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Las residencias de mayores han vuelto a ser noticia, por desgracia, durante esta crisis del coronavirus. Y es que estos centros se han convertido en los grandes focos de infección de España y se calcula que habrían muerto más de 10.000 mayores residentes desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, aunque los miles de muertos en residencias ocupan día y noche los principales telediarios, gran parte de la sociedad sigue sin conocer quién está detrás de las principales empresas que gestionan el negocio de los geriátricos en nuestro país, un sector muy lucrativo y poco conocido.

Antes de responder a esta cuestión, cabe señalar que las residencias de mayores son un segmento de la economía que no ha parado de crecer en los últimos cinco años. Desde 2008 hasta 2018, pasó 4.055 a 4.500 millones de euros (10% de crecimiento), con previsión de alcanzar los 4.850 millones en 2020, según datos del Observatorio Sectorial de DBK. Y es que se trata de una inversión que supone inicialmente un gran desembolso de dinero (construir, equipar y dotar de servicios sociosanitarios al centro), pero que a medio y largo plazo suele ser bastante segura y estable, más, teniendo en cuenta el progresivo envejecimiento de la población. En concreto, según el experto en negocios inmobiliarios, doctor en economía y exdirector de Mapfre (@MAPFRE), Julián Salcedo, la rentabilidad de estas empresas ronda "el 4 ó 5%". 

 

En esta coyuntura, las empresas han decido apostar por ofertar más plazas y, en menor medida, por contruir nuevos centros. De esta manera, según datos del CSIC, en 2019 había 372.985 camas (en 5.417 residencias) en toda España, para una población mayor de 65 años de 9.055.580, frente a las 351.548 plazas que había en 2013 (en 5.390 residencias).

Sin embargo, queda todavía mucho por hacer y hay margen de crecimiento. La relación entre población mayor y camas apenas equivale a una ratio de 4,1%, un porcentaje inferior al 5% que recomienda la Organización Mundial de la Salud para dar una correcta cobertura a la población dependiente, por lo que "se estima que, pese al crecimiento de los últimos 10 años, en este momento hay un déficit de camas que está en torno a las 10.000", sostiene el economista. Incluso, los hay que van más allá, como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que lo cifran en unas 70.000. 

Multinacionales extranjeras

Por otra parte, se trata de un sector muy atomizado, pero que, en los últimos años, ha tendido a la concentración: cerca de un cuarto de las plazas están en manos de cinco grandes empresas, entre las que destacan Domus Vi (@DomusVi_Es), Orpea (@ORPEA_), Amavir (@GrupoAmavir) y Vitalia Home (@Vitalia_Home), que suelen gestionar sobre todo centros de gran tamaño, de más de 100 camas (gráfico, abajo).

Aun así, opina el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, Ignacio Fernández-Cid, el crecimiento de estas empresas tiene un límite, porque la "población mayor vive muy dispersa" en España y esto hace que haya muchas pequeñas y medianas compañías dedicadas a los cuidados de los mayores en las distintas localidades. "Nuestro hermano mayor podría ser el sector hotelero y, en su caso, los grandes grupos llegan sólo al 30%", ejemplifica. 

En cuanto a estos actores empresariales, cabe destacar que dos de ellos son fruto de la fusión de varias empresas. Concretamente, Domus Vi se compone de dos grandes sociedades, Geriatricos SA y SARquavitae y, por otro lado, Amavir se creó a raíz de la compra del grupo Amma por Adavir. Además, ninguna de las dos es originaria de España, sino que son multinacionales de origen francés (al igual que Orpea). 

Respecto al volumen de negocio, estas empresas suelen facturar al año desde aproximadamente 130 hasta más de 400 millones de euros, sólo por la explotación de centros residenciales. Entre las cinco, suponen "23% del negocio total", según datos de DBK. Como caso ilustrativo de la cuantía que mueven estas sociedades podría ponerse el de Domus Vi, la compañía más grande de este sector: en 2018 facturó 376,9 millones de euros y preveía superar los 400 millones en 2019. 

Entrada de fondos de inversión

Otros actores fundamentales para comprender el negocio de las residencias son los llamados fondos de inversión. "Hemos estado siempre, de forma cíclica, de moda. Pasamos de brillar, al oscurantismo. Históricamente nos han querido comprar sociedades de capital riesgo, constructoras, inmobiliarias, entidades financieras, cajas de ahorro y, ahora, los fondos de inversión. Nos quieren por nuestros ladrillos", sostiene el dirigente de la FED. Y es que, actualmente, parte del capital de las cinco empresas más poderosas del sector de las residencias lo poseen este tipo de sociedades que, según Fernández-Cid, "no se meten en la gestión" y sólo buscan "sacar rentabilidad".

En concreto, entre los propietarios de Domus Vi se encuentran el fondo inglés ICG y el holding francés SRS. Por otro lado, la empresa Orpea tiene desde 2013 una participación del fondo de pensiones canadiense CPP Investment Board y la compañía Amavir, de la sociedad de inversión Creadev. Finalmente, por su parte, Vitalia Home es propiedad en un 80% del fondo británico CVC, uno de los más importantes a nivel global.

 

 

Para el economista Julián Salcedo, este interés de los fondos por las residencias responde a lo que se conoce como "inversiones alternativas", es decir, un dinero que destinan a ciertos sectores que creen que pueden ser rentables a medio plazo. De esta manera, asegura Salcedo, el mecanismo consiste en comprar parte de las empresas, "tenerlas durante unos cinco años, hacerlas crecer y cuando tengan un tamaño suficiente, las venden a un tercero". Gracias a este mecanismo, apunta, los fondos estarían sacando por encima de un "10% de beneficio", frente al 4% que suele generar la propia gestión.

Finalmente, aunque ambos entrevistados reconocen que el interés de estas sociedades por este mercado no durará para siempre, sí que consideran positiva su llegada. "Al final, en unos años, cuando lleguen los de la generación del baby boom, necesitaremos muchísima más oferta", comenta el presidente de la FED. "Un compañero de viaje como éste tiene todo el sentido del mundo", añade.

Una tesis que no comparten asociaciones de familiares ni sindicatos, que se muestran preocupados. "La entrada de los fondos de inversión en las residencias es una demostración palpable de que se trata de un negocio en el que priman más los beneficios económicos que la atención a nuestros mayores. Desde que están en el sector de las residencias, se puede asegurar que la situación ha empeorado. Por ejemplo, en el ránking que hemos elaborado sobre las residencias sancionadas por la Comunidad de Madrid entre 2014 y 2018 están a la cabeza Orpea, con diez, Sanitas, con nueve, Amavir, con siete y Domus Vi, con cuatro", sostiene el presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (@pladigmare), Miguel Vázquez.

Por ello, proponen que la solución venga de lo público y que sea el Estado el que invierta en el sector, mediante "un Plan de Creación de Residencias Públicas que compense el desequilibrio". 

Fuente: Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Un mercado dependiente de la concertación

Y es que hay que tener en cuenta que el crecimiento de este sector no sólo depende del mercado sino también, en gran medida, de la inversión pública. Y más en concreto, de los fondos que destinan las Comunidades Autónomas para la concertación de camas, es decir, la colaboración público privada o la llamada "externalización" de servicios. 

Para entender el peso del Estado en este sector, basta con remitirse a las cifras del Obsertario Sectorial de DBK de 2018: el 59% del mercado total correspondía a las residencias privadas (2.655 millones de euros de volumen de negocio), 30,4% a concertadas (1.370.000 euros) y el 10,6% restante a las públicas. Y en lo que se refiere a camas, según esta misma entidad, "65% eran plazas privadas puras (186.300)" y las concertadas supusieron 99.100.

Las autonomías pagan alrededor de unos 60 euros al día por residente a las empresas que gestionan residencias con plazas concertadas (de financiación total) o centros públicos (de gestión indirecta).  Una cifra baja, para el presidente de la FED, Fernández-Cid, teniendo en cuenta el paquete de servicios que se incluyen en una residencia: "medicina, enfermería, terapia ocupacional, restauración, asistencia, etc.". Y que ha provocado que muchas empresas decidan no volver a concertar con la Administración. Como en Madrid, donde según el dirigente de la FED, no se concertaron este año "1.200 plazas", "por el desajuste entre precios y condiciones del servicio". 

Con todo, en opinión de Salcedo, resulta inevitable que muchas empresas acaben concertando plazas. Y es que España es un país donde la pensión media ronda los 996,79 euros y el precio medio de una plaza privada se mueve en torno a los "1.777 euros al mes, 1.955 con IVA", según un informe de 2017 del portal Inforesidencias, una cuantía difícilmente asumible por la mayoría de la ciudadanía.

“Los que pueden pagar estas plazas, normalmente recurren a una ayuda familiar. Después, también está la fórmula recogida en la Ley de Dependencia del Cheque o Prestación Económica Vinculada al Servicio. En función del grado, se tiene derecho a una ayuda más o menos importante. Actualmente, con los 500 o 700 euros que dan, más la pensión, unos pequeños ahorros y la aportación familiar se logran pagar las facturas”, explica Fernández-Cid.

No obstante, sólo con estos clientes (de las residencias 100% privadas), matiza Salcedo, no es sencillo cuadrar las cuentas y, por ello, se hace imprescindible concertar plazas con el Estado, aunque sea a un menor precio. "Al final la idea es que entre todas (privadas y concertadas) se puedan cubrir los costes y, al menos, den algún beneficio", concluye.