de Códigos de conducta en estas materia, dentro del marco legal vigente.
"Protocolos de alerta temprana"
Asimismo, se compromete a reformar la Ley (2002) que regula estos centros para reforzar los sistemas de evaluación de la calidad asistencial y la actuación de los inspectores, se facultará a la inspección para adoptar medidas cautelares "inmediatas" en casos en casos "de riesgo inminente de perjuicio grave" para los usuarios y los centros que sean sancionados por faltas graves o muy graves "no podrán concertar plazas con la administración". Los Centros residenciales y de atención diurna serán inspeccionados al menos trimestralmente, y no una vez al año como hasta ahora.
Se reforzarán las plantillas de las Unidades de Apoyo Personal y Social y las Unidades de Atención Sanitaria con trabajadores sociales y psicólogos que puedan detectar situaciones de riesgo para los usuarios, se fortalecerán los controles de acceso a las residencias, especialmente de salida, cuando atiendan a personas con Alzheimer, con exigencia de tornos y uso generalizado de pulseras de geolocalización.
También, se llevará a cabo un protocolo en todos los Hospitales, servicios de Urgencias, y centros de atención primaria para alertar de un posible maltrato físico a usuarios de Residencias de personas mayores, un protocolo de colaboración conjunta con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, Ministerio Fiscal (especialmente con la Fiscalía especializada en Discapacidades, Incapacitación y Tutela), Decanos de Jueces, y Médicos Forenses para la implementación y seguimiento de las medidas.
Además, se realizará un protocolo de colaboración con los Servicios Sociales municipales, para alerta temprana de situaciones de riego de personas mayores en residencias y también en la Atención Domiciliaria, así como un protocolo de comunicación con los familiares de los usuarios de Residencias; consentimiento expreso para la implementación de algunas medidas.
Por último, se reforzarán las funciones de la Agencia para la Tutela de Adultos respecto de aquellas personas mayores ingresadas en una Residencia que carezcan de familiares directos.
En el desarrollo de las medidas participarán todos los actores implicados, sindicatos y representantes de los trabajadores, representantes del sector empresarial de las residencias, así como con el Ministerio Fiscal en la medida de que en algunos casos los usuarios son personas incapacitadas judicialmente.
