El dilema de la pobreza energética

Elegir entre poner la calefacción o cocinar, vivir con luz o a oscuras, comer o pagar los recibos. Este es el dilema diario al que se enfrentan cerca de 6 millones de personas en España afectados por la pobreza energética, foco del nuevo Real Decreto que aprobó este viernes el Gobierno. Una situación de vulnerabilidad que afecta a más del 10-15% de la población que no puede sufragarse el pago de facturas de luz, gas o agua caliente por falta de recursos o por disponer de una vivienda no eficiente energéticamente, según concluye el estudio Pobreza Energética 2018 elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (@ACAmbientales).

Y no solo eso, sino que en esta situación, considerada como uno de los mayores problemas sociales desde el inicio de la crisis, también hay que incluir a “aquellas familias que pagan sus facturas, pero lo hacen a costa de no tener confort en su vivienda, como no encender la calefacción en invierno porque tiene miedo a que esas facturas suban demasiado. El consumo es tan mínimo que a veces está por debajo de lo que es digno”, aclara María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (@@APE_Cat).

Fuente: ACA

Consecuencias dramáticas en mayores

El cóctel formado por elevados precios de la energía, bajos ingresos en el hogar y nivel bajo de eficiencia energética de la vivienda, principales causas de la pobreza energética, provoca consecuencias a muchos niveles, empezando por la salud, que afecta especialmente a personas mayores. “Hemos detectado muchos casos de enfermedades neumológicas o cardiovasculares entre las personas que viven en esta situación, especialmente mayores que pasan muchas horas en casa”, afirma Fátima Cabello de Cáritas (@_CARITAS).

Una realidad que conoce bien Rosa Riveros, una mujer de 71 años que vive con una pensión no contributiva de 254 euros al mes. “No puedo permitirme el lujo de calentar mi casa y solo tengo luz en la cocina. He tenido dos neumonías este invierno. Pero antes estaba peor, he pagado 129 euros de luz durante 43 años, con una potencia contratada de 8,8 mw/hora, pero llegó un momento en que o pagaba o comía”, explica a 65Ymás.

El caso extremo de los efectos nocivos de la pobreza energética lo encontramos en la mujer de 81 años que murió en 2016 en Reus. La causa: un incendio provocado por las velas que encendió para alumbrar su casa cuando Gas Natural Fenosa le cortó la luz tras dos meses de impagos. Según el Estudio técnico en la ciudad de Madrid de 2016, 1.473 personas murieron por frío y 344 por calor en el periodo de 2001 a 2009, 84% de ellas mayores de 65 años.  “La crisis agravó el problema, pero no se está viendo que la situación de las familias mejore en la fase actual de “recuperación”, explica Fernando Alegría, portavoz de la plataforma Energía Justa.

Modelo energético injusto

Las plataformas que luchan contra la pobreza energética culpan a la Administración y a las eléctricas mayoritarias como Iberdrola, Endesa, o Naturgy de esta situación, que pese a haber implantado soluciones parciales como el bono social eléctrico o planes sociales para familias vulnerables por parte de las compañías como Naturgy, no están haciendo lo suficiente y mantienen un modelo regulado injusto. “La ley tiene que presuponer que si alguien no paga la luz es porque no puede, no al revés, protegiendo los beneficios multimillonarios de las eléctricas”, afirma María Campuzano de la Alianza la Pobreza Energética. 

Por eso consideran el actual modelo energético como la principal causa de la pobreza energética. En la última década los precios de la energía han aumentado enormemente, pasando de estar igualados con la media de la Unión Europea a ser el tercer país con mayores incrementos (54%), rozando máximos mensuales en los últimos trimestres. “Este incremento sitúa a más hogares en dificultades para asumir el pago de las facturas de la energía,  aunque su consumo haya seguido siendo el mismo, con costes fijos muy elevados derivados de más de un 21% de IVA, entre otros”, sostiene la Asociación de Ciencias Ambientales.

"En pleno siglo XXI es inaceptable seguir dando la espalda a un derecho básico como es el acceso a la energía, por lo que exigimos la aprobación de una ley de medidas de protección integral contra la pobreza energética, que garantice un consumo energético mínimo para todas las personas, necesario para el desarrollo de una vida digna tanto en el ámbito físico como social”, declara el Manifiesto contra la Pobreza Energética de UGT (@UGT_Comunica), que este jueves reunía más de 100.000 firmas de la Federación de Pensionistas ante el Ministerio de Transición Ecológico, en la vísperas de la aprobación del Real Decreto por parte del Gobierno de Sánchez.

Fuente: ACA

El bono social y la condonación de la deuda

Las dificultades para entender la factura de la luz, se extrapolan a la escasa transparencia que rodea a todo el mercado de la energía en España. Aunque las organizaciones, empresas y Administraciones están poniendo recursos y desarrollando iniciativas, las consecuencias asociadas a esta falta de conocimiento sobre una mejor gestión de la energía doméstica agravan la situación. En opinión de las plataformas sociales, existe una falta de claridad sobre la discriminación horaria de tarifas de acuerdo al consumo, la posibilidad de bajar la potencia contratada a menos de 3KW o las vías de acceso a las ayudas existentes como el bono social, que se vuelve crucial en los hogares vulnerables para los que una mínima reducción en el coste de su factura puede ser clave para evitar el impago o la desconexión del suministro.

“La asesoría recae al final sobre plataformas sociales como nosotros, porque el Gobierno Estatal y las eléctricas no hacen lo suficiente para informar a las familias sobre cómo revertir esta situación. Es más, los teléfonos de atención al cliente hacen labores de venta y a veces de engaño. Y las posibilidades que tienen estas familias como el bono social, pueden suponer ahorros del 25 al 40% en la factura”, defiende Fernando Alegría, portavoz de la plataforma Energía Justa. Es más, según el último informe de la Cruz Roja sobre pobreza energética (@CruzRojaEsp), la mayoría de los hogares vulnerables no conocen el bono social y solo un 19% ha tenido acceso a él. Esto ha provocado, sobre todo desde la última reforma de 2017, un bloqueo burocrático que ha dejado a muchos mayores fuera de este servicio, debido las dificultades para entregar toda la documentación o por problemas de movilidad. 

Bono social

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica

Otro de los aspectos más importantes es la deuda que se contrae una vez que se corta el suministro. "Es decir, cuando la compañía corta la luz, mantiene la deuda contraída por los usuarios que se va incrementando en el tiempo con intereses. Además, en el caso de que la persona pueda volver a pagar la energía porque cambie su situación, encuentre un empleo por ejemplo, deberá hacer frente a una tasa de reenganche que lo vuelve a dejar fuera", explica Fátima Cabellero de Cáritas. "En algunos casos la dificultad de pago se explica por contratos inadecuados por parte de las compañías, con potencias instaladas superiores a las necesarias o servicios adicionales que no ha solicitado el cliente. Se están produciendo incluso casos de acoso ilegal por parte de las compañías a personas que no pagan", cuenta Fernando Alegría.

Acuerdo de mínimos

La condonación de la deuda es una causa que persiguen desde hace años plataformas como la Alianza por la Pobreza Energética, que pide esta medida urgente para resolver la situación de las personas en estado vulnerable y que las compañías se hagan cargo de estos costes, en vez de ser sufragados por partidas sociales a través de los Presupuestos Generales del Estado. Otra de las medidas que consideran "de mínimos" en cualquier normativa sobre la pobreza energética es "incluir el principio de caución, una ley estatal, que es lo que tenemos en Cataluña, que supone que antes de que se corte el suministro, la compañía tiene que comprobar la situación de la familia. Lo hemos trasladado al Gobierno del PP, al Gobierno del PSOE y ninguno de los dos ha incluido esa petición en la legislación estatal", explica María Campuzano, portavoz de la plataforma.

Otras de las reivindicaciones de los agentes sociales sería crear una tarifa social progresiva en función de los ingresos de la familia y medidas a largo plazo más allá de las crisis estacionales, así como la adecuada aplicación de fondos europeos, del fondo nacional de eficiencia energética y de aquellos instrumentos que se puedan derivar de políticas específicas de vivienda o de las políticas de cambio climático. Es más, los programas de financiación de rehabilitación integral de edificios, de regeneración y de renovación urbana también son clave para iniciar un proceso que permita minimizar la demanda energética de los edificios y reducir la vulnerabilidad energética de los hogares.

Por su parte, las asociaciones consideran que seguirá siendo necesaria la labor de información, asesoramiento y acompañamiento de las familias. De ahí la importancia de la Red de Puntos de Información al Consumidor Energético (Red PICE) destinadas a informar y empoderar a la ciudadanía en la toma de las decisiones que afectan a su consumo y gasto de energía doméstica, no solo en casos de pobreza energética. "Sólo así se conseguirá mejorar la vida de las personas que tienen dificultades para asumir el pago de las facturas y reducir la vulnerabilidad energética de muchas otras. Existe mucha información, pero se debe dar con el canal idóneo para que llegue a quienes lo necesitan", afirman desde ACA.