Familiares, sobre las restricciones en residencias: "A nivel emocional, ha sido un desastre"

Las residencias de mayores siguen sin registrar casi brotes y se mantienen, seis meses después del inicio de la campaña de vacunación, libres de virus. Sin embargo, la vida en estos centros –en los que han fallecido más de 30.000 personas por Covid– no ha vuelto a la normalidad.

Las familias pueden ver a sus seres queridos, pero con mascarilla y por un tiempo limitado, las actividades grupales se realizan siguiendo protocolos de seguridad y los trabajadores siguen portando mascarilla, aunque estén, casi en su totalidad, vacunados.

A pesar de todo, la situación es mejor que hace unos meses, cuando no se permitía entrar a las familias, se realizaban visitas a distancia, los mayores no podían salir de los centros –salvo en contadas excepciones– y los usuarios debían pasar la mayoría de su tiempo encerrados en sus habitaciones.

Aun así, y aunque actualmente las restricciones sean mínimas, los familiares, que ya pueden transitar por los centros y subir a los cuartos, se están volviendo a encontrar con problemas prepandémicos en algunas residencias como la falta de personal o la atención deficiente, según denuncia el presidente de la plataforma de familiares Pladigmare (@pladigmare), Miguel Vázquez. 

Pregunta - ¿Cuál es la situación actual de las residencias?

Respuesta - La situación actual es que, efectivamente, la mayor parte de los mayores están vacunados y, por tanto, debería haber cada vez una flexibilización en las visitas y las salidas. Hay protocolos que establecen que, como mínimo, se puede visitar a los mayores tres veces a la semana durante una hora y existe la posibilidad de entrar en las habitaciones, porque los familiares lo estamos demandando, para ver que falta de ropa puede haber y qué carencias puede haber en cuanto a su aseo personal.

Sin embargo, hay flexibilidad en cuanto a las posibilidades de ver al mayor al aire libre, pero todo depende siempre de la situación que consideren las residencias que existe dentro de las mismas. Por ello, nos tememos que se estén produciendo arbitrariedades. 

P.-  ¿Arbitrariedades de qué tipo?

R.- Pues de que, en algunos sitios, se establecen citas de una forma cerrada, cuando debería ser de común acuerdo entre familiares y residencias. También consideran, en ciertos centros, que no es oportuno entrar a las habitaciones, sin decir por qué.

Creemos que hay que tomar unas decisiones más claras y concretas para no dejar tanto margen a las direcciones de las empresas, porque mucho nos tememos que, a nivel de personal, las residencias estén peor que en prepandemia –con menos y con más dificultad para encontrar trabajadores, porque suelen ser contratos temporales, con salarios muy bajos–.

Por ello, las visitas se deberían establecer de una forma más clara, para no dar lugar a la arbitrariedad y que los familiares puedan controlar si existen estas deficiencias, denunciarlas e intentar que se solucionen.

Además, la población está cada vez más vacunada y hay que avanzar hacia situaciones en las que se pueda entrar con más libertad que ahora, aunque sea con medidas de seguridad, si es que hay familiares que no estén vacunados.

P.- ¿Son optimistas respecto a esto último? ¿Creen que veremos pronto el fin de las mascarillas en las residencias?

R.- Las restricciones y las medidas de seguridad tienen que ser los expertos los que las establezcan. Nosotros, lo que nos tememos, es que se está aprovechando la pandemia por parte de las empresas para tapar una realidad que no es la más deseable en cuanto a falta de personal. Existía antes, pero ha habido muchas bajas y gente que no quiere trabajar ya en residencias. Es un problema que hay que abordar y la administración no puede mirar hacia otro lado. En aquellas residencias en las que haya pliegos de prescripciones técnicas, qué mínimo que cumplir con ese contrato. Y si no cumplen, tienen que abrir expediente, para sancionar. Hemos denunciado casos y nos reconocen que hay falta de personal, que las empresas hacen todo lo posible, pero luego no les abren un expediente. 

P.- Con la vuelta de las visitas en las habitaciones, ¿se han encontrado con sorpresas desagradables como pérdida de ropa o desorden?

R.- Hay residencias en las que, eso de entrar, no les parece oportuno y no se puede. Antes de que ocurriese lo del Covid, ya nos encontrábamos con estas situaciones como tener ropa que no era de ellos o que les faltase.

Ahora mismo, cuando están entrando, los que puedan hacerlo se encontrarán con ese tipo de situaciones. El problema, es la inquietud de los que no pueden hacerlo y que no pueden saber lo que necesitan en estos momentos. 

P.- ¿Creen que volverán a recuperar el control que tenían antes de la pandemia​ para fiscalizar lo que ocurre dentro de las residencias?

R.- Lo tenemos que recuperar. No estamos dispuestos a perder esa posibilidad. Una residencia es un hogar. Debería serlo. Es el domicilio de nuestros familiares. Lo que no puede ser es que haya sitios en los que consideren que dejas a los mayores como si fuesen propiedad suya y que, en ese momento, ellos hacen y deshacen. No son prisiones. La normalidad la vamos a recuperar, cueste lo que cueste. Queremos que se vuelva a la situación anterior, y si se puede mejorar, pues que se mejore. 

 

P.- ¿Cómo ha afectado desde el punto de vista psicológico a mayores y familias este año y medio de pandemia y restricciones?

R.- A nivel emocional, ha sido un desastre. Hay que tener en cuenta que muchos residentes han estado aislados en sus habitaciones y que se les daba la comida como en una prisión, cuando no puedes tener contacto con el preso. Ha sido un desastre emocionalmente que requeriría la intervención de psicólogos para recuperar a mucha gente.

P.- ¿No está habiendo intervención psicológica?

R.- Que nosotros sepamos, no. Ha habido algún intento de suicidio dentro de las residencias. Y los familiares, los que han perdido a un ser querido, algunos no han terminado de cerrar el duelo. No se les ha pedido ni perdón por lo que ha pasado. Y algo se habrá hecho mal, al menos, en la Comunidad de Madrid, en Cataluña o en Castilla y León, donde ha habido un exceso de fallecimientos en relación a las plazas que hay en cada comunidad.

Nadie ha dado ninguna explicación. Nadie ha dicho: "Hicimos todo lo que pudimos, pero nos equivocamos en algunas cosas". No ha habido autocrítica.

Y en Madrid, sabemos que esto ha sido la culminación de una forma de pensar cómo tenían que ser las residencias: se veían como un problema en el que no se iba a invertir, que se dejaba a las empresas para que se hiciese negocio. Y con la pandemia, el modus operandi fue el mismo. Por eso, mientras se hacían protocolos para no derivar a los hospitales, no se querían asumir las competencias que desde Sanidad se otorgaban a las Consejerías para intervenir las residencias. El resultado han sido más de 8.600 fallecimientos y un 52,9% de sobremortalidad, según la epidemióloga Victoria Zunzunegui. 

Fuente: Imserso, 20 de junio de 2021. 

 

P.- ¿Están viendo secuelas de la pandemia desde el punto de vista físico y cognitivo en residentes?

R.- Se notan estas secuelas. Si dejas de dar paseos, de levantarte, de acudir al baño o de hacer ejercicio a esas edades es muy difícil recuperarse. Cuesta mucho más trabajo.

¿Y cuántos fisioterapeutas hay en las residencias? Pues el nivel de personal no está pensado para la atención a los mayores. En el momento que las comunidades no se han querido ocupar de ellas, se han dejado a las empresas, garantizándoles beneficios que se obtienen a costa de la atención, con menos personal.

Así que, con uno o dos fisios que no cubren ni las 24 horas del día y en residencias de ciento y pico personas, es difícil que se pueda atender correctamente a las personas.

Tendría que haber un análisis a nivel nacional para ver cuál es la situación y poder tomar medidas de forma urgente. Eso, si queremos considerar que los mayores son dignos que se les atienda como se debe. 

P.- ¿Qué papel juega la inspección en todo esto?

R.- Hay 200 inspectores en toda España para controlar 300.000 plazas. En Madrid, hay 22 para 50.000 plazas. Tiene que cambiar el método de inspección. Existen las periódicas, que creemos que se avisan, y las esporádicas, que se hacen cuando algún familiar denuncia. Pero no puede ser que la denuncia se traslade a la residencia, que ésta haga un informe, y que la respuesta que se de al familiar sea sólo ese informe.

Luego, hay inspectores que van in situ, pero no se deberían quedar con una entrevista con la dirección, también tienen que hablar con familiares y trabajadores y, desde luego, no con la gerencia al lado. El método de trabajo debería cambiar y una parte importante del control lo tendrían que llevar a cabo los órganos de representación en las residencias. 

P.- ¿Esos órganos de representación cómo funcionan? ¿Son como los comités de empresa pero de familiares? 

R.- Hay consejos de residentes o usuarios en todas las residencias con subvención pública. En Madrid, debería haber 200 y pico consejos, pero no creo que lleguen a 30 y la representación de los familiares es prácticamente nula. Sólo puedes hacerlo si tienes la tutela efectiva de tu familiar.

Nosotros queremos que haya participación, con un colegio electoral específico y que puedan tener representación junto a los familiares. Y esto es porque, cuando va una inspección, muchas veces, no tienen familiares con los que hablar. Así, podrían dirigirse a ese Consejo. Todo eso tiene que servir para que haya una mejor atención a los mayores. 

P.- Antes de la pandemia, los casos puntuales de maltato a mayores en residencias preocupaban a muchos familiares, ¿cree se han podido producir situaciones de este tipo durante este año y medio en el que era difícil de saber si se producían por las restricciones?

R.- Ha podido pasar de todo. Pero hay un maltrato institucional que se ha visto potenciado al 100%: no hay peor maltrato que no querer derivar a una persona a un hospital porque es un viejo. Y eso se ha producido. No hay peor maltato que la falta de atención.

Además, si denunciábamos antes de la pandemia que había poco personal y, durante la pandemia ha habido un 40% de bajas, ¿cómo se ha estado atendiendo a los mayores en las residencias? Como comentaba antes: les dejaban la comida debajo de la puerta y se iban. Amnistía Internacional lo tituló 'Abandonados a su suerte' y, Médicos Sin Fronteras, 'Poco tarde y mal'.

P.- ¿Qué lecciones sacan del paso de la pandemia por las residencias? 

R.- Hay un aspecto fundamental que es la formación de los trabajadores en pandemias. Se ha pensado que cualquiera sirve para atender a un mayor en una residencia y no es verdad. Hay que formarse y debe pagarse bien. También se tiene que estudiar el tamaño de las residencias e ir hacia unidades de convivencia para poder cortar la propagación de la pandemia. Además, tiene que haber un stock de EPIs para un mes y planes de contingencia para casos de epidemia. Creo que se han aprendido cosas, pero debería haber una inspección que esté más encima. 

 

P.- Una gran parte de las denuncias que han interpuesto los familiares por lo ocurrido en la primera ola, en la cual fallecieron casi 20.000 mayores en residencias, han sido desestimadas, ¿se sienten desfraudados por la Justicia?

R.- Hay una sensación de abandono y de incomprensión. Hasta ahora, nadie se ha cuestionado que los protocolos en la Comunidad de Madrid o que la actuación de otras CCAA haya sido la correcta o no. Nos merecemos una explicación.

Estamos de acuerdo que nadie se esperaba esto, pero si luego te dicen que hagas algo y no lo haces, algún tipo de responsabilidad tendrás. Si te piden que asumas competencias, no lo haces y dictas protocolos para no derivar, es decir, no les atiendes ni en residencias ni en hospitales, pues no hace falta ser un Premio Nobel para saber que les estás condenando a morir.

Entonces, hay una responsabilidad. Las Fiscalías están entrando caso por caso, en función de que no hayan cumplido los protocolos. Pero hay que cuestionarse si esos mismos protocolos no han posibilitado que se desistiese de llamar a los hospitales, porque se sabía que no iban a hacerles caso.

Nosotros nos vamos a presentar como acusación popular en algún procedimiento para tratar de que ese tipo de responsabilidades se diluciden o para que nos expliquen porque no ha habido esa responsabilidad.