Actualmente las mujeres con discapacidad visual o sordoceguera, no participan de los procesos judiciales en igualdad de condiciones, razón por la cual el Grupo Social ONCE (@ONCE_oficial) y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (@CopMadrid) han presentado este viernes una guía para facilitarles el acceso a la Justicia, según indican en una nota.
Estas dos guías son sencillas y accesibles y se encuentran bajo el lema "Justicia sin enredos": una está dirigida a mujeres con discapacidad visual o sordoceguera y tiene como finalidad favorecer que accedan y participen en los procedimientos judiciales con los apoyos y ajustes necesarios; y otra que está dirigida a los profesionales del ámbito judicial, con el propósito de que conozcan cómo pueden prestar un mejor servicio teniendo en cuenta la discapacidad de estas mujeres.
Se trata de una iniciativa orientada a la promoción de la igualdad de género, especialmente necesaria en situaciones de violencia. En su presentación han participado la ministra de Justicia, Pilar Llop; José Antonio Luengo, Decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid; los vicepresidentes del Grupo Social ONCE Alberto Durán y Patricia Sanz Cameo; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; el director general de Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad, Jesús Martin Blanco; o María José Segarra, fiscal de sala de la Unidad Coordinadora de Atención a personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía General del Estado.
Llop destacó que “la Justicia tiene que ser el bastión” que vele por los derechos y libertades de todos y todas, especialmente de estas mujeres, y aseguró que “es la Justicia la que se tiene que adaptar a las personas con discapacidad y no al revés, para evitar así cualquier tipo de discriminación”.
A su vez, recordó que su Ministerio trabaja en una “protección más eficaz para estas mujeres”, y dio como ejemplo el proyecto de modernización Justicia 2030, que logrará un “auténtico servicio publico universal accesible en cualquier lugar del territorio”. También felicitó al Grupo Social ONCE y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
“Necesitamos que las personas con discapacidad formen parte de la toma de decisiones así que enhorabuena por este trabajo y estas guías que nos orientan a todos y todas”, sobre todo en un momento en el que hay 1.100 millones de personas con pérdida de visión, de las cuales cerca del 55% son mujeres y niñas. En España, la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia muestra que 979.200 personas presentan algún grado de discapacidad visual, y más de 71.000 de ellas tienen deficiencia visual grave o ceguera. Más de la mitad, son mujeres.
Necesidades específicas
Las mujeres con discapacidad se enfrentan a una doble discriminación, por razón de género y de discapacidad, lo cual supone para estas mujeres dificultades en lo relativo a la Justicia (desconocimiento del proceso y falta de los apoyos necesarios para participar en ellos en igualdad de condiciones).
Estos aspectos son los que abordan estas guías, buscando la igualdad de oportunidades a partir de la prevención y la intervención en este tipo de discriminaciones. Las mujeres con discapacidad visual o sordoceguera también encontrarán en ellas las adaptaciones y apoyos que pueden solicitar durante el desarrollo de los procedimientos judiciales, las situaciones que pueden experimentar si son víctimas de un delito, sus derechos, así como información acerca de las fases procesales, la estrategia de apoyo psicológico y los recursos que pueden resultar útiles.
Profesionales preparados y preparadas
Las guías están pensadas en un doble sentido, dirigidas también a los profesionales del ámbito judicial, ya sean letrados/as, jueces/zas, gestores/as, tramitadores/as, personal del Cuerpo de Auxilio Judicial, fiscales, peritos judiciales o forenses, médicos/as forenses, miembros de los equipos técnicos (psicólogas/os, trabajadoras/es sociales, educadores/as), personal administrativo, traductores/as e intérpretes judiciales, jurados, policía judicial, abogados/as, etc., para dotarles de orientaciones prácticas que faciliten su desempeño profesional. Es una forma de garantizar así la accesibilidad de sus acciones para las mujeres con discapacidad visual o sordoceguera y velar en última instancia por cumplir su derecho de acceso a la Justicia.
Para ello, la guía visibiliza las dificultades y obstáculos que, por lo general, afrontan estas mujeres cuando acceden a la Justicia, realiza las adaptaciones necesarias y aporta recomendaciones prácticas. Todo ello para asegurar el acompañamiento a las mujeres en los procesos judiciales.
