La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero, han firmado un convenio de colaboración que, entre otras cosas, contempla el apoyo de empleados cualificados en los pueblos de menos de 8.000 habitantes para asistir a los ciudadanos en la realización de gestiones, evitando que se desplacen a las sedes provinciales de la Administración General del Estado.
Lo han rubricado en un acto en el Ministerio de Política Territorial para la puesta en marcha de un proyecto de acercamiento de la Administración a la ciudadanía del mundo rural. Este texto contempla la activación de mecanismos e instrumentos que harán que los residentes en los pueblos de menos de 8.000 habitantes no tengan que viajar a las ciudades provinciales para hacer gestiones con la Administración General.
En este sentido, se prevé el apoyo de empleados públicos cualificados que, en estos municipios de menos de 8.000 habitantes, les informarán y asistirán en la realización de gestiones.
A este acuerdo marco se pueden adherir todos los ayuntamientos menores de 8.000 habitantes y tiene como objetivo "hacer efectivo el derecho de la ciudadanía de acceder a los servicios de la Administración General del Estado, independientemente de su lugar de residencia".
Por tanto, se organizarán sesiones presenciales en estos municipios de cara a informar a sus vecinos sobre los servicios que se prestan desde las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno y direcciones insulares.
El plan beneficiará a más de 7,5 millones de personas, de las que más de dos millones, casi el 30%, son mayores de 60 años. "Desde el Gobierno de España somos conscientes de la importancia de la aplicación del criterio de proximidad en la prestación de servicios y trámites. Estoy convencida de que la iniciativa fortalecerá la cohesión social y territorial, imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades", ha asegurado la ministra.
"Queremos estar más cerca, ser más útiles a la ciudadanía. En definitiva, que las personas que viven en los municipios de menor población reciban los mismos servicios públicos", ha añadido.
“Cuando estamos acabando el primer cuarto del siglo XXI, la relación entre la Administración y los administrados de Ayuntamientos pequeños y medianos, de menos de 8.000 habitantes, tiene que cambiar radicalmente”, ha subrayado el presidente de la FEMP, Abel Caballero.
"Con este el proyecto la Administración tendrá presencia también en zonas poco pobladas ya que, con una cierta periodicidad, funcionarios de la Administración General del Estado acudirán para ayudar a la gente en las tramitaciones, en asuntos como el carnet de identidad, de la Seguridad Social, la solicitud y el abono de las pensiones, de todo aquello que significa la relación de los ciudadanos con la Administración", ha detallado.
La primera fase se aplicará en más de 3.200 municipios y en algunas provincias, como Guadalajara, Soria y Teruel, con más núcleos de población dispersos. También se aplicará en municipios con menos de 500 habitantes. Es particularmente importante para provincias como Guadalajara, con casi el 78% de sus 288 municipios con menos de 200 habitantes.
Los ciudadanos solo tendrán que desplazarse a su ayuntamiento para contar con su firma digital, con la que podrán acceder a los trámites y servicios digitales, evitando desplazamientos innecesarios y el coste económico que representan.
