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La Fiscalía General del Estado (FGE) ha elevado este martes hasta 86 el número de residencias investigadas penalmente por el Ministerio Público como consecuencia de la situación creada por la pandemia de COVID-19 y casi la mitad de ellas, un total de 40, se encuentran en Madrid. El pasado viernes informó de que las investigaciones por posibles delitos se limitaban a 38 residencias.
Añade que actualmente también constan abiertas 121 diligencias civiles, que se enmarcan en la labor tuitiva del Ministerio Fiscal en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad.
Los datos, actualizados a fecha de este lunes 20 de abril, son notablemente más elevados que los ofrecidos por esta misma institución el pasado viernes, cuando informó de que el número de diligencias penales en todo el país era de 38, un total de 19 en residencias situadas en Madrid; mientras que el número de los informes de seguimiento en el ámbito civil era sin embargo mayor que el aportado en este último recuento, al cifrarse en un total de 124.
Fuentes de la Fiscalía atribuyen la diferencia a que no puede hablarse de una "foto fija" y adelantan que los datos pueden seguir variando según pasen los días, puesto que algunas diligencias son archivadas y otras dejan de contar para la Fiscalía al ser judicializadas. Así ocurre con dos investigaciones penales de las que se informó el pasado viernes en dos residencias de Murcia y otro centro en Valencia, que han sido archivadas y no aparecen en el listado distribuido este martes.
Así, según el último recuento se investigan penalmente 40 residencias en Madrid, 1 residencia en Zaragoza; 1 en Arrecife-Puerto del Rosario; 7 en Castilla y León (1 por la Fiscalía Superior, 1 por la Fiscalía de Soria, 1 en Salamanca, 1 en León, y 3 en Valladolid); 20 en Cataluña (18 en Barcelona, 1 en Lleida y 1 en Tarragona); 5 en Extremadura (1 por la Fiscalía de la Comunidad, 2 por la Fiscalía de Cáceres y 2 por la de Badajoz); 5 en Galicia (1 por la Fiscalía de la Comunidad, 1 por la Fiscalía de Lugo, 2 por la de Ourense y 1 por la de Pontevedra) y 1 en La Rioja.
Por lo que respecta a las diligencias civiles, constan 50 investigaciones sobre amparo de personas en situación de vulnerabilidad en Cataluña, 10 en Andalucía, 3 en Aragón, 2 en Canarias, 3 en Cantabria, 8 en Castilla-La Mancha, 15 en León, 9 en la Comunidad Valenciana, 7 en Extremadura, 11 en Galicia, 1 en La Rioja, 4 en Madrid, 1 en Murcia, 1 en Navarra y 1 en el País Vasco.
Según la nota de prensa difundida por la Fiscalía General, desde el inicio de la actual situación de emergencia el fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales han realizado un seguimiento permanente de la situación de las personas de la tercera edad y discapacitados, y particularmente, de quienes viven en centros y residencias de mayores.
En nuestro país existen aproximadamente unas 5457 residencias, públicas y privadas, añade la nota. En el ejercicio de su función, la Fiscalía ha tratado de no entorpecer la primordial actividad socio-sanitaria de los diferentes establecimientos.
Finalmente, y como consecuencia de esta actividad, la Fiscalía añade en su nota que "reconoce y quiere destacar el extraordinario esfuerzo realizado por la inmensa mayoría de las residencias de mayores y, muy especialmente, por sus trabajadores y trabajadoras y el personal encargado de los centros".
