El Gobierno aprueba el dentista gratis para 7 millones de personas y el fin del copago sanitario

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Acción de Salud Bucodental que, con una dotación de 44 millones de euros, va a beneficiar a unas siete millones de personas en España, tal y como ha anunciado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Y es que, según ha recordado, las patologías bucodentales suponen entorno a un 45 por ciento en las últimas décadas y tienen impacto en otras muchas enfermedades como la diabetes, patologías cardiovasculares y parto prematuro, si bien hasta ahora la cartera común de servicios en esta materia "era limitada".

Ante este escenario, el plan va a permitir "homogeneizar" todas las prestaciones de atención bucodental en toda España, "garantizando la equidad en el acceso, independientemente" del lugar de residencia", e incrementará los servicios comunes que, hasta ahora, no se prestaban en la sanidad pública.

Los beneficiarios van a ser la población infanto-juvenil de 0 a 5 años y de 6 a 14 años, las mujeres embarazadas y las personas con cáncer en la zona cérvico-facial.

"Creemos que es un plan muy potente, que permitirá intervenir de manera preventiva en cuestiones tales como barnices de flúor con alta concentración, secadores de fosas y fisuras que impidan la aparición de caries, limpiezas de bocas o empastes en la detención definitiva", ha zanjado Darias.

Nueva Ley de Equidad para evitar copagos y privatizaciones sanitarias

Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado el Anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que, entre otros asuntos, se cierra la puerta a nuevos copagos, se ponen trabas a que se privatice la sanidad pública y se amplía la asistencia sanitaria universal.

Según ha detallado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias, una de las medidas más importantes del Anteproyecto es "blindar" la sanidad pública, de forma que el modelo de gestión "preferente" a partir de ahora será la "directa", es decir, la realizada directamente por las administraciones públicas.

En cualquier caso, también se establecen "excepciones" para que la gestión de los centros sanitarios sea "indirecta", es decir, a través de modelos privados, pero solo como "complementaria y de apoyo". "Nunca sustituiría a la pública", ha asegurado Darias.

De esta forma, solo se podrá externalizar la gestión sanitaria "cuando no se a posible la gestión directa" y cuando se motiven una serie de requisitos por parte de las comunidades autónomas, como "la optimización de recursos sanitarios" o la "insuficiencia de medios propios para prestar los servicios".

Será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el que determine las pautas para decidir si las CCAA que quieran privatizar un servicio sanitario cumplen los requisitos o no. Por todo ello, Darias ha defendido que el Anteproyecto "requisita exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas", a pesar de que las competencias sanitarias están transferidas a las autonomías.

El Anteproyecto también contempla la posibilidad de realizar una "modificación legislativa y normativa" a nivel nacional para facilitar que las comunidades autónomas puedan revertir privatizaciones de centros sanitarios "en las mejores condiciones posibles".

"La Ley pone en valor la importancia de lo público, algo que la pandemia ha hecho incrementar y valorar adecuadamente. Los sistemas sanitarios públicos son garantes de vida y constituyen uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar. De ahí la importancia de seguir fortaleciéndolo. Se trata, a través de la consolidación de la equidad, cohesión y universalidad, de seguir mejorando la vida de la gente y protegiendo a los más vulnerables", ha resumido la ministra.

Darias también ha defendido la norma ante las críticas de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que ve insuficiente la legislación en cuanto a los límites puestos a la privatización. La formación 'morada' ha avanzado que si no se modifica este punto será difícil que dé su apoyo a la Ley en el Congreso.

"Es una Ley que mana del Consejo de Ministros, ha sido tremendamente enriquecida participada. Del texto aprobado en primer vuelta al de hoy hay cambios sustanciales, hemos llegado hasta donde el ordenamiento jurídico nos permitía llegar", ha reivindicado al respecto la ministra.

El Anteproyecto, según ha resaltado Darias, también tiene como objetivo "establecer la eliminación de los copagos sanitarios", especialmente en transporte sanitario no urgente. Y también amplía la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables, al igual que se hizo con los copagos farmacéuticos.

Estos colectivos son personas perceptoras del ingreso mínimo vital (IMV), pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas con hijo a cargo. Así, se beneficiarán, según los datos del Gobierno, unas 6 millones de personas.

Igualmente, el Gobierno busca recuperar la Cartera Común de Servicios "única", evitando las discrepancias de prestaciones entre comunidades autónomas que provocan desigualdad entre los ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia.

En cuanto a la universalidad, el Gobierno pretende garantizar el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria de todos los ciudadanos, independientemente de su origen, pero, sobre todo, amplía el derecho a colectivos, como personas de origen española que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio español y sus familiares.

También se persigue que esté garantizado el derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos al colectivo formado por los ascendientes de nacionalidad extracomunitaria reagrupados por sus hijos con nacionalidad española y que, hasta ahora, se ven obligados a contratar un seguro de enfermedad, público o privado, para obtener el permiso de residencia en España.

Otros aspectos que recoge el Anteproyecto son, en primer lugar, la necesidad de que todas las iniciativas legislativas del Gobierno conlleven una evaluación sobre su impacto en la salud, sobre todo en materia laboral, de vivienda, transporte, ordenación del territorio, agricultura o salud animal. "Esta evaluación va a ser determinante para conseguir que la salud esté en todas las políticas", ha esgrimido Darias.

El Anteproyecto establece igualmente un "avance" en la gobernanza del Sistema Nacional de la Salud (SNS), estableciendo la evaluación de las políticas públicas a través de indicadores, un extremo muy reclamado desde distintos colectivos sanitarios para mejorar la atención.

También se regular formalmente la participación de los pacientes en órganos del Consejo Interterritorial. Concretamente, el Foro Abierto de la Salud, que existía hasta ahora de manera temporal, adquirirá ahora naturaleza "permanente". Formarán parte asociaciones de pacientes, personas con discapacidad y colegios profesionales.

Por último, entre otros apartados, se regula el tratamiento de los datos sanitarios en la planificación o gestión, la asistencia sanitaria o la vigilancia en Salud Pública en aquellos aspectos no regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.