Las fiscalías de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha tienen 30 días para informar a la Fiscalía General del Estado (@fiscal_es), que Dolores Delgado, sobre los procedimientos abiertos en relación a los fallecimientos registrados en las residencias de mayores durante la pandemia, según ha informado Europa Press.
En los escritos remitidos se pone de manifiesto que de la información recopilada de las fiscalías de las comunidades autónomas se extrae que entre 2020 y 2021 el Ministerio Fiscal incoó 1.040 procesales civiles y 517 diligencias de investigación en toda España.
Sin embargo, la Fiscalía subraya que de los últimos datos facilitados por el IMSERSO, que dan cuenta de la totalidad de fallecimientos, resultan "especialmente relevantes" los datos de la Comunidad de Madrid, en la que fallecieron 6.479 personas; y Cataluña, con 5.744 muertes. Igualmente destacable considera el fallecimiento de 75 ciudadanos en una sola residencia de mayores de la localidad de Tomelloso (Cidudad Real).
"Se ha podido constatar la necesidad de contar con información de mayor calidad acerca de los procedimientos penales incoados en las fiscalías territoriales y órganos judiciales de todo el Estado, que por su indudable importancia y trascendencia deben ser puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado", añade.
Asimismo, señala que es preciso adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad a causa de la enfermedad de COVID-19. "Ello supondrá proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe garantizar", agrega.
Por ello, en el escrito remitido a la Comunidad de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita el número de diligencias de investigación incoadas desde el inicio en todas las fiscalías de estas regiones; el número de denuncias/querellas interpuestas ante los órganos judiciales correspondientes y copia de las mismas; número de decretos de archivo de las diligencias de investigación y copia de las mismas; número de autos de sobreseimiento de los procedimientos judiciales que se hubieren incoado y copia de los mismos; número de procedimientos penales actualmente en tramitación y estado en el que se encuentran.
Críticas de Amnistía Internacional esta semana
Precisamente, Amnistía Internacional presentó este lunes un estudio sobre la gestión de la pandemia en las residencias de mayores que, según aseguró el director de la entidad, Esteban Beltrán, documenta la "deficiente" actuación del Ministerio Fiscal en esta materia. Además, la organización denuncia que el cierre de las comisiones de investigación en las comunidades autónomas está provocando una "impunidad casi absoluta" sobre lo sucedido.
"El 89% de las investigaciones penales de Fiscalía han sido archivadas", denunció Beltrán, en declaraciones a los medios. A su juicio, este "escaso impulso" de las investigaciones sobre lo ocurrido en residencias de mayores está recayendo principalmente sobre familiares de las víctimas, que según ha indicado, se "sienten abandonados".
En su escrito, la Fiscalía recuerda que el 18 de marzo de 2020 se remitió un oficio a los Fiscales Superiores de todas las comunidades autónomas para que hicieran un seguimiento especial de las circunstancias que pudieran estar determinando especiales riesgos sanitarios y, en ocasiones, con resultados luctuosos.
Así, recuerda que para ello la Unidad de Apoyo a la Fiscalía General del Estado abrió una línea de especial seguimiento de las residencias y los fiscales fueron remitiendo diariamente información detallada.
"Por consiguiente, desde esas primeras fechas de la pandemia se fue elaborando, en la medida en que las circunstancias sanitarias lo permitieron, un compendio diario de datos de cada Comunidad Autónoma con información pormenorizada sobre la situación y circunstancias concurrentes en las residencias de la tercera edad, información que fue centralizada por la propia Fiscalía General del Estado", añade.
Así, defiende que desde el inicio mismo de la pandemia la Fiscalía procuró la protección y tutela de los colectivos más vulnerables. Asimismo, señala que la "ingente" información recopilada dio lugar a "múltiples documentos normativos y regulatorios".
