La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (@socialfedea) considera que debería elaborarse "un catálogo exhaustivo" de residencias de mayores en España así como un sistema de auditoría anual o bianual que permita detectar las principales deficiencias, que la presente crisis sanitaria ha revelado como determinantes, y abordar su posible solución, en el marco de "una necesaria clarificación" del Sistema de Atención a la Dependencia.
En España, Fedea calcula que dos terceras partes de las muertes derivadas del COVID-19 se han producido en centros residenciales, con 18.400 fallecimientos, es decir, el 66 por ciento del total de muertes imputables a la pandemia a mediados de mayo, como señala en su segundo boletín de seguimiento de los aspectos económicos de la crisis del coronavirus, elaborado y publicado por la institución.
Con el lema Aspectos económicos de la crisis del COVID-19, el documento constata que el sistema de atención residencial en España no estaba preparado para contener la pandemia en las residencias, ni para ajustar la reacción de forma precisa a lo que cada residencia requería en cada momento.
En un boletín, Fedea analiza, entre otros aspectos, el impacto de la pandemia por coronavirus en las residencias de mayores en España y compara la situación con otros países europeos como Italia o Inglaterra, que carecen de una ley de dependencia con la que universalizar el acceso a los cuidados de larga duración y, especialmente, a las residencias de mayores y servicios domiciliario.
Además, equipara la situación vivida en Inglaterra, Francia y España por carecer los tres países de "un sistema robusto" de coordinación, organización y financiación de los cuidados de larga duración y considera que deberían realizar mejoras en la dotación financiera y de recursos para hacer frente a esta crisis. Así, cree que las residencias, en general, deberían contar con un plan de dotación de medicalización para evitar el contagio en hospitales y los trabajadores, con material de protección adecuado.
Sobre el impacto de la pandemia en las personas mayores, Fedea hace referencia, entre otros factores, a su débil inmunidad comparada con poblaciones más jóvenes y a la falta de preparación de la mayoría de los sistemas de salud europeos. En cualquier caso, indica que las diferencias entre países no responden a una mayor inversión relativa (en proporción del PIB) en sanidad, sino a otras preferencias de política pública, asociadas a cómo configurar el sistema de atención sanitaria, donde la falta de recursos en atención critica supone tener que priorizar entre pacientes.
En España, lamenta que la atención a la dependencia se haya considerado como "una competencia menor" y se haya tendido a descentralizarla lo que, a su juicio, ha puesto "en mayor riesgo" a este colectivo, dada la ausencia de planes específicos para hacer frente a sus necesidades. Añade que el acceso universal a los cuidados de larga duración se ha debilitado con considerables listas de espera, especialmente a raíz de los recortes introducidos a principios de la pasada década.
El estudio también lamenta "la limitada coordinación entre la atención médica y social debido al diseño institucional", ya sea porque los departamentos de servicios sociales y de sanidad de los gobiernos autonómicos "no siempre se han coordinado" o porque la asignación de los servicios de dependencia se ha descentralizado a menudo a nivel local.
Por ello, afirma que la aparición del COVID-19 ha puesto en evidencia "ciertas deficiencias de atención" en la organización de las residencias para mayores en España y, en especial, "la escasez de material técnico y personal especializado" para atender las necesidades derivadas de una pandemia de estas características ya que muchas de ellas no estaban preparadas.
Incremento desde 2001
Los centros residenciales de mayores constituyen cerca del 90% del total de servicios de atención residencial en España. Según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), los centros residenciales han experimentado un importante incremento desde el año 2001: a 31 de diciembre de 2018, en España existen 5.457 centros residenciales con un total de 381.158 plazas, registrándose un aumento del 60% y 14% en el número de plazas y centros, respectivamente, respecto a 2001.
El 55% de la oferta residencial total en España se concentra en Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Madrid. Los centros residenciales pueden ser de titularidad pública o privada, aunque existe un alto predominio de las residencias privadas, que representan cerca del 75% a nivel nacional. Los usuarios de centros residenciales son, a 31 de diciembre 2018, 276.924 personas de 65 años o más, un 25% más que lo registrado en el año 2010, con un 70% de estos usuarios mujeres.
Asimismo, el nivel de ocupación de las plazas ronda el 73%. Sin embargo, hay comunidades como Castilla-La Mancha, Melilla, Murcia, Madrid y Castilla y León donde el nivel de ocupación es superior al 100%, superando la capacidad de los centros residenciales. En algunas de estas CC.AA., puntualiza el documento, son las que han registrado mayores niveles de mortalidad.
