De no pagar casi nada por la factura de la luz a pagarlo todo. A partir del 1 de octubre Endesa ha eliminado la bonificación sobre la factura de la luz de la que disfrutaban hasta ahora 9.000 trabajadores en activo y más de 26.000 jubilados, viudas e hijo huérfanos ante la falta de acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo de la empresa. Las dificultades en la negociación en las que esta partida para los "pasivos" ha sido el principal escollo, han forzado esta semana el encierro de los sindicatos en la sede de la eléctrica en Madrid de manera "indefinida".
Sorpresa en la factura
"No estábamos preparados para esto", cuenta a 65YMás Miguel, jubilado de 66 años que ha trabajado en la eléctrica más de 40 años y que durante décadas ha gozado de la tarifa de empleado por la que trabajadores y ex trajadores sólo se hacían cargo en su recibo de los peajes regulados de la factura y de los impuestos, mientras que la parte del consumo eléctrico (entre un 35 y un 40% del recibo final), corría a cargo de la empresa.
La medida se ha hecho efectiva este mes, tal como la eléctrica anunció por carta avalada por una sentencia a la Audiencia nacional, actualmente recurrida pero ha pillado desprevenida a muchos de sus jubilados. "Nos ha llegado el caso de una mujer de 84 años en Teruel, viuda de un ex trabajador de Endesa fallecido que no sabe cómo se hará cargo a partir de ahora del pago de esta factura", explica a este diario Manuel Roncero, vicesecretario general del Sindicato Independiente de la Energía (SIE).
Salario en especie
"A mi en su día me vendieron un salario en especie vitalicio que incluía entre otras cosas estas bonificaciones y no puedo comprender por qué ahora me lo han quitado", insiste Miguel, ex trabajador de la eléctrica y uno de los afectados por la medida. "Esto era muy común antes, cuando las subidas de sueldo eran difíciles de conseguir. Por eso me parece indigno, porque me corresponde, tal como quedó reflejado en los papeles cuando yo me jubilé".
Aún así, Miguel no se platea cambiarse de distribuidora eléctrica, "eso sería renunciar a nuestros derechos". Él se mantendrá en Endesa pero reconoce que ha cambiado totalmente su percepción de la empresa "es como si alguien estuviese metiéndote la mano en el bolsillo en el momento que menos te lo esperas, cuando estás jubilado".
Sindicatos mantienen el encierro
Y no solo están en juego los beneficios sociales de los jubilados sino de cerca de 4.500 empleados actuales de Endesa que tendrían derecho a esta bonificación una vez alcanzasen su jubilación y que podrían ahora perderlo. "Hemos recibido muchas presiones pero no vamos a permitir que se toquen los beneficios sociales y la tarifa del empleado", ha expresado Manuel Jaramillo, secretario general de UGT, que ha decidido junto a los otros dos secretarios generales de los sindicatos, José Manuel Falagán, de CC.OO. y Carlos Vila, de SIE encerrarse de manera indefinida en el interior de la sede de la eléctrica en Madrid.
"Tenemos todo lo necesario para pasar aquí el tiempo que haga falta hasta que Endesa reconozca los derechos de nuestros trabajadores y ex trabajadores jubilados" declara Carlos Vila, representante del sindicato SIE mientras muestra a 65YMás las tiendas de campaña en la que han pasado estas últimas noches. "Cuando todo el mundo se va, hace frío y se oyen ruidos extraños", comenta Vila desde el edificio de Endesa en Ribera de Loira.
Los secretarios generales de SIE y UGT en la sede de Endesa.
Las medidas irán en aumento
"Las medidas irán in crescendo. Ahora somos tres compañeros, pero no descartamos que se unan más en los próximos días y que venga quien tenga que venir", ha insistido Manuel Jaramillo, de UGT. "Lo que no vamos a permitir es que cambie el modo de vida de las personas que han trabajado y que se han jubilado con ciertas condiciones", recuerda José Manuel Falagán, de CC.OO. "Estamos dispuestos a ejercer la presión sindical a todos los niveles", afirman.
Todo ello tras la reunión mantenida este jueves entre ambas partes y en la que los sindicatos han dado dos únicas opciones: "retirar las medidas que afectan a los beneficios sociales y la tarifa del empleado o aceptar una posición de arbitraje". Así, la Dirección General del Trabajo ha propuesto “la conveniencia, o incluso la necesidad” de recurrir a un intermediario para que resuelva las principales discrepancias" entre ambas partes. "Ahora mismo, no vemos otra solución", asegura Manuel Jaramillo, de UGT.