Expertos aseguran que es posible controlar los brotes Covid en las residencias de Madrid

Victoria Zunzunegui: "El envejecimiento no empieza a los 65 años"

Cuando la epidemióloga especializada en envejecimiento, Maria Victoria Zunzunegui aterrizó este verano en España después de una estancia en el extranjero, no daba crédito. "Me preocupó mucho ver cómo se estaba gestionando en Madrid la pandemia del Covid, sobre todo en las residencias, y observar que se estaban tomando muy pocas medidas eficaces para que no se repitiese lo ocurrido en la primera ola", cuenta en una entrevista a 65ymás. Por eso, junto a un grupo de profesionales sanitarios que conforman la plataforma Actuar Covid, se pusieron manos a la obra para hacer una evaluación de la situación sanitaria y de residencias, en busca de soluciones eficaces para atajar la expansión del virus.

El resultado es un monográfico recientemente publicado sobre las 475 las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid tras el análisis de la situación en los meses de agosto a septiembre a partir de los datos del Portal de Transparencia de la Consejería de Políticas Sociales, que incluye propuestas de prevención y control basadas en la evidencias científica. La vigilancia epidemiológica a través de test a residentes y trabajadores cada 15 días, la formación en control de infecciones y el aumento de plantillas cualificadas en las residencias son las tres patas sobre las que recae la estrategia propuesta que estiman podría reducir notablemente los brotes y la mortalidad en las residencias.

 

Medidas estimadas en 21 millones de euros 

"Aparte del estudio de datos y las propuestas, hemos calculado también el coste económico de las medidas. Con 21 millones de euros, la Comunidad de Madrid podría resolver la situación en esta segunda ola hasta la aparición de la vacuna", explica Zunzunegui, quien compara la cifra con los 100 millones que ha costado el Hospital de pandemias de Enfermera Isabel Zendal construido en Valdebebas. El reparto de los costes se distribuye entre las medidas de vigilancia a través de test periódicos (4,3 millones), de formación participativa y continuada en prevención de infecciones (2,5 millones) y la contratación de 10.000 nuevos trabajadores para residencias cualificados para cubrir las necesidades actuales (15 millones de euros).

"Es muy importante tomar medidas urgentes porque nos jugamos la vida de la gente", señala Zunzunegui mientras recuerda que durante la primera ola han muerto al menos 6.000 personas en residencias madrileñas –de marzo a junio–, según las cifras oficiales, que no cuentan a los residentes que fallecieron en hospitales por lo que concluye que se subestima el número total de muertes. "Es incomprensible que después de los miles de fallecidos por COVID19​ en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid en la primera ola no podamos conocer ahora cuál es la magnitud del problema y las declaraciones oficiales nos digan medias verdades y no faciliten una información válida sobre un tema tan sensible", señala Zunzunegui, una de las autoras del estudio.

Estrategia para reducir la mortalidad

El estudio realizado por Actuar Covid ha constatado que las personas que residían en centros sociosanitarios, han tenido una mortalidad por COVID-19 mucho mayor que la de las personas de su misma edad y estado de salud que viven fuera de ellas. "Es esencial comprender los factores que originaron esta alarmante multiplicación de la mortalidad para que no se repita. Los estudios demuestran que la infección acumulada en la zona donde se encuentra la residencia y como consecuencia la infección de los trabajadores de las residencias –50.000 en total frente a los 40.000 residentes– son el principal vehículo de transmisión de la infección desde la comunidad a la residencia, un factor que aumenta el riesgo de morir de los residentes", señala el monográfico quien recuerda la precaria situación previa de los centros sociosanitarios frutos de los recortes desde la crisis de 2008.

El mayor riesgo se debe a dos mecanismos principales: el primero, es la alta exposición al virus, cuando los residentes están íntimamente expuestos a una plantilla con altos niveles de infección; el segundo, es la reducción de personal que se experimentó cuando muchos trabajadores se dieron de baja por infección, o cambiaron sus puestos de trabajo por miedo a ser infectados –en torno al 20% de auxiliares y personal de enfermería–. De ahí que desde Actuar Covid defienden aplicar intervenciones eficaces como las llevados a cabo de Estados Unidos, de realizar pruebas sistemáticas a trabajadores, reorganizar la mano de obra para asegurar que sea suficiente y que no trabaja en varias residencias a la vez, para lo cual consideran necesario garantizar salarios dignos.

Consecuencias del aislamiento de los residentes

La doctora Zunzunegui insiste también en evaluar y poner remedio a los posible efectos de la restricción de visitas en las residencias. Según recuerda, diversos estudios epidemiológicos sobre el envejecimiento demuestran que el aislamiento social tiene efectos perjudiciales en la salud mental, en el funcionamiento físico y cognitivo y en la longevidad. "La demencia, por ejemplo, se acelera cuando se pierden las relaciones sociales, por lo que se deberían establecer protocolos de régimen de visitas comunes en cada comunidad autónoma en función de los niveles de incidencia", propone. 

Entre las recomendaciones de Actuar Covid también se encuentra la de definir un cuidador familiar que pueda entrar ilimitadamente en la residencia cumpliendo los protocolos. "Un cuidador familiar, también llamado familiar de referencia, es cualquier persona que el residente o su sustituto en la toma de decisiones haya designado como cuidador familiar. Son esenciales porque asumen responsabilidades en cuidados para un cónyuge, otro familiar o amigo", explican mientras inciden que las visitas del cuidador familiar no deben estar limitadas en tiempo ni duración y debe tratarse como un trabajador más a la hora de realizarse pruebas de detección y seguir los protocolos de prevención de la COVID-19. Las otras visitas de carácter más social, sin embargo, sí podrían restringirse, recomiendan.