El sector de las residencias para mayores, con cerca de 5.600 centros en España y 381.000 plazas, genera una actividad económica de 4.500 millones de euros al año, y existe un déficit de unas 66.000 plazas, según un informe encargado por la Federación Empresarial de la Dependencia a PwC.
El informe, titulado Radiografía del sector de las residencias para la tercera edad en España y presentado este jueves, revela que en el caso de España se observa un "claro déficit" de plazas residenciales, con 4,4 plazas por cada 100 mayores, una cifra que está por debajo de las 5 recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por comunidades autónomas, el mayor déficit de residencias de ancianos se da en Canarias (1,8 por cada 100), Murcia (2,2), Ceuta y Melilla (2,6). Por el contrario, donde más oferta de plazas hay es en Castilla y León (8,4 plazas por 100 mayores), Castilla-La Mancha (7,6), Aragón (6,4 plazas), Extremadura (7,1), Navarra (4,8), Cantabria (5,9) y Asturias (5).
El estudio pone de manifiesto que, en 2050, España necesitará alrededor de 785.000 plazas residenciales, el doble de las existentes en 2018; y señala que duplicar la actual cifra de residencias supondría, aproximadamente, una inversión de 35.000 millones de euros y la generación de 150.000 puestos de trabajo adicionales. Se deberían construir más de 100 residencias nuevas cada año.
De acuerdo con las estimaciones del INE, en 2050 se pasará de 9 a 16 millones de personas mayores de 64 años en España. "Es aquí donde las residencias juegan un papel muy relevante, garantizando un servicio socio-asistencial en la atención a los mayores, ya que más del 80% de los residentes necesitan ayuda en tareas tan cotidianas como vestirse, tomar la medicación, asearse o alimentarse", ha explicado el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.
El informe del sector indica que, actualmente, hay proyectos en cartera de alrededor de 270 centros residenciales, con más de 25.000 plazas –de las cuales un 61% son del sector privado, ya sea de forma directa o mediante concesión– "una cifra insuficiente, siquiera para cubrir el gap actual".
25% de plazas públicas
De las plazas que hay actualmente disponibles, el 51% son públicas o concertadas. En concreto, el 25% son de titularidad pública, aunque la gestión puede ser privada y un 26% son plazas concertadas, con un precio regulado y fijado en función de la renta y nivel de dependencia del usuario.
En lo que respecta al empleo, el informe destaca que el sector de las residencias privadas empleaba a más de 155.000 trabajadores directos en 2018, alrededor de un 1% del total de ocupados en España. Un 60% de los ingresos se destina a la retribución de los empleados, 2,2 veces más que la media del sector servicios en España.
Por otro lado, del informe se desprende que el 91% de los trabajadores que tienen un empleo a tiempo parcial por cuidar a un dependiente son mujeres.
Los autores del estudio también precisan que el sector se caracteriza por estar "altamente atomizado": un 75% de las empresas son pymes españolas que gestionan un solo centro; un 11%, multinacionales y un 8% está en manos de fondos de inversión.
En los últimos años, según indican, han entrado empresas especializadas en activos residenciales inmobiliarios y han llegado nuevos operadores, algo que ha cambiado el panorama inversor. En 2019, la inversión en residencias para la tercera edad alcanzó los 300 millones de euros, duplicando la inversión realizada en 2018.
Estocaje mínimo de EPIs
Ante la pandemia del Covid-19, el sector de las residencias de la tercera edad reclama una serie de actuaciones coordinadas para paliar los efectos de esta crisis.
En primer lugar, el sector demanda la creación de un estocaje mínimo de EPIs para casos de emergencias sanitarias, tanto en las propias residencias, como centralizado por cada Comunidad Autónoma o el Gobierno Central, sin que suponga un coste adicional para las residencias.
Igualmente, pide el establecimiento de unos protocolos de actuación, "claros y homogéneos", consensuados entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los agentes del sector: medidas de confinamiento y sectorización, realización de pruebas de identificación de infectados, protección del personal, uso de EPIs, derivaciones hospitalarias y coordinación con los geriatras del sistema sanitario público, suministro de medicamentos y régimen de visitas de familiares, entre otros.
"Junto con la falta de coordinación entre las áreas social y sanitaria de la Administración, se ha obligado a las residencias, que no forman parte del sistema sanitario, sino que dependen de Asuntos Sociales, a hacerse cargo de una serie de funciones que sí son sanitarias sin tener los recursos y medios para ello, provocando un déficit de financiación de estas funciones, que no son sociales sino sanitarias", advierten desde la FAD.
Por ello, pide que se establezca personal sanitario del sector público integrado en las residencias para mayores, cubierto por personal de la Administración a través de Unidades de apoyo desde Atención Primaria. Asimismo, reclama el desarrollo presupuestario de la Ley de Dependencia y la orientación de precios a costes.
