Este viernes, 25 de junio, entra en vigor en España la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, aprobada el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados, y que establece que ésta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable", según informa Europa Press.
Esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".
Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita". Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención.
Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos. Será este médico quien autorizará el proceso, antes, tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el "ámbito de las patologías que padece el paciente" pero que no sea de su "mismo equipo del médico". Asimismo, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso.
Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, ya que, de lo contrario, será el pleno de la comisión quien la tome. Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación "podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia", un reparo que "deberá manifestarse anticipadamente y por escrito".
Asimismo, según adelantó este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias (@CarolinaDarias), el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado el protocolo para la valoración de la incapacidad de hecho para la eutanasia, el cual regirá el procedimiento que deben seguir los médicos en situaciones en las que el paciente no se encuentre en uso de sus facultades y no pueda realizar las solicitudes necesarias.
"Este protocolo es necesario porque es un manual de recomendaciones que están a disposición del personal médico para poder llevar a cabo, en el caso de que la persona no sea capaz, el procedimiento establecido para ir viendo las distintas situaciones", aseveró la ministra de Sanidad.
PP y VOX presentan recursos contra la norma
El PP prevé ha presentado un recurso a la norma ante el Tribunal Constitucional este jueves, un paso que también dio Vox el pasado 16 de junio. Hace unos días, en la clausura de la jornada 'Personas mayores y pacientes vulnerables' organizada por la Fundación Concordia y Libertad, el líder del PP, Pablo Casado, criticó que el Gobierno impulsara en plena pandemia la Ley de Eutanasia.
Según el líder del PP, con "125.000 fallecidos por coronavirus" no es el "mejor momento de abordar" esa ley y hacerlo además "en la excepcionalidad" del estado de alarma --que estuvo vigente hasta el 9 de mayo--. "Y lo más importante, no se ha dialogado con nadie", se quejó, para defender que se impulsen los cuidados paliativos.
El jefe de la oposición considera que España necesita "un impulso a los cuidados paliativos", ya que, hay un 0,6 de servicios por cada 100.000 habitantes en cuidados paliativos. "Es la misma cifra que en Georgia y Rumania", afirmó, para añadir que España está un 30% por debajo de Portugal e Italia, un 40% por debajo de Francia y un 50% por debajo de Alemania. En esas mismas jornadas, Casado planteó una modificación del Código Civil para que los hijos tengan "la obligación" de cuidar de sus padres, de la misma manera que los progenitores lo hacen con sus descendientes. A su entender, se trata de una "justa reclamación" y una propuesta "sensata" que debe contar "con los recursos que hagan falta".
