José Manuel Ramírez: "La Ley de Dependencia está estancada"

Tras cumplirse doce años del inicio de la aplicación de la Ley de Dependencia, que afecta actualmente a 1,4 millones de españoles considerados dependientes, 65Ymás ha querido hacer balance sobre la eficacia de esta legislación y, para ello, ha conversado con el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio Estatal para la Dependencia, José Manuel Ramírez.

A su parecer, la Ley se encuentra en una fase de "estancamiento o paralización", debido a la falta de Presupuestos. Por ello, Ramírez entiende que sería necesario un Pacto de Estado para revertir los recortes sufridos en 2012 y 2013 que "supusieron una derogación encubierta de esta legislación". Así, gracias a este pacto se lograría invertir los 500 millones de euros que "estaban previstos en el borrador de Presupuestos de 2019", una cuantía que ayudaría a reducir la lista de espera para obtener la Ayuda a la Dependencia, de la que hoy forman parte 256.000 personas.  

Asimismo, Ramírez le pediría al futuro gobierno nacional "establecer un modelo de financiación estable en función del costo" y que la administración central se haga cargo "del 50% de los gastos", así como que "no se modifique la Ley sin consenso" y que se "mejore el sistema de información sobre el sistema de Ayuda a la Dependencia". 

Por otra parte, el presidente del Observatorio entiende que sería imprescindible hacer un análisis por comunidad autónoma, puesto que no todas tienen la misma situación y se deberían aplicar medidas diferentes en cada una de ellas. De esta manera, según estudios realizados en el observatorio que preside, Castilla y León, Castilla la Mancha y la Rioja son las autonomías donde mejor se ha aplicado la Ley, mientras que Canarias, Baleares, Asturias y Cataluña (que tiene la lista de espera más larga de España), estarían en los últimos puestos. "Hemos detectado que las comunidades en las que mejor funciona la Ayuda a la Dependencia suelen tener integrado el sistema en los servicios sociales comunitarios y en el ámbito municipal", destaca. 

Mejorar el servicio de Ayuda a Domicilio

"El Real Decreto del 31 de diciembre de 2013 hace un verdadero destrozo de la Ayuda a Domicilio, puesto que reduce el número de horas en un 33% y declara incompatible ésta con todos los demás servicios, salvo la teleasistencia", sostiene el presidente del Observatorio. Y propone: "Hay que revertir estos recortes. Planteamos un modelo distinto que pasa por unos servicios domiciliares más integrales que conlleven una serie de prestaciones que posibiliten una mejora de la calidad de vida, a través de los servicios de proximidad y la tecnología".

Además, según Ramírez, habría que "prestigiar" la profesión de las cuidadoras. "Sus ingresos son muy bajos", apunta. Por ello, se debería "dignificar" su trabajo y tratar de recalcular sus salarios, teniendo en cuenta "el mercado laboral" de cada comunidad autónoma. 

Juan Manuel Ramírez. 

Un cambio de modelo en las residencias

"El modelo residencial que tenemos está tremendamente sanitarizado y estructurado desde el punto de vista de la gestión económica", señala. Y añade: "Tenemos que buscar espacios de convivencia para personas muy vulnerables para que encuentren su proyecto vital en el Modelo de Atención Centrada en las Personas. Es decir, que lo hagan en base a su proyecto vital y no a una serie de protocolos que muchas veces no se adaptan a las características personales". 

Para ello, lo primero que habría que conseguir es que "la inspección funcione y sea pública" para que, al menos, se cumplan unos mínimos exigibles. En segundo lugar, se debe apoyar la labor de la dirección de los centros que es "clave" para "la gestión de las quejas". ​Y, en tercer lugar, el entrevistado cree que las residencias deberían convertirse en "espacios abiertos", ya que algunas cierran por sistema ciertas zonas de los centros a los familiares. 

Poner freno al maltrato

"Habría que hacer una normativa por la cual las personas que han delinquido contra los mayores no puedan volver a trabajar en una residencia. Hay que crear un registro de personas que hayan delinquido contra los más vulnerables, al igual que existe para los delincuentes sexuales", propone Ramírez para frenar los casos de maltrato, como el que se vio en Los Nogales hace unos meses.

En cuanto al llamado, por asociaciones de familiares y de auxiliares, "maltrato institucional", Ramírez afirma que "lo primero que hay que hacer es que, como mínimo, las ratios de trabajadores por usuarios se cumplan". Igualmente, opina que se debería retribuir mejor el trabajo de las auxiliares, muchas de las cuales "apenas cobran 900 euros". 

Sin embargo, el presidente del Observatorio matiza que la situación de falta de auxiliares no es igual en todas las comunidades. "Hay una desigualdad territorial. En Castilla y Léon, la Mancha y Aragón la ratio está en 5,5%, más de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. No obstante, Murcia o Canarias están muy por debajo y la Comunidad de Madrid tiene una carencia de 5.000 plazas públicas", explica. 

Finalmente, en relación con la eficacia del modelo implantado en la Comunidad de Madrid, entre otras, de gestión privada de las residencias públicas, Ramírez señala: "Nosotros defendemos un sistema de Servicios Sociales Públicos, es decir, que el acceso, la valoración, la prescripción, la inspección y el seguimiento lo sean. Con este modelo, se desarrollarán seguramente los controles necesarios para que el servicio, que proveen las empresas o entidades sociales, se haga correctamente". Y concluye: "La Comunidad de Madrid ha tenido una desidia en el desarrollo de las funciones que implican velar porque el sistema funcione como uno público".