Gobierno y CCAA movilizan más de 2.000 millones para transformar el modelo de cuidados en 2025

El Gobierno y las comunidades autónomas han destinado más de 2.000 millones de euros en el plan operativo para desarrollar en 2025 la 'Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización', aprobada en junio por el Consejo de Ministros.

Según han informado desde el Ministerio de Derechos Sociales, este plan moviliza más de 2.000 millones de euros (2.053.100 euros) aportados por los gobiernos de doce comunidades autónomas y por el Gobierno de España, para financiar un total de 695 actuaciones.

Con este plan se pondrá en marcha la transformación de los cuidados que reciben las personas mayores y personas con discapacidad que son dependientes, así como las personas sin hogar y menores migrantes, tal y como marcó la estrategia estatal. "El objetivo es transitar hacia un modelo que ofrezca cuidados personalizados en el hogar de cada usuario/a, así como transformar el actual modelo de atención en grandes residencias hacia un modelo de pequeña escala que tenga lugar en los entornos comunitarios de las personas usuarias, para que no tengan que abandonar sus entornos", han apuntado desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

Asimismo, han indicado que uno de los elementos claves de este plan es el acceso a una vivienda "digna y accesible" como un derecho que recorre sus ejes de actuación, no solo para que las personas usuarias puedan recibir los apoyos necesarios sino también para prevenir la institucionalización. Así, una gran parte de las actuaciones del plan están encaminadas a garantizar las condiciones que permite a las personas con dependencia quedarse en su hogar tanto como deseen o a que puedan acceder a viviendas con apoyos en la comunidad para seguir construyendo su proyecto de vida.

De los cinco ejes que componen este plan operativo, las acciones en vivienda se agrupan en los ejes 1 y 4. En este sentido, el primero de ellos está destinado a prevenir las dinámicas que desembocan en la institucionalización. Las medidas que despliega se concentran en facilitar el acceso a viviendas dignas, promocionar la salud y garantizar el acceso a los servicios de proximidad y la accesibilidad a edificios, documentos, etc. En total, recoge 233 actuaciones con una dotación de 602,6 millones de euros. Entre ellas, aparecen la creación de una red de 100 viviendas de titularidad pública de inserción social, de la Xunta de Galicia, la oferta de vivienda en alquiler de la Generalitat de Catalunya o las subvenciones para alquiler para jóvenes extutelados en Castilla-La Mancha.

En cuanto al segundo eje, las 125 actuaciones contempladas en el mismo buscan fomentar la participación activa de las personas dependientes en la toma de decisiones sobre sus vidas, así como la importancia que tiene la autodeterminación y el derecho a vivir en comunidad. Este tiene una previsión de dotación de, al menos, 131 millones de euros.

 

Respecto al tercer eje, este está centrado en revolucionar la formación de los profesionales y la gestión del sector para transformar el propio modelo. El objetivo, según ha señalado el Ministerio de Derechos Sociales, es "ofrecer a los profesionales las herramientas para poder personalizar los cuidados y fomentar la inclusión en la comunidad y mejorar las condiciones laborales del sector". Está compuesto por 183 actuaciones que movilizan 687,2 millones de euros.

Por otro lado, las medidas que contempla el paquete número cuatro se encaminan a que las personas tengan "alternativas dignas" para vivir y ser cuidadas en la comunidad. Para ello, se apuesta firmemente por el acceso a la vivienda y por el impulso de apoyos y servicios de base comunitaria que permitan a las personas poder vivir de acuerdo con su voluntad en sus comunidades. Este bloque contempla 125 actuaciones con una estimación de 584,3 millones de euros.

Todas las actuaciones recogidas en los anteriores ejes requieren de una actualización normativa, administrativa, de financiamiento y de coordinación institucional que se afronta en el último bloque. Para ello, se prevé la modificación de la Ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) y el desarrollo de un sistema de gobernanza y coordinación de la propia estrategia que fomente la participación activa de todos los agentes. El eje recoge un total de 29 actuaciones con 47,9 millones de euros.

Políticas "lo más ajustadas posible a las realidades locales"

El plan operativo 2024-2025 ha sido elaborado mediante un proceso participativo con otros ministerios y con comunidades autónomas "para asegurar que las políticas propuestas están lo más ajustadas posible a las realidades locales". En esta línea, ha consistido en la celebración de seminarios, grupos de trabajo, grupos focales autonómicos, consultas y eventos públicos y ha contado con la participación del Ministerio de Sanidad, el de Educación y Formación Profesional, el de Trabajo y Economía Social, Juventud e Infancia y Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como de doces comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra).

Precisamente, el ministro Pablo Bustinduy inaugurará este jueves 12 de diciembre, en el salón de actos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Congreso EDI (Congreso Estrategia de Desinstitucionalización) en el que participarán personas expertas de referencia en el sector de los cuidados. Además, se presentará un estudio sobre los procesos de desinstitucionalización y transición hacia modelos de apoyo personalizados y comunitarios, que se ha elaborado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. Este Congreso contará, además, con la intervención de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, para la clausura.

CCOO advierte 

Cabe recordar que desde CCOO han advertido que el 41,5% de las personas dependientes atendidas por el Sistema de Dependencia lo están siendo mediante una prestación económica de cuidado familiar, pese a que la Ley señala estas prestaciones como “excepcionales”. Estas prestaciones protegen a 618.000 personas beneficiarias que son cuidadas en el 72% de los casos por mujeres, en sus distintos roles de hija, madre o cónyuge… Más del 7% de estas personas cuidadoras tienen 80 o más años, aseguran.

La anunciada inclusión de personas cuidadoras del entorno relacional de las personas dependientes, para facilitar que “amigos” de las personas dependientes puedan ser sus cuidadoras, ya se encuentra regulada desde 2013 en el Real Decreto 1051/2013 que desarrolla el catálogo de prestaciones, y en la actualidad cerca del 9% de las personas cuidadoras no son familia directa de los dependientes a los que cuidan. Se trata, en cualquier caso, de una prestación que no garantiza la calidad en la atención en la misma manera en que lo hacen los servicios profesionales. Seguir reforzando este tipo de prestaciones sólo redundará en un debilitamiento de la capacidad de protección que ofrece el Sistema de Dependencia.

En el mismo sentido, CCOO también advierte del riesgo que implica que el 14,8% de las personas dependientes estén siendo atendidas mediante una prestación económica vinculada a un servicio. Se trata de una prestación económica que la Ley también limita a utilizar sólo “cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado”, ya que exige un doble copago de las personas dependientes o de sus familias. Actualmente reciben estas prestaciones algo más de 200.000 personas, que dedican en su mayoría a financiar una parte del coste de una plaza en un centro residencial privado.

El crecimiento que está registrando esta prestación también contribuye a generar situaciones de exclusión cuando la capacidad familiar no puede hacer frente al “doble copago”, que supone, en primer lugar, asumir la parte de la cuantía inicial de la prestación que se reduce en función de la renta de la persona beneficiaria y, en segundo lugar, tener que cubrir la diferencia entre la cuantía de la prestación reconocida por el sistema de dependencia y el coste del servicio privado que tienen que contratar para la atención. Esta situación puede generar efecto exclusión en muchos casos.

Los servicios profesionales de gestión pública directa o mediante conciertos sostenidos con fondos públicos que reconoce el Sistema de Dependencia (ayuda a domicilio, residencias, centros de día, etc.) protegen a 640.000 personas, que suponen el 43% del total de personas dependientes atenidas en todo el Estado. Más de 525.000 personas trabajadoras garantizan una atención de calidad a través de los servicios profesionales.

Reforzar la red de servicios profesionales debería ser la prioridad de la reforma de la Ley de Dependencia en opinión de CCOO, garantizando, entre otras medidas, una financiación pública suficiente de los mismos.