La Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias (La Plataforma) ha solicitado a los diferentes gobiernos de las Comunidades Autónomas que definitivamente habiliten la entrada de los familiares en las residencias sin las limitaciones “salvajes, inhumanas e ilegales que viene soportando este colectivo social y las usuarias de estos centros una vez sustanciada la vacunación masiva en los 5.500 geriátricos repartidos por el Estado español, y una vez concluidos también los estados de alarma".
Asimismo, piden a la Fiscalía General del Estado y a las Fiscalías Superiores autonómicas que investiguen "si se están vulnerando derechos fundamentales y constitucionales en las restricciones marcadas por las administraciones y empresas geriátricas en el acceso de las familias a las residencias".
"Las residencias de mayores y dependientes en España están viviendo una situación incongruente, contraria a la lógica", apuntan.
Actualmente, en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, solo se permiten 3 horas de visitas semanales como media, con territorios como Cataluña o Andalucía con una sola visita semanal, "un régimen similar al que se desarrolla en las prisiones", comentan en un comunicado.
"Esta última comparación no solo es un símil: muchos usuarios y sus familias", aseguran, "utilizan la expresión 'encarcelados' para referirse a la situación alarmante de suspensión de las libertades que soportan los residentes. En julio de 2020, con buenos datos en cuanto al contagio en la población, pero sin vacunación y sin seguridad en el futuro más próximo, los planes de reactivación de los centros residenciales que habían suscrito entonces las administraciones permitían una mayor apertura de las residencias, posibilitando incluso visitas diarias dependiendo de la evolución epidemiológica, una situación que choca radicalmente con las actuales limitaciones. Un retroceso comparativo inexplicable", denunian.
Muy lejos de la “normalidad” pre-pandémica
"Alcanzar lo que diferentes administraciones llamaron alegremente 'normalidad’ en la actividad en las residencias se ha convertido en una auténtica ilusión", se lamentan desde La Plataforma.
"Desde finales de mayo de 2020, durante la denominada desescalada, las administraciones aprobaron y dieron a conocer protocolos, normativas o instrucciones, denominadas en la mayor parte de los casos 'planes de reactivación', tendentes a recuperar la normalidad en los centros residenciales una vez cubiertas varias etapas de adaptación a una situación epidemiológica benigna tras la masacre de marzo y abril, en el primer tramo de la pandemia. En algunos de esos textos se especificaba el significado de normalidad: 'Recuperación del régimen de visitas establecido con anterioridad a la crisis sanitaria' y el 'restablecimiento de las actividades' que se realizaban, también, antes de la aparición del coronavirus. Hoy, con los actuales regímenes de visitas 3 horas semanales de visitas como máximo, estamos muy lejos de la normalidad pre-pandémica", critican.
"En buena parte de las Comunidades Autónomas, y desde mediados de febrero, los protocolos e instrucciones reguladores de las visitas no han cambiado significativamente. En el mejor de los casos, se contemplan las consabidas tres visitas semanales de un máximo de una hora de duración", prosigue el comunicado.
Así, en Catalunya y Andalucía "solo se permite una visita semanal de una ridícula media hora de duración", comentan. "En la Comunitat Valenciana, con una normativa muy ambigua que deja la frecuencia de la presencia de los familiares en manos de las operadoras, una o dos visitas, con una extensión de 45 minutos. En Euskadi, Galicia y Comunidad de Madrid, básicamente 3 visitas semanales de una hora. En Castilla y León, Aragón y Canarias, sí se ha llegado a posibilitar visitas diarias, pero con muchísimas reticencias de las direcciones de los geriátricos, y siempre sin libertad de horarios", añaden.
Además, señalan, "un gran número de empresas operadoras incumplen a la baja las instrucciones de las Comunidades Autónomas; en otros casos la propia administración se limita a hacer recomendaciones, dejando en manos de las empresas la decisión del número de visitas semanales y su duración, un contrasentido que redunda en más restricciones. Incluso, lamentablemente, se siguen produciendo demoledores confinamientos, conculcando las leyes y los derechos fundamentales de los residentes, con el beneplácito de los poderes públicos que nada o poco hacen para evitarlo".
Relajamiento de medidas para todos, excepto para las residencias
El pasado 21 de febrero el propio Gobierno español ratificaba la impresión generalizada: los contagios en las residencias de mayores se habían desplomado en apenas un mes. Los positivos habían disminuido tras la vacunación un 95%, hoy ya prácticamente un 100%.
Desde La Plataforma "ven incoherente que se hayan relajado las medidas para el resto de la población, aunque el porcentaje de vacunación no sea muy alto, y sin embargo, se mantengan cortapisas severas para las visitas y salidas de los residentes, a pesar de que en los geriátricos la vacunación finalizó hace cuatro meses, con extraordinario éxito".
"Estas limitaciones en el régimen de visitas se enfrentan también al ordenamiento jurídico. El estado de alarma concluyó el día 9 de mayo, también para los residentes, que continúan siendo ciudadanos de pleno derecho, por lo que no cabe aplicarles medidas restrictivas a sus derechos fundamentales. A pesar de ello, las empresas gestoras siguen aplicando múltiples impedimentos a los encuentros de familiares y usuarias, con la inacción de las administraciones, convirtiendo las residencias en búnkeres de imposible acceso, con la única pretensión de ocultar las pésimas condiciones de vida de los residentes, resultado de los incumplimientos y reducción de costes para obtener el máximo beneficio, política que practican sin rubor las operadoras. La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las restricciones generales en las Islas Baleares, avala que las actuales medidas limitadoras en las visitas a las residencias y salidas de los residentes, sin estado de alarma y sin riesgos epidemiológicos graves en la población, no se sostienen jurídicamente", concluyen.
Los familiares no pueden evaluar la calidad de los servicios
Es por ello que desde La Plataforma observan "una entente estratégica de facto entre administraciones y empresas operadoras en cuanto a mantener las restricciones al acceso de los familiares y aplazar sine die la normalización de la vida y actividades en los centros residenciales. Por un lado, las direcciones de las residencias pueden seguir ofreciendo unas prestaciones asistenciales deficientes, sin control, puesto que el papel vigilante que venían ejerciendo las familias se ha maniatado con el régimen de visitas establecido y las medidas de seguridad imperantes que prácticamente prohíben el acceso de las familias al interior de los edificios, zonas comunes y habitaciones incluidas, vitales para conocer de primera mano la calidad del servicio que están recibiendo las personas mayores. De la misma forma, se hace invisible para las familias determinar el contingente laboral con el que cuenta cotidianamente cualquier residencia, uno de los grandes caballos de batalla de las denuncias realizadas por familias (y trabajadoras) contra las empresas antes de la pandemia, y que todos los indicios apuntan a que se ha empeorado en el cumplimiento de las ratios de personal, ya obsoletas de por sí al mantenerse las normas que se aprobaron en el siglo pasado".
"La Administración por su parte no ha entrado en las residencias con el rigor de la ley. En la pandemia se ha mostrado incapaz para promover medidas respetuosas con los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ha permitido confinamientos intolerables en las habitaciones que han ido más allá de las normativas anti-covid. No se ha vigilado el trato dado a las personas residentes indefensas, un trato degradante en muchos casos, que ha generado incluso muertes o lesiones muy graves derivadas de desnutrición o deshidratación severas, con resultados de úlceras de tamaño extraordinario, o con una pérdida irreparable en la movilidad física o un deterioro cognitivo aún más profundo. Las Comunidades Autónomas, sin excepción, siguen sin ofrecer garantías transparentes de control de la calidad del servicio de las residencias al permitir un cuerpo de inspección totalmente disminuido, sin el número de inspectores y de controles necesarios", continúan.
Por ello, La Plataforma solicita "la intervención garantista e investigadora de las Fiscalías, como así lo determina su función tuitiva en cuanto a la vigilancia del respeto a los derechos de las personas mayores, sobradamente pisoteados por empresas operadoras y administraciones. Más allá de la pandemia, las personas que viven en residencias no están siendo tratadas como ciudadanos de pleno derecho. Las medidas limitadoras de sus libertades que están adoptando administraciones y empresas operadoras suponen un duro golpe a la dignidad, autoestima e igualdad de derechos de estas personas sumamente vulnerables. Por ello, también, La Plataforma, como voz legítima de miles de usuarias de residencias en el Estado español, pide a los Gobiernos la erradicación inmediata y definitiva de las limitaciones a las visitas en las residencias. El miedo o por su seguridad son razones inaceptables desde los puntos de vista científico y ético".
