Familiares de residencias de Madrid: "Los mayores no pueden ser atendidos por un modelo 'low cost'"

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La Comunidad de Madrid inicia el proceso para rescindir el contrato con DomusVi en una residencia

Familiares y trabajadores de varias residencias​ de la Comunidad de Madrid se han concentrado este jueves, delante de la Consejería de Políticas Sociales, Familia y Natalidad, para exigir que los centros residenciales públicos de gestión privada "sancionados" pasen a ser gerenciados por la administración pública y, más en concreto, por la Agencia Madrileña de Atención Social. 

Lo hacen tras enterarse, a principios del mes de febrero, de que la Consejería de Políticas Sociales, dirigida por Alberto Reyero (Ciudadanos), pretende sacar a concurso la gestión de los cuatro centros (Peñuelas, Parque de los Frailes, Ensanche de Vallecas, a cargo de la empresa Aralia y Usera, de DomusVi) a los que abrió un expediente para la rescisión de contrato, por la subcontratación de personal de atención directa (prohibida por los pliegos de contratación), una medida que, para los familiares, no es la "solución". 

Además, los concentrados han recordado que Reyero votó en 2018, cuando estaba en la oposición, a favor de que la gestión de las residencias de mayores externalizadas (18 en toda la autonomía) pasase a ser pública. "Creemos que es una oportunidad para reequilibrar la situación que hay en la Comunidad, en la que el 92% de estos centros están en manos privadas. Eso conlleva que mucha gente que tiene la necesidad de una plaza pública no la encuentre, y que tenga que irse a una privada y vender todo su patrimonio para pagarla", ha explicado a 65Ymás el presidente de la Plataforma de Familiares por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (@pladigmare), Miguel Vázquez.

Concentración delante de la @ComunidadMadrid para pedir que las residencias sancionadas pasen a ser de gestión pública @AdemafF @pladigmare pic.twitter.com/jQ5w6XnCn1

— 65ymas (@65ymuchomas) March 5, 2020

Así, con este cambio de gestión que proponen desde Pladigmare aumentaría la ratio de personal en los centros, concretamente, ha asegurado Vázquez, de 0,70 (externalizadas) a 0,93 (públicas). Y eso redundaría en un mejor servicio y "mejor atención", algo que llevan año reclamando desde su asociación. 

Por su parte, el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Servicios Sociales y la Diversidad Funcional (@DiciembreYo), Adrián Garzón, ha denunciado que haya "empresas que son una y otra vez sancionadas y que siguen gestionando lo público". "Es otra vez más de lo mismo, de qué vale que les sancionen. Ese dinero que van a pagar va a salir de precarizar los sueldos, prestaciones o materiales", ha señalado. 

"No nos olvidemos que son residencias en las que hay personas dependientes y no pueden ser atendidos por un modelo hotelero y low cost, debe ser sociosanitario. Actualmente, tenemos un sistema donde las licitaciones se dan a la oferta más baja", ha añadido. 

Así, el portavoz de la Plataforma ha criticado que en la Consejería "no creen en lo público" y, por esta razón pretenden volver a sacar a concurso la gestión de estos centros, si finalmente se terminan rescindiendo los contratos, ya que aún no es una medida definitiva y se deberán tener en cuenta las apelaciones de las empresas implicadas.

 

También han estado presentes en la concentración trabajadores de las residencias sancionadas, como Florencia, miembro del comité de empresa del centro de Usera. A su parecer, el que hecho de que pueda volver a salir a concurso la gestión "es más de lo mismo". "No es un cambio de fondo", ha sostenido. Aunque ha matizado también que la apertura del expediente por parte de la Comunidad se vivió con alegría por parte de la plantilla, que llevaba ya años denunciando las deficiencias y falta de personal en el centro. 

La Comunidad

Por su parte, la Comunidad ha asegurado a este diario que siguen optando por el "modelo público-privado", aunque valoran revisar su funcionamiento. "Como consecuencia de esta revisión, ya ha habido residencias que han estado rescindidas o en periodo de rescisión de su contrato", han apuntado.

Unas declaraciones que van en la misma línea de las de Reyero a principios de febrero, cuando afirmaba que seguirían manteniendo el modelo de gestión indirecta, pero con mayor "control" y pliegos más "exigentes", revisando asimismo las ratios. "Entendemos que es la única vía que tenemos para garantizar el servicio cuando colaboramos desde la Administración Pública con empresas privadas", aseguraba el consejero.