Dolores, una mujer de 91 años, se enfrenta a un posible desahucio de la casa en que vive desde niña
Miércoles 18 de diciembre de 2019
ACTUALIZADO : Miércoles 18 de diciembre de 2019 a las 10:54 H
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Un fondo de inversión ha comprado el inmueble y le exige actualizar la renta y 11.000 euros en tasas
Dolores Rosales, una anciana de 91 años se ha sentado en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para enfrentarse al posible desahucio de la vivienda en la que vive desde hace 83 años. Nunca había entrado en un juzgado, llegó en silla de ruedas y no pudo evitar llorar constante.
Dolores habita una vivienda histórica en la calle Candelaria de Santa Cruz de Tenerife que compró un fondo de inversión, que ahora le reclama el pago de cantidades presuntamente adeudadas a lo largo de los años. Concretamente le exige actualizar la renta y 11.000 euros en tasas de IBI y basura.
La acusación, Satyani de Inversiones, alegó ante el juez que el ingreso del abono de la actualización de la renta de los cinco últimos años se realizó fuera de plazo. ¿Por qué? Según los abogados del fondo de inversión la transferencia la hizo una persona que no identifican como su arrendataria. Esa persona era la hija de Dolores pero para los demandantes "no consta que ese pago lo hicieran a favor de la arrendataria".
Por su parte, la defensa de Dolores explicó que le piden a los demandantes "moralidad ni humanidad", pero sí la suficiente solvencia para saber que los ingresos que recibieron procedían de la nonagenaria arrendataria que "nunca ha querido dejar de pagar".
También presentó la acusación un informe sobre el estado de ruina de la casa. Pero el letrado de la defensa apuntó que el supuesto peligro de derrumbe existe para la casa de Dolores, pero no para el bar alquilado por la empresa demandante en los bajos del edificio. Además, señaló que si bien es cierto que en los últimos meses la vivienda ha tenido problemas de humedades, también lo es que la propiedad no ha hecho nada para evitarlos ni solucionarlos e indicó que si realmente la casa estuviera en estado de ruina el Ayuntamiento o la Gerencia de Urbanismo la habrían tenido que desalojar para prevenir una desgracia, pero no han considerado oportuno hacerlo.
Será el juez quien tenga la última palabra en este desgraciado trámite. Si decide que Dolores debe abandonar el que durante más de ocho décadas ha sido su hogar, la nonagenaria deberá marcharse antes del próximo 17 de enero.
