Familiares de residencias denuncian límites arbitrarios a las visitas y falta de personal

La situación en las residencias de mayores vuelve a preocupar de cara a una posible tercera ola de coronavirus en España. Desde junio, han muerto más de 1.400 personas en estos centros y cada vez, a medida que aumenta la incidencia en las distintas comunidades, son más frecuentes los brotes con 10 o más casos, llegando a superarse, en algunos centros, las 100 infecciones.

Además, según asegura Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma de Familiares Pladigmare (@pladigmare), muchos centros todavía no han tomado las medidas adecuadas para prevenir contagios, como dotarse de personal suficiente con la formación adecuada ni tampoco se está tratando correctamente el impacto psicológico del confinamiento en los dependientes. Sobre estos temas ha conversado 65Ymás con Vázquez, que lleva años trabajando en la defensa de los residentes con su asociación que actúa en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  

Pregunta - Con la incidencia descontrolada en buena parte de España, ¿cómo afrontan las residencias madrileñas una posible tercera ola? ¿Qué tareas pendientes quedan en estos centros? 

Respuesta - Es mejorable prácticamente todo, por ejemplo, el régimen de visitas en las residencias de la Comunidad de Madrid, que se establece teniendo en cuenta dos variables, la incidencia acumulada de la región –si supera los 80 casos por cada 100.000 habitantes, se está en el tercer nivel, es decir, una visita por semana– y el tema de la inmunidad que exista en la residencia. Pero vamos a tardar mucho tiempo en pasar a un nivel inferior al 3, ya que andamos con 400 y pico de incidencia en la Comunidad y no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad. Además, está claro que todos los científicos son conscientes de que el estado anímico de los residentes es muy importante y ayuda el poder verlos con todas las medidas de seguridad. Actualmente, hay 35 residencias en Madrid que han suspendido las visitas y eso nos hace temblar: si se suspenden, es porque no se controla la epidemia. Por ello, hemos pedido la intervención de esos centros, que no sabemos cuáles son, porque hay mucho descontrol. Pero existe una orden de la Consejería de Sanidad, aprobada después del Estado de Alarma, que permite esa intervención. La hemos pedido y no hay respuesta. 

P. - Y a parte de garantizar las visitas, ¿qué más se podría hacer?

R. - El problema es cómo se controla al 92% de las residencias que no tienen gestión pública.

Por una parte, parece que se está aprendiendo de esta epidemia y que, ahora, se van a elaborar planes de contingencia. En estos, debe haber una zona roja para contagiados, una amarilla, para los que tienen síntomas y, una verde, libre de contagios. Además, las residencias tienen que garantizar que pueden clasificar a los residentes en los cuatro grupos, es decir, confirmados, contactos estrechos con síntomas, sin síntomas y los que no hayan tenido esos contactos.

Pero, una vez más, no tenemos garantía de que esos planes estén establecidos en todas las residencias. Además, hay una cosa que no hemos aprendido. Y es que todos sabemos que el virus ha entrado en las residencias, fundamentalmente, porque los trabajadores lo han introducido y porque no tenían la preparación para actuar. Nosotros insistimos: la formación es importante y también la dotación de EPIs, porque las reservas son tan sólo para 15 días. 

Encima, la patronal parece que no ha aprendido. No se puede decir que lo que hay que hacer es sacar a la gente de la formación profesional, darles un curso de geriatría y, con eso, ya nos evitamos contratar enfermeras. La solución es más formación. Lo que pasa, es que eso implica mayor salario, y es lo que no quieren. Quieren ahorrarse dinero. 

P. - Según estudios realizados por varios sindicatos, sigue faltando personal y eso afecta no sólo a la prevención, sino también a la calidad del servicio.

R. - Va todo unido. Nos tememos que las residencias afrontan la segunda ola con menos personal que en la primera. Debería haber mayores ratios para poder atender mejor a los residentes. Hemos pedido cambiar los criterios. E incluso, si se siguen los parámetros actuales, estas ratios deberían ser superiores, porque cuentan a todos los trabajadores como si estuviesen las 24 h. del día. 

Además, es la pescadilla que se muerde la cola, tenemos poco personal y, por ello, no se pueden ofrecer las visitas con las medidas de seguridad correspondientes. Así que, al final, se está incumpliendo con los mínimos establecidos. Ahora mismo, en el nivel 3, el que se haga una visita a la semana es un mínimo exigible y, en algunos casos, se están reduciendo o suspendiendo del todo. Y todo eso, es por la falta de personal. 

Es algo vital que se aumenten las ratios. El otro día, en la Comisión de Investigación de la Comunidad a la que fui, les propuse que comparasen seis residencias sin casos y seis públicas de gestión privada con más incidencia y que lo relacionasen con las ratios. El resultado, es que cuatro de las que tenían más incidencia habían sido sancionadas anteriormente por falta de personal respecto a lo que estipulaban los pliegos de prescripciones técnicas. Se deberían establecer unas ratios de manera científica para que no falte gente en vacaciones, en fin de semana o cuando estén enfermos, pero no se hace, porque uno de los beneficios económicos sale de la falta de personal. 

Además, el que no haya suficientes trabajadores también afecta a cosas como que les den la comida fría, que no les lleven al servicio o no les cambien el pañal. Al final, si no es el coronavirus, acaban pillando una infección de orina.

P. - ¿Hace falta modificar la Ley de Dependencia para que esto cambie en todo el país?

R. - Los servicios sociales no están establecidos en la Constitución como competencia exclusiva del Estado, ni éste se ha reservado el derecho de regular las bases o los mínimos en relación a este tema. Las comunidades los han asumido como propios en sus estatutos de autonomía.

Así que, desde que comenzó todo esto en el 78, lo único que se ha establecido, a nivel general, es la Ley de Dependencia, donde se establece que las residencias son una prestación social básica y que hay un Consejo Territorial, con los consejeros de Servicios Sociales y las autoridades estatales. Ese Consejo tiene unas competencias que le han permitido establecer, por ejemplo, las cualificaciones que deben tener los trabajadores (gerocultores, auxiliares…) y las ratios mínimas que tiene que haber en las residencias para acceder a algún tipo de subvención. 

Ese es el marco que hay que modificar. Si hay que cambiar en algo la Ley de Dependencia, ese es el mecanismo que hay que emplear. Y una de las cosas que se podría cambiar es el tema de la participación de los familiares: se podría introducir perfectamente la posibilidad de que existan órganos de participación. U otra de las cosas que se podría modificar podría ser la formación exigida a los trabajadores.

Así que, igual que han hecho en Sanidad con diferentes acuerdos con los Consejeros de Sanidad, se podría hacer en Políticas Sociales, con los consejeros. Ese es el marco. Cualquier otro, es de contenido imposible. 

P. - ¿Qué les parece el archivo de varias de las querellas interpuestas por familiares contra los gestores de residencias y políticos? ¿Creen que fue una buena estrategia recurrir a los tribunales?

R. - En principio, las noticias que tenemos hasta ahora son que la Fiscalía sigue investigando, salvo en aquellas denuncias en las que hay un procedimiento judicial, como nos acaba de comunicar la Fiscalía para el caso de la residencia Peñuelas. Pero sólo hablo de las 59 denuncias que pusimos nosotros, no del resto.   

No conocemos el contenido de las demás y no sabemos los términos en los que estaban planteadas. Nosotros denunciábamos el incumplimiento de las órdenes del Ministerio de Sanidad, en función de los datos que teníamos. 

Además, hemos hecho una reunión telemática con abogados y lo que se ha decidido es que hay dos posibilidades: esperar a que la Fiscalía se pronuncie sobre las investigaciones en curso o que traten de materializar la denuncia a nivel personal con su caso concreto.