Familiares critican la nueva Estrategia de Desinstitucionalización: “Las residencias son necesarias”

Los familiares de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias (@La_Plataforma_1) temen que las administraciones públicas no presten la suficiente atención a las residencias de mayores esta legislatura.

Y es que la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización –está en vías de elaboración y es una de las promesas electorales de PSOE y SUMAR– y buena parte de las medidas aprobadas en la anterior legislatura tienen un objetivo claro: los cuidados deben darse prioritariamente en el domicilio y en el entorno comunitario –así lo desean mayoritariamente los ciudadanos–; y las residencias, que deben transformarse para ser más hogareñas, tienen que quedar como un último recurso para perfiles con gran dependencia. 

Ahora bien, desde la Plataforma temen que, al final, estas políticas puedan dejar de lado, de facto, a los centros sociosanitarios, que van a seguir siendo necesarios, ya que no todo el mundo puede ser cuidado en su casa.

Por ello, reclaman al nuevo Gobierno que, al mismo tiempo que trabaja en la Estrategia de Desinstitucionalización, pise el acelerador con la implementación del nuevo modelo de residencias, pactado por el anterior Ejecutivo y las CCAA en 2022 y que, en la medida de lo posible, lo mejore. 

Además, piden que se garantice la construcción de más centros públicos para garantizar las necesidades de los mayores en los próximos años, al mismo tiempo que se financian otros apoyos como la Ayuda a Domicilio o la teleasistencia.  

65YMÁS ha conversado con el portavoz de la Plataforma Estatal, Miguel Vázquez, sobre los retos que deberán afrontar el nuevo Gobierno y las CCAA para lograr dignificar la atención en las residencias de mayores. 

PREGUNTA - ¿Siguen siendo necesarias las residencias de mayores?

RESPUESTA - Son necesarias. Y a pesar de la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización –con la que estamos de acuerdo, porque todo el mundo prefiere estar en su domicilio en lugar de acudir a una residencia, y más, en las condiciones en las que están–, van a seguir siéndolo. Primero, porque, según el octavo informe FOESA, más de 1.300.000 viviendas no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. Y en segundo lugar, porque, en un momento determinado, por múltiples circunstancias, no hay más remedio que ingresar en un centro. 

El problema es qué modelo va a seguir siendo necesario. Consideramos que estamos en una encrucijada. O se camina hacia otro –se ha esbozado tímidamente en los Acuerdos de Acreditación– o nos quedamos con el actual, en el que existe una falta de atención a las personas mayores, porque prima más el negocio. 

P.- ¿Qué esperan del nuevo Ministerio de Derechos, Consumo y Agenda 2030?

R.- Los Acuerdos tienen medidas muy importantes que van encaminadas hacia otro modelo: las unidades de convivencia de no más de 15 personas, el poner coto a las macrorresidencias –las que se tengan que edificar a partir de ahora ya tendrían que tener 120 plazas como máximo–, el que haya un ambiente hogareño, la participación de las familias en los órganos de representación, las ratios de personal establecidas por categorías –aunque sean totalmente insuficientes–, etc. En ese sentido, creo que se puede avanzar. 

Por otra parte, el anterior Gobierno –nosotros consideramos que este va a ser continuista– hizo el siguiente análisis: hasta ahora, los servicios se habían prestado pensando más en las necesidades de las empresas que en las de las personas. Creo que deben seguir también en esa línea. 

P.- ¿Por qué consideran que son insuficientes las ratios de personal del nuevo modelo de residencias?

R.- El anterior secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, nos confesó que en la pasada legislatura no habían podido abordar en profundidad el tema. Es una cuestión muy importante. Ahora mismo, están establecidas sin ningún criterio. Las medias son de 80 y tantos minutos al día. Está muy bien el avance que se ha hecho de dividirlas entre atención de primer nivel –gerocultoras y TCAEs– y de segundo –enfermeras, médicos, fisioterapeutas, psicólogos...–, pero se han quedado en la superficie. Se deberían establecer por turnos y categorías, determinando el tiempo mínimo de atención que precisa una persona con grado de Dependencia II o III, que son las que viven en las residencias y que es un perfil que va a ir aumentando, al retrasarse cada vez más la entrada en los centros. 

P.- ¿Por qué no termina de aplicarse el nuevo modelo de residencias pactado en 2022?

R.- Parece mentira que en este país no vayamos a ser capaces de llegar a acuerdos sobre cuáles deben ser las formas de atención a las personas mayores. Se les debería caer la cara de vergüenza. Existe un Acuerdo que camina en este sentido, con todas sus insuficiencias. Que ahora que ha cambiado el signo en muchas autonomías pueda haber comunidades que cambien de postura en función de cuestiones políticas no tiene perdón, teniendo en cuenta que estamos hablando de la atención a las personas mayores. 

Hay 200 millones de euros para el nuevo modelo. En el mes de abril o mayo, la mayor parte de las comunidades tendrían que haber aplicado la normativa correspondiente para implementarlo y, que nosotros sepamos, muy pocas lo han hecho, entre ellas, la Comunidad Valenciana, que ahora ha cambiado de Gobierno y no sabemos qué van a hacer. 

Por ello, la línea que debe seguir el Gobierno es de razonamiento y decisión para que los fondos europeos se destinen correctamente.  

 

P.- ¿Es necesario construir más residencias?

R.- Nos tenemos que plantear como sociedad y país si realmente vamos a poder prestar una atención pensando en las personas con el 89% de las residencias en manos privadas. ¿Alguien piensa que, cuando se ponga en una balanza, por un lado, las necesidades de las personas y, por otro, los beneficios económicos, no se va a inclinar todo hacia los segundos? La única manera de reequilibrar esta realidad es que haya planes de creación de residencias públicas. 

De aquí a 2050 vamos a ser 14 millones de mayores. Hay que pensar cuáles son las necesidades, teniendo en cuenta el plan de desinstitucionalización, pero también sabiendo que no todos los domicilios están en condiciones. Además, se va a retrasar la entrada en la residencia, pero, cuando se ingrese, se hará con más necesidades.

Alguien tiene que planificar la creación de estos centros públicos, teniendo en cuenta que el servicio se debe prestar pensando en las necesidades de las personas y no en los beneficios económicos.

P.- ¿Qué opina de la entrada de fondos de inversión privados en el sector?

R.- Es un estado de alarma total. Nos tendríamos que avergonzar de que les estemos dejando entrar porque, como administraciones públicas, no seamos capaces de pensar que lo que hay que hacer es invertir. Aquí se habla del beneficio económico, pero no del social como, por ejemplo, lo que significa que una familia sepa que su padre o madre está bien atendido porque hay una garantía institucional de que esto va a suceder así. Eso, no se valora. Incluso, desde el punto económico, se pueden crear puestos de trabajo que luego van a revertir al Estado con el pago del IRPF y del IVA. Se tiene que cambiar la visión miope del capitalismo especulativo, de la prestación de servicios pensando en los ahorros. Tenemos que crear una situación en la que todo el mundo sepa que va a tener garantizada una atención cuando no se valga por sí mismo y su familia no pueda atenderle. 

P.- ¿Qué avances se han hecho en materia de prevención de maltrato en las residencias?

R.- En el Acuerdo de Acreditación, uno de los requisitos es que exista un protocolo y que se dé a conocer a familiares, usuarios y trabajadores. Es un logro que se consiguió en la mesa de Diálogo Civil y en el que hicimos hincapié HelpAge España y nosotros. Se está avanzando. 

P.- ¿Sigue existiendo maltrato?

R.- Hay mucho que se produce como consecuencia de la falta de personal. Lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud: hay probabilidades de que ocurra cuando hay pocos trabajadores, no están bien formados y están mal pagados. Y las tres cosas se dan. 

P.- ¿Siguen detectando carencias en los menús de ciertas residencias?

R.- Sí. Un ejemplo claro: en el año 2008, se publicó un artículo en El País en el que se hablaba de la insuficiencia de las dotaciones económicas para los menús con cinco euros. Ahora, estamos en 2023, y se están dando cuatro euros diarios. Hay que cambiar el chip. No hay que pensar en el beneficio financiero, sino en el social, que también tiene trascendencia en la economía. Seguimos pensando que los buenos gestores son los que ahorran, en lugar de pensar que son los que cuidan como es debido y hacen que los mayores vivan con dignidad. 

P.- ¿Se han puesto en contacto con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030?

R.- Esperamos que la Mesa de Diálogo Civil se convoque no tardando mucho y además nos vamos a dirigir a ellos para pedirles una reunión. Ya les hemos deseado en la red social 'X' lo mejor, porque si a ellos les va bien, a nosotros también.