La pandemia ha puesto de manifiesto problemas de vivienda ya latentes en España y existe un riesgo de saturación de los servicios sociales ante una nueva crisis de vivienda. Esta es una de las principales conclusiones del tercer bloque del estudio, Cuando la casa nos enferma 3. Redes de apoyo en tiempos de crisis, elaborado por Provivienda (@provivienda_org) que reflexiona sobre cómo el acceso a una vivienda digna afecta a la salud de las personas desde el punto de vista social. En la actual crisis sanitaria, social y económica, el informe confirma que "las relaciones de ayuda y la respuesta de las administraciones cobran una vital importancia para acceder y mantener una vivienda adecuada y adaptada a las necesidades". Y recalca, que de no poner medidas, se podría volver a una crisis social como la de 2008.
La exclusión social ya eran una realidad presente antes del coronavirus entre muchas familias, pero la pandemia ha evidenciado aún más la importancia de prevenirla para garantizar la salud de las personas, especialmente las más vulnerables como pueden ser los mayores. "Hemos conocido los riesgos de centros como residencias de personas mayores o albergues para personas sin techo, centros de acogida para familias refugiadas…En paralelo, hemos experimentado en primera persona lo que implica el aislamiento social y la falta de contacto y apoyo de nuestra familia y amigos” explica Elisa Brey, una de las investigadoras del informe.
La mayoría de las personas recurren a la familia ante un problema de vivienda
Esta investigación muestra cómo el primer apoyo ante problemas de vivienda en las tres ciudades estudiadas (Santa Cruz de Tenerife, Granada y Madrid) son las redes familiares, seguido de la atención de emergencia por parte de servicios sociales. Según el estudio, actualmente no existe una respuesta eficaz desde las políticas de Vivienda a la exclusión residencial. Como explica Eduardo Gutiérrez, director general de Provivienda “cuando una persona no puede pagar el alquiler, no acude a servicios de vivienda, acude a su familia y luego a servicios sociales. Esto no pasa en el caso de la salud o el empleo. Acuden a servicios especializados y específicos. El impacto en el tipo de atención es enorme”.
En un nuevo contexto de crisis por la COVID-19, los resultados alertan de que la atención de servicios sociales está saturada, y que tras la crisis de 2008, el apoyo familiar se ha agotado en gran medida porque funcionó de soporte en la crisis anterior. La organización advierte las graves consecuencias en pérdida de vivienda que pueden desencadenarse en el corto plazo, ante los problemas económicos o la pérdida de empleo derivada de la COVID-19. Brey destaca que “es clave un cambio en la atención a los problemas de vivienda centrados en la persona para evitar las graves consecuencias que vimos con la crisis de 2008…esta vez, sin el colchón familiar y con el desgaste de servicios sociales”.
Volver a 2008
Entre otras cuestiones, se destaca el limitado alcance del llamado "escudo social" en vivienda para aquellas personas que ya se encontraban en exclusión residencial previamente a la crisis, así como su limitación temporal a 31 de enero de 2021. "Podemos encontrarnos con una nueva crisis de vivienda como la de 2008, si no se aprueban nuevas medidas de prevención y servicios de proximidad y especializados en vivienda que quiten presión sobre servicios sociales dentro de políticas integrales", ha concluido Gutiérrez.
Desde Provivienda proponen repensar el modelo de atención a los problemas residenciales, reforzando los servicios y recursos públicos desde las competencias de vivienda, promoviendo políticas sociales de vivienda, a través de la prevención y con una atención centrada en la persona. Asimismo, ve fundamental que las políticas públicas estén interconectadas y generen respuestas amplias a problemas complejos. "Se necesitan políticas sociales integrales bien sectorizadas, para saber dónde acudir, y que la respuesta sea lo más ajustada a la necesidad residencial", recoge el informe.
