La Fiscalía General del Estado ha ordenado reforzar la vigilancia sobre en el uso de medidas de contención como la sujeción física o los tratamientos farmacológicos aplicados en centros residenciales, sociosanitarios o en unidades psiquiátricas con el fin de proteger la "dignidad" de las personas ingresadas, según se desprende la instrucción de 42 páginas que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha firmado este jueves.
Lo que se pretende con este documento, que se elabora en el marco de la función tuitiva del Ministerio Fiscal respecto de grupos de personas especialmente vulnerables y se limita al uso de las contenciones en personas mayores o con discapacidad en los internamientos involuntarios realizados en las unidades de salud mental y su empleo en los centros residenciales y sociosanitarios, es buscar salvaguardar la autonomía de las personas ingresadas ante el uso de estas medidas.
El objetivo, según se recoge, es que las medidas aplicadas se rijan por unos principios: los de cuidado, excepcionalidad, necesidad apreciada por prescripción facultativa, proporcionalidad, provisionalidad o prohibición de exceso, entre otros. Y todos ellos buscando reconocer la dignidad de la persona como "el eje vertebrador en la interpretación de toda esta materia".
La diferencia entre cuidar y proteger
"En la actualidad asistimos a una progresiva concienciación acerca de la importancia de abordar la utilización de estas contenciones. Las razones de seguridad y protección justificativas de su utilización se ven desplazadas por una concepción que sitúa a la persona, su voluntad, deseos y preferencias en el centro de su cuidado, alejándose esta visión del excesivo proteccionismo que se ha venido manteniendo en relación con las personas que integran estos colectivos", explica el escrito.
En este contexto, y destacando las "importantes diferencias entre cuidar y proteger", la instrucción asegura que en la actualidad "se impone una reflexión sobre el recurso a la contención como única vía para lograr el objetivo del control, protección y seguridad de la persona, primando la búsqueda de alternativas más respetuosas con la dignidad y la singularidad de cada individuo y con su salud".
"Las debilidades detectadas en los centros de vida comunitaria y sociosanitarios de personas mayores, que han conllevado severas limitaciones de derechos fundamentales, conducen a replantear el sistema asistencial y de cuidados, buscando la prevalencia de principios como autonomía, dignidad o atención centrada en la persona, los cuales exigen el avance en la excepcionalidad del uso de las sujeciones y su exclusiva utilización bajo criterios médicos y, por tanto, sometidos a la legislación sanitaria", apunta.
Así, y consciente de que "el desiderátum de llegar a un sistema de sujeciones cero dista aún de ser alcanzado", la Fiscalía llama la atención sobre la necesidad de establecer "sistemas de supervisión y control en la utilización de estos recursos para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas".
La labor fiscal
De esta forma, y en su visita a los citados centros especializados, los fiscales deberán cerciorarse de que nadie sea "sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción física o tratamiento farmacológico sin previa prescripción facultativa en cada caso, salvo que exista peligro inminente".
Asimismo, el representante del Ministerio Público habrá de asegurarse de que se haya prestado un "consentimiento informado por el paciente o su representante legal" a la hora de llevar a cabo una contención. Además, cada centro deberá "disponer" de un protocolo para el uso de las sujeciones en el que prevea tanto la indicación como el procedimiento de instauración de las contenciones y su supervisión.
De esta forma, los fiscales deberán oficiar a los servicios de inspección competentes a fin de que les informen sobre aquellos centros inspeccionados en los que hayan detectado el uso de sujeciones sin adecuarse a los principios informadores de los protocolos aplicables, como la ausencia de prescripción médica, el control periódico, la supervisión y la documentación.
No se trata de una "evaluación médica"
En el caso de que se llegara a tener conocimiento de la aplicación de una sujeción en condiciones que impliquen un incumplimiento de la normativa vigente o sus principios inspiradores, el Ministerio Fiscal podrá promover el ejercicio de las facultades judiciales de control y vigilancia.
En cualquier caso, la Fiscalía deja claro que no es su objetivo "llevar a cabo una evaluación exhaustiva sobre la corrección médica en la utilización de sujeciones en cada caso y respecto de cada paciente pues excede notoriamente de los recursos, formación y función de los fiscales".
"Sin embargo, el Ministerio Fiscal, como garante constitucional de la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y muy especialmente de los más vulnerables, ha de fomentar una perspectiva de priorización de los derechos humanos en esta materia que, como ya se ha mencionado, alcanza a los profesionales del sector implicados", justifica.
Y esto exige, concluyen, una actuación proactiva para remover obstáculos, asumiendo funciones de supervisión y comprobación del cumplimiento de las pautas esenciales que deben ser respetadas en todo caso en la aplicación de las contenciones, evitando su utilización por conveniencia -para ahorrar trabajo, esfuerzo o recursos-- o que puedan responder o desembocar en un castigo o maltrato, y no centradas en el mejor beneficio para la persona sometida.
