La directora de una residencia pública de Carabanchel, investigada por la presunta comisión de un delito de homicidio, ha declarado ante el juez que entendía que desde el punto de vista administrativo los protocolos sobre no derivación a hospitales de enfermos de Covid-19 firmados por el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur de Víu, eran de "obligado cumplimiento", han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El juez de Instrucción número 50 de Madrid ha tomado esta mañana declaración en calidad de investigada a la directora de La Gran Residencia, situada en Carabanchel, en el marco de la querella presentada a través de Marea de Residencias por la hija de una usuaria fallecida en la primera ola de la pandemia.
Marea de Residencia suma ya más de 200 querellas a la que se unirán otras 200 para que la Justicia investigue los protocolos de actuación que se siguieron en las residencias en la primera ola de la pandemia, así como los criterios de derivación a los hospitales.
Tanto la investigada como el médico que ha declarado como testigo ante el juez han afirmado que entendían que los protocolos eran de obligado cumplimiento. En concreto, se recibieron cuatro documentos, el último de ellos con recomendaciones, pero desde el punto de vista administrativo entendían que eran obligados.
En la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 en la Asamblea de Madrid, Mur afirmó esta semana que miembros de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales conocían y "participaron desde el principio" en la redacción de los protocolos geriátricos que él firmó y envió a ambos departamentos regionales.
En estos documentos se fijaban criterios para no derivar a determinados residentes enfermos de Covid-19 con dependencia o discapacidades a hospitales durante el punto más álgido de la pandemia.
En cuidados paliativos
En su declaración, Rosa María M.G. ha señalado que en el caso concreto de la residente fallecida "no la derivaron al hospital no por los protocolos sino porque ya estaba en situación de cuidados paliativos cuando ingresó".
También ha comentado la investigada que ella y el personal de la residencia han hecho "todo lo que han podido", relatando que se quedaron reducidos porque la gente se contagio del virus.
Según la directora, la residencia cumplía los ratios que les imponían las normas y estaba en contacto con el geriatra de referencia sin que "nunca hablaron de los protocolos".
También ha comparecido un médico de la residencia en calidad de testigo, quien ha reconocido igualmente que se recibieron los protocolos de Carlos Mur y que "los dos primeros hablaban de obligatoriedad y en el último de recomendaciones".
El sanitaria ha señalado que está querellante venía con un informe del Hospital Ramón y Cajal en el que se aconsejaba que tuviera cuidados paliativos antes que un tratamiento médico invasivo.
Asimismo, ha explicado que "las decisiones se tomaron en conjunto con la geriatra de referencia y que nunca hablo con la geriatra de los protocolos".
"Desde mi punto de vista médico no era derivable a ningún hospital puesto que no hubiera mejorado. El tratamiento que le daban en la residencia y que les proporcionaba el hospital hubiera sido el mismo que se lo hubieran ingresado", ha dicho.
