La vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra (@monicaoltra), ha anunciado este lunes 7 de junio, que en la contratación para la gestión de residencias de mayores ya hay una cláusula que excluye a las empresas que operan en paraísos fiscales, según informa Europa Press.
Se trata de "una lucha por la igualdad y contra la evasión fiscal", ha defendido tras una reunión con representantes de Intermon Oxfam para abordar la prohibición de que estas empresas puedan contratar con administraciones públicas.
A partir de una ley de la legislatura pasada que prohíbe la contratación con estas empresas, se han incorporado las cláusulas fiscales a los contratos públicos junto a las sociales, laborales y medioambientales. Ahora, las empresas tendrán que adaptarse a la responsabilidad fiscal o no podrán contratar con las administraciones públicas, ha avisado Oltra.
Bajo este prisma, ha asegurado que el gobierno valenciano apuesta por una sociedad corresponsable en la que "las entidades empresariales tienen un compromiso que debe ir más allá de su condición de agente económico", además de agradecer a la ONG por la guía que envió a todas las administraciones para acabar con el fraude fiscal.
La titular de Igualdad ha ligado las cláusulas con "el modelo social y medioambientalmente responsable impulsado por el Botànic" y ha hecho hincapié en la necesidad de que las administraciones sean las primeras en dar ejemplo.
Por parte de Intermon Oxfam (@OxfamIntermon), Ximena Medina ha destacado que es un paso "muy importante" que demuestra que "los cambios se pueden hacer desde lo local, con voluntad política y cuando los gobiernos están comprometidos". Ha apelado así a la responsabilidad de las empresas y de los más ricos para mantener los servicios públicos.
Cláusulas sociales y medioambientales
En el ámbito social, las cláusulas establecen que las adjudicatarias tienen la obligación de reservar al menos la mitad de las sustituciones anuales por bajas laborales o vacaciones para que sean ocupadas por personas en situación o grave riesgo de exclusión social, especialmente las perceptoras de la renta valenciana de inclusión. Si se producen nuevas contrataciones, al menos la mitad de estos contratos se suscribirán con personas en situación o grave riesgo de exclusión.
En materia medioambiental se contempla que todos los vehículos que se adscriban al servicio de transporte deberán ser híbridos, de cero emisiones o eléctricos. El incumplimiento de estas cláusulas supondrá sanciones y la consideración de infracción grave, lo que implicaría una prohibición para contratar con las administraciones públicas.
