El drama de las cuidadoras 'en negro', un trabajo "invisibilizado", precario y no reconocido

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Pese a todos los esfuerzos realizados por el Estado para acabar con la economía sumergida, muchos mayores dependientes siguen recurriendo a cuidadoras que cobran en 'B', con las consecuencias que esto tiene para todas las partes: precariedad, inseguridad, falta de formación, servicios de menor calidad, etc.  

Los motivos para contratar a alguien en 'B' son muy distintos. En algunos casos, los empleadores recurren a la economía sumergida por razones económicas, en otros, es porque el empleado no tiene papeles y no tiene otra manera de trabajar, y en todos, aseguran a 65YMÁS economistas, sociólogos y asociaciones de empleadas o de familiares de dependientes, refleja el fracaso de un sistema de atención al dependiente que no llega a todos los mayores ni cubre sus necesidades y que genera estas "islas de precariedad", "invisibles" a ojos de la administración.

Y es que tanto el Ministerio de Trabajo como el de Seguridad Social y el de Hacienda aseguran a este diario que desconocen cuántas trabajadoras aproximativamente se podrían estar dedicando al cuidado de mayores 'en negro'. 

Ahora bien, sí que existen algunas estimaciones que dan fe de la magnitud del fenómeno. Según el Informe de Impacto Social en 2022 de la empresa Aiudo, más de 250.000 empleadas de hogar –en torno al 30% del total– trabajan sin declarar en España; y una buena parte lleva a cabo tareas de cuidado de mayores dependientes. Eso sí, se desconoce cuántas exactamente.

Síntoma de un sistema de Dependencia deficiente

"El problema del cuidado es que la mayor parte de la demanda es insolvente, no puede pagarlo", explica la Premio Nacional de Sociología, María Ángeles Durán, una de las mayores expertas en el mundo del cuidado.

"En este trabajo en 'B' hay cuatro actores implicados. El principal es el trabajador, que no paga impuestos ni visibiliza ingresos –en general, el mercado hace que el pago sea más alto, porque no incluye seguros–. El segundo es el empleador, que no formaliza la relación y se evita papeleos, pero con frecuencia no lo desea, porque le coloca en situación de riesgo y no abarata costes. El tercer implicado es Hacienda, que no cobra impuestos. Y el cuarto son los servicios públicos subvencionados, como guarderías, vivienda, comedores escolares, ingresos mínimos, definición de vulnerabilidad, etc., basados en baremos de ingresos, por ejemplo, dos plazas gratis de guardería valen casi igual que un salario mínimo, y si se declara el empleo, se pierden, porque el sistema castiga al que declara", asegura.

"Y luego están las prohibiciones administrativas, por ejemplo, de inmigrantes o pensionistas, que no tienen derecho a trabajar. Finalmente, el trabajo de cuidar no produce beneficios económicos en quien lo recibe y quien más lo necesita es quien menos puede pagarlo, por eso es más irregular que la agricultura o la hostelería, y además no tiene calendario estacional", afirma.

No se pone en valor el cuidado a los mayores

La portavoz de la asociación de empleadas del hogar Territorio Doméstico (@Territoriodome1), Rafaela Territ, denuncia que en muchas ocasiones se siguen viendo obligadas a cobrar en 'B' por culpa de sus empleadores o debido a su situación irregular –no tienen papeles–. 

“Y esto implica una precariedad y una invisibilidad”, señala. Y es que, explica, trabajar en la economía sumergida conlleva tenerlo más complicado para "alquilar" una vivienda o realizar otros trámites del día a día. “Significa la invisibilidad total”, afirma.

“¿Y quién sale ganando? El sistema, que no se implica en los cuidados y no les da reconocimiento”, se lamenta. Con todo, matiza, es cierto que se han logrado avances en los últimos años, como que se pueda declarar el trabajo de las empleadas del hogar desde la primera hora trabajada o el derecho a paro para el colectivo. 

“Trabajar en negro siempre es malo para los trabajadores, porque siempre se están en condiciones precarias, ya que no tienes todas las garantías que te ofrece la legislación. Estás perdiendo dinero y derechos, como vacaciones y descansos, y a futuro, porque no vas a generar prestación por desempleo o jubilación. Cuando dejamos trabajar en negro dejamos de poner en valor el cuidado a las personas, que debe estar valorado y con condiciones dignas”, afirma por su parte la presidenta de la asociación de familiares Coordinadora 5+1 (@CooResidencias), María José Carcelén. 

"Refleja las carencias del Estado de Bienestar"

Para los economistas consultados por este diario, esta economía sumergida es reflejo de "las carencias del Estado de Bienestar”.

No obstante, entienden, es crucial que la administración corrija esta deficiencia y profesionalice este segmento de la economía cuanto antes ya que, según se ha llegado a prever en el Foro de Davos, en 2030 serán necesarios casi un millón de cuidadores y sanitarios para responder a las necesidades de una población cada vez más envejecida. Además, la inversión de la pirámide poblacional hace inviable, además de no deseable, que los cuidados sigan recayendo en las familias –conciliación–. 

“Tenemos una población enormemente envejecida donde, por factores históricos, la protección ha recaído en una familia que actualmente ha cambiado, se ha desestructurado y ha disminuido. Esto se traduce en que claramente la atención a los dependientes no está profesionalizada. Estamos en una transición de un modelo familiar a uno profesional, pero se está haciendo mal. Y el hueco lo rellena la economía sumergida. Pero lo hace mal. Porque no es lo mismo atender una discapacidad que otra. Es un apaño, pero malo, con consecuencias negativas y con retribuciones muy bajas”, afirman fuentes expertas del Colegio de Economistas de Madrid consultadas por este diario.

Por su parte, el catedrático de economía de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos Ruesga, opina asimismo que esta situación es fruto del fracaso de la implementación de la Ley de Dependencia. “La mayor parte del cuidado se da dentro de las familias. El mundo del cuidado desde los cero años hasta que uno fallece está en sus manos y en pequeños porcentajes se externaliza a residencias o a la Ayuda a Domicilio”, afirma. Y cuando ninguna de estas dos llegan, asegura, las familias recurren al "servicio doméstico", ya sea en 'A' o en 'B' –incluso existen ayudas económicas para que se contrate a este tipo de empleadas–. 

Coincide con este diagnóstico el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, Luis Del Amo, quien entiende que este problema debe ser abordado de una forma más global y no como un problema de impuestos o cotizaciones.

Y es que, advierte, el problema no se solucionará simplemente con incentivos para que las empleadas del hogar y sus empleadores declaren este servicio o con inspecciones de Trabajo. “Quizá se puedan poner incentivos para que se puedan deducir una parte en el IRPF, pero claro, si tenemos en cuenta que eso les obliga a pagar un salario mínimo y costes de Seguridad Social, probablemente tendría que ser un incentivo demasiado importante. Y respecto a las inspecciones, lo veo complicado porque esto no es como cuando buscas un taller clandestino”, afirma.   

Así, mientras se desarrolla y profesionaliza el sector de la ayuda a domicilio –público y privado– para que llegue a todos, la responsabilidad de declarar este servicio queda en manos de la ciudadanía, tanto del trabajador como del empleado. Y cabe recordar que además de la administración, existen organizaciones que asesoran con estas labores. Por ejemplo, desde la Asociación de Familias Cuidadoras y de Personas Dependientes, una entidad que trabaja en País Vasco, asesoran a "las familias a buscar una persona para trabajar en el domicilio, siempre y cuando se le haga un contrato. Además, desde nuestra entidad se les ayuda a hacer el alta, el contrato y las nóminas", explican.