La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales han cuestionado la capacidad de los servicios sociales para llevar a cabo la Estrategia de desinstitucionalización de los cuidados de las personas dependientes, recientemente aprobada por el Ministerio de Derechos Sociales.
La entidad, que ha presentado el resultado del Índice DEC 2023 que describe la situación de los Servicios Sociales, ha llamado la atención sobre las desigualdades territoriales de estos servicios, tanto en materia de gasto como de número de profesionales por habitante, que confirman a País Vasco, Navarra y Castilla y León como las comunidades con mejor calificación en cuanto a prestaciones.
Andalucía ofrece, por ejemplo, 21 veces más ayuda a domicilio que Extremadura y el número de habitantes por profesional de servicios sociales comunitarios en Canarias (5.645) es más de ocho veces superior al de Navarra (684).
Aunque la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios mejoran respecto al año anterior (9 de 14), para la asociación es "preocupante el escaso desarrollo de los servicios que deberían dar soporte a la estrategia de desinstitucionalización".
Así, la cobertura del servicio de Ayuda a Domicilio apenas ha variado desde el año 2010: sólo 8 décimas, del 4,7% al 5,5% de personas mayores de 65 años (7,6% si la referencia es sobre mayores de 70 años).
Su intensidad es también muy baja, con una media de 20,2 horas mensuales, sólo 3,3 horas más que en 2010, y casi una hora menos que en 2012.
En cuanto a la cobertura de centros de día, muestra una "escasa o nula evolución", ya que desde 2010 se mantiene, con una "ligera reducción de 8 centésimás, en un 0,7% de las personas mayores de 65 años (0,96% si la referencia son las personas mayores de 70 años), lo que muestra que sigue siendo un servicio de cobertura muy limitada, casi marginal".
Por su parte, la Teleasistencia es el único servicio que muestra una cierta evolución en estos 12 años, 2,1 puntos en su cobertura, hasta situarse en el 10,2% de las personas mayores de 65 años (14,1% sobre personas mayores de 70 años).
Sin embargo, el Plan de Choque para la dependencia se marcó como objetivo establecer la teleasistencia como un derecho subjetivo del que se beneficiaría toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio.
Pese a ello, en 2023 ha aumentado en 37.825 los servicios de teleasistencia, quedando 760.000 personas por alcanzar la cobertura del 100%.
"A este ritmo, se necesitarían 23 años para alcanzar el objetivo previsto", según los gerentes de Servicios Sociales.
Según los últimos datos, correspondientes a mayo 2024, dicen que sólo hay 479.492 con teleasistencia de las 1.169.777 que reciben prestaciones en su domicilio (40,6%); se planteaba alcanzar el 100% en diciembre de 2022.
Respecto a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar que contempla el Catálogo de la Dependencia, pese a ser otro de los objetivos del Plan de Choque, lejos de incrementarse, esta ayuda ha reducido su cuantía un 1,05%, pasando de una media de 239euros/mes en 2022 a 236,49 euros/mes en 2023.
En cuanto al gasto en Servicios Sociales, los directores y gerentes han apreciado un aumento a la vez que disminuye su porcentaje sobre el PIB que ha caído por segundo año consecutivo y se sitúa en el 1,81%.
El gasto público en esta materia en 2023 supuso un 10,2% del total del presupuesto. La participación de las comunidades en la financiación del Sistema ha aumentado 3,3 puntos en los dos últimos años, pero la tendencia desde 2012 es "claramente decreciente": ese año era 85,3%, y en 2022 12,6 puntos menos (72,7%).
La organización considera que el incremento de los dos últimos años puede ser debido al aumento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de Dependencia (600 millones más cada año) que repercute en el presupuesto de las comunidades.
Asimismo, la participación de las comunidades en la financiación del sistema ha aumentado 3,3 puntos en los dos últimos años, pero la tendencia desde 2012 es "claramente decreciente": ese año era 85,3%, y en 2022 12,6 puntos menos (72,7%).
En opinión de los directores, el incremento de los dos últimos años puede ser debido al aumento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de Dependencia (600 millones más cada año) que repercute en el presupuesto de las comunidades, según directores y gerentes.
Respecto a las diferencias territoriales, el colectivo cree que la situación "supone una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas en función de su redencia".
Así, del Índice DEC se desprende que el gasto por habitante en Servicios Sociales en Extremadura, con 633 euros, es un 72,6% más que en Murcia, con 366,8 euros.
Y, el porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas de Extremadura destinan a Servicios Sociales (2,96%), triplica el que destinan las Administraciones Públicas de la Región de Murcia (1,02%). Estas diferencias de gasto se manifiestan en una cobertura de prestaciones y servicios muy desigual en los diferentes territorios.
De esta forma, el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (5.645) es más de ocho veces superior a Navarra (684) y el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco (59,49%) es casi 100 veces superior al de Castilla-La Mancha (0,63%).
En cuanto al porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores de 70 años es 4,7 veces superior en Castilla y León (8,22%) que en Valencia (1,76%).
Andalucía, con 13,24%, ofrece una cobertura 21 veces mayor de Ayuda a Domicilio que Extremadura (0,62%) y el 23,4% de las personas mayores de 70 años tienen teleasistencia domiciliara en Castilla-La Mancha, diez veces más que en Extremadura (2,15%).
