Familiares de 4 residencias de mayores piden a la Fiscalía de Madrid que investigue irregularidades

Varios familiares, miembros de la Asociación pro Defensa de los Mayores de la Residencia de Leganés Parque de los Frailes (@AdemafF), han presentado este miércoles una carta dirigida a la Fiscalía en la que se insta a dicho organismo a "actuar de oficio" ante los "presuntos" casos de "vulneración de derechos de las personas mayores" sucedidos en cuatro centros residenciales de la Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) ,"Los Frailes", "Vallecas", "Peñuelas" e "Isabel la Católica".

En concreto, se trata de residencias de titularidad pública y gestión privada a cargo de la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios, una compañía fundada por José Luis Ulibarri, imputado por el caso Gürtel y la trama Enredadera. Además, han adjuntado 700 firmas recogidas en estos centros y "una extensa documentación" para sustentar la acusación. 

Hoy compañerxs de ADEMAF registrando carta a la Fiscalía para que se investigue de oficio la gestión de la empresa Aralia con cuatro residencias en la Comunidad de Madrid. Se adjuntan 700 firmas recogidas entre las 4 residencias y extensa documentación.#ResidenciasEnLucha pic.twitter.com/5YPtSLDwju

— ADEMAF. Familiares Residencia Los Frailes (@AdemafF) September 4, 2019

Qué denuncian

"El eje fundamental del problema es la alarmante escasez de personal [...] incumpliendo incluso, en innumerables ocasiones, el Pliego de Prescripciones Técnicas ya de por sí insuficiente", asegura el documento. De esta manera, la carencia de trabajadores causaría una atención directa deficiente. Por ejemplo, "cuando los usuarios grandes dependientes desayunan a las 11 h. de la mañana porque no ha sido posible levantarlos antes, sobrepasando el periodo de ayuno recomendado" o cuando los residentes con algún tipo de incontinencia se hacen sus necesidades encima y por la falta de trabajadores "se mantienen sucios durante horas".

En cuanto a la alimentación, desde Ademaf critican que se tuviese que cerrar la cocina de uno de los centros, el de Vallecas, durante 48 h., tras una inspección en junio en la que se encontraron "cucarachas y hormigas" y afirman que los menús no se adaptan al perfil del residente, llegando incluso a dar sólo "purés" y "postres de turmix repetitivos" a personas con demencia, algo que, a largo plazo, les causa "desnutrición".

Igualmente, señalan que la mayoría de los internos sufren "deshidratación", puesto que tampoco se les da la cantidad suficiente de líquidos, sobre todo en verano, momento en el que se han llegado a alcanzar "32 grados" en las habitaciones por la falta de aire acondicionado. 

Por otra parte, también denuncian que, "en innumerables ocasiones, el personal de limpieza está ayudando con las comidas" y que algunos trabajadores tienen "que asistir en sus días libres a abrir la cafetería o a hacer las cenas porque no hay cocinero". 

De igual manera, los familiares se muestran descontentos con el hecho de que no se saque a los residentes "al aire libre" y que no se les deje "dormir siesta", generando que haya "personas que dormitan, en muchos casos, atadas a la sillas con posturas inhumanas e insalubres". 

Finalmente, otra de las quejas del documento se refiere a la desaparición de ropa de los usuarios, un fenómeno reiterativo según la asociación, "quedando sus armarios cada vez más vacíos ocasionándoles más desorientación y sufrimiento por la pérdida de sus pertenencias". 

La Comunidad se pronuncia

Por otro lado, desde la Consejería de Políticas Sociales, Familias y Natalidad afirman que "independientemente de esta acción en la Fiscalía, nosotros nos vamos a preocupar por todos los centros, no sólo por éste en concreto". "La intención del consejero Alberto Reyero es analizar con detalle todos los centros bajo nuestra responsabilidad. De hecho, ya ha solicitado toda la información de los contratos de gestión indirecta que hay vigentes a la directora general de Atención al Mayor", señalan.

Por ello, desde la Comunidad se afirma que, en función de lo que se encuentren, "actuarán". "Vamos a estudiar todos los contratos que hay vigentes para saber si se están cumpliendo las condiciones de los mismos y vamos a ver también los centros para conocer si funcionan correctamente", explican. 

En relación con la empresa gestora Aralia, este diario ha intentado ponerse en contacto con la entidad para conocer cuál va a ser su posición frente a estas denuncias, pero no ha recibido respuesta.