Entre los día 18 y 25 de marzo de 2012, en plena pandemia, se publicaron unos protocolos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, firmados por Carlos Mur, entonces Director de Coordinación Sanitaria. Los documentos prohibían el traslado a los hospitales de los mayores enfermos que vivían en residencias si tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, según aseguran familiares de residencias en un comunicado. "En los 20 días siguientes 5.343 mayores murieron en los propios centros, sin recibir –muchos de ellos– ningún tipo de asistencia médica", prosiguen.
Ahora, los familiares de la Marea de Residencias (@MareaResidencia) y los trabajadores del sindicato MATS (@matsmadrid) piden que esta situación no caiga en el olvido y que se vuelva a abrir la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid que indagó sobre estos hechos y analizó durante meses lo ocurrido en las residencias durante la primera ola.
Además, exigen que no se tomen represalias contra trabajadores que denunciaron las deficiencias en el funcionamiento de los centros durante la primavera de 2020. "Una trabajadora de la Gran Residencia, que durante estos meses publicó hechos y opiniones sobre las deficiencias que encontró en su centro de trabajo, se enfrenta a un expediente abierto por el Gerente del AMAS, que según el pliego de cargos podría suponer una sanción, que en su grado máximo, contempla el despido y la inhabilitación para trabajar como TCAE", denuncian.
"En los próximos días, Unidas Podemos, PSOE, Más Madrid y concejales no adscritos se debatirán en distintos Ayuntamientos de la Comunidad mociones que exigen la Reapertura de la Comisión de Investigación, la elaboración de una Ley de Residencias, la anulación de medidas represivas contra las trabajadoras y trabajadores de las Residencias y la retirada del expediente disciplinario abierto contra Nandi. Agradecemos a esos partidos tal iniciativa y llamamos a mostrar el apoyo ciudadano a las mismas", concluyen.
