La fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, ha dado cuenta este jueves en rueda de prensa de la actividad desarrollada por su departamento por la afectación en residencias por la pandemia de covid, y ha ofrecido un dato aproximado de fallecimientos de la población de residentes, que ha sido de entre el 6 y el 8 por ciento, si bien ha apuntado que cifra corresponde fijarla esta corresponde la Instituto Nacional de Estadística (INE).
Segarra, que ha comparecido tras una explicación general de la labor de su departamento por parte de la fiscal general, Dolores Delgado, ha hecho balance de la actuación de los fiscales de toda España sobre este asunto, Segarra ha señalado desde el pasado mes de marzo se han abierto en el ámbito penal un total de 441 diligencias, de las que actualmente se encuentran en trámite 209, 112 de ellas en Madrid.
Le siguen, muy por detrás, Castilla y León con 19 expedientes penales abiertos, y tras este territorio Cataluña (15), Extremadura (12), Castilla-La Mancha (11), Galicia (10), y después Andalucía (8), Murcia (5), Aragón y Canarias y Cantabria (3 cada una), Navarra (2), Asturias y Baleares (1 caso abierto en su fiscalía territorial cada una).
De este modo, el estado procedimental actualizado de las diligencias penales señala que un 47,39 por ciento del total de las incoadas siguen en tramitación, el 51,92 por ciento han sido archivadas y, de estas últimas el 11,8 por ciento han finalizado como consecuencia de la interposición de denuncia o querella ante los juzgados competentes por parte de las propias Fiscalías.
En cuanto a los motivos de denuncia recibidas, el 42 por ciento (un total de 189) lo han sido por homicidios por imprudencia y un 36 por ciento de tipo general por la situación de las Residencias (163). Les siguen denuncias por delitos contra la salud de los trabajadores (11), deficiencias en la atención médica (21), lesiones (6) trato degradante (5), abandono de familia (4), prevaricación (2) y rechazo de traslado a UCI (1).
En el ámbito civil –seguimientos para asegurar derechos de los residentes– se acumulan ya tres denuncias por negativa de vacunación por familiares, 69 por elevado número de fallecimientos en el centro y 15 por falta de atención sanitaria. También hay un total de 499 procedimientos de seguimiento en residencias, 6 expedientes por falta de medios, 5 por denegación de ingreso hospitalario, tres de reclamación de visitas y uno por desamparo de persona mayor en domicilio.
En cuanto al número de este tipo de procedimientos civiles, las denominadas diligencias pre-procesales son actualmente 476 de las 786 incoadas desde marzo, ya que 294 han sido archivadas.
Por territorios existe mucha diferencia de datos (Cataluña acumula 192, Asturias 140 y comunidades como las Castillas no llegan a la decena), si bien Segarra ha explicado que ello es por las diferencias de procedimiento, ya que muchas provincias optaron por abrir diligencias de seguimiento por cada uno de los centros residenciales mientras que en otras se hizo agrupando varios centros.
FALLOS DETECTADOS
Con independencia de los datos, Segarra ha querido transmitir un mensaje claro sobre el hecho de que la pandemia haya puesto de manifiesto los fallos que parece acumular nuestro modelo residencial, como los de gobernanza en los centros, falta de medios médicos y personal cualificado, así como existencia de trabajadores con escasa remuneración e incentivos, a lo que se unió el hecho de la falta de recursos en hospitales que se llevó muchos de estos empleos, produciendo un déficit de atención en residencias.
Sin embargo, ha rechazado que se pueda hablar en términos generales de negligencia, pues en su departamento prima el trabajo de monitorización de las personas.
Igualmente, ha destacado que la labor de seguimiento en las residencias ha permitido constatar el "impacto del confinamiento" en los mayores, tanto a nivel físico, de movilidad, como psicológico e incluso nutricional, y en este punto a aplaudido la labor de los trabajadores en dichos centros.
También ha relatado el trabajo desarrollado por los fiscales desde que estalló la pandemia, ya que empezaron a trabajar en la monitorización de residencias (a través del teléfono e incluso videollamadas, pues no podían acceder a los centros durante el confinamiento) y atención a personas mayores que vivían solas y a cuyos casos accedieron a través de organizaciones como Cruz Roja.
Este trabajo de campo se desarrolló con alguna anécdota destacable, como el hecho de que fiscales se tuvieran que personar ante las puertas de una Consejería determinada de la que no obtenían respuesta para conseguir teléfonos a los que poder dirigirse, o el descubrimiento en Canarias de que se carecía de un listado real de número de residencias y se tuviera que encomendar a la policía autonómica realizar esta cuantificación.
Se descubrieron además, aunque no ha cuantificado número de casos, centros que eran un mero chalet con cinco o seis habitaciones con ancianos residentes.
VACUNACIÓN
Sobre la incidencia de la campaña de vacunación en el trabajo de los fiscales, Segarra ha mostrado su satisfacción por el hecho de que los protocolos se estén cumpliendo y se esté vacunando en primer lugar a los mayores.
Respecto a los tres casos de negativa de familiares, la Fiscalía los estudia en función de lo que que establece la Ley de Autonomía del Paciente, si bien señala que en ausencia de alergias y si así lo prescribe el médico el Ministerio Público se posicionará a favor de que se inocule, aunque cada caso debe ser estudiado.
Preguntada si puede tener relevancia penal el caso de alcaldes y consejeros autonómicos, como el de Murcia o el de Ceuta, que se han vacunado junto a sus departamentos antes del momento en el que lo establecen los protocolos de Sanidad, Segarra ha señalado que la Fiscalía estudiará el asunto a nivel territorial en el caso de que haya denuncias, si bien lo importante para su departamento es que el protocolo se está cumpliendo para los mayores.
También se estudiarán los protocolos de comunidades que hayan sido denunciados, como es el caso de las cartas emitidas por el ex consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid a su compañero de Salud, que alertaban sobre los protocolos de traslado desde residencias a hospitales, y que fueron remitidos a la Fiscalía por una asociación de pacientes.
