El pasado fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a las Comunidades Autónomas un listado de instalaciones públicas y privadas, como polideportivos, centros municipales, etc., donde poder derivar a pacientes asintomáticos a los que se haya detectado, gracias a los test masivos que se harán en las próximas semanas, como positivos en coronavirus. Un modelo que se asemejaría al de las "arcas de Noé" usadas en China para pacientes leves que recibían el alta después de su hospitalización.
Tras este anuncio, ha saltado la polémica sobre si este aislamiento, fuera del domicilio, debería ser voluntario o no. Y es que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, preguntado sobre esta cuestión, dio a entender este domingo que se podría estudiar la posibilidad de la obligatoriedad. "Supongo que una voluntariedad manifiesta si fuese precisa sería algo factible. Si no, se estudiarían todas las opciones legales, porque el principio fundamental es mantener la salud pública", aseguró.
Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aclarado que, de momento, la población positiva asintomática "debe aislarse en su domicilio" y que cuando se pongan a disposición los complejos de las Comunidades Autónomas, estos serán "una opción", para quien los necesite y "prefiera pasar" allí el aislamiento, en vez de en su "domicilio".
Debate jurídico sobre la obligatoriedad
Con todo, cabe preguntarse si sería legal obligar a un paciente asintomático a dejar su casa para cumplir cuarentena en unas instalaciones que ponga a su disposición el Gobierno. La respuesta de los expertos es que sí, pero que se debería estudiar caso por caso y contar con la ratificación de un juez.
"Hay una cobertura legal para esta decisión que se determina por una antigua Ley, la 3/86 de Salud Pública, que prevé que en situaciones de pandemia, la autoridad sanitaria podrá realizar acciones preventivas generales y acordar medidas de control", asegura a 65Ymás la magistrada y miembro de Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Natalia Velilla.
Asimismo, sostiene la magistrada, "el artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente 41/2002 establece, de manera clara, que los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente sin necesidad de contar con su consentimiento, siempre y cuando exista riesgo para la Salud Pública". Por lo tanto, habría "un marco normativo" por el cual, en el contexto actual de pandemia, "se podría acordar un confinamiento".
No obstante, añade, esta opción debería contar con la "ratificación de la autoridad judicial". De esta manera, los sanitarios podrían obligar al paciente a aislarse donde consideren oportuno, pero habría que recurrir entonces a "la legislación general en materia de internamientos involuntarios", por lo que "un juez debería, en un plazo de 72 horas, ratificarlo", y cabría la posibilidad de "recurso". "No sería como una detención. El mecanismo se parecería más al del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamento Civil que establece la ratificación judicial de los internamientos involuntarios por razón de enfermedad mental", explica.
Por ello, asegura, estas medidas se deberían tomar examinando cada caso por separado. "Si uno es detectado como transmisor de coronavirus, pero vive solo en su domicilio, no tiene ningún sentido que le confinen en otro sitio. O, por ejemplo, si se reside con otra persona y hay el suficiente espacio. Por eso, hace falta control judicial", apunta.
No es el modelo chino
Por su parte, la experta en Covid-19 y miembro del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (@Icomem_Oficial), María Saínz, ve positivo que exista esta posibilidad de aislamiento voluntario para personas asintomáticas que no tengan los medios necesarios en sus casas para el aislamiento. Pero, asegura, este no sería un modelo similar al chino de las "arcas de Noé".
Así, la sanitaria opina que la reclusión en espacios fuera del ámbito hospitalario fue beneficiosa en el país asiático "para los pacientes que daban positivo y que habían estado hospitalizados". Sin embargo, señala, la medida podría ser inviable si se aplica obligatoriamente a todo el mundo que de positivo y sea asintomático. "Podemos llegar a ser millones de personas", argumenta.
Igualmente, la médico recuerda que si se decide llevar a cabo una política de este tipo se debe contar con las condiciones sanitarias necesarias. Es decir, los pacientes deberán estar separados entre ellos. "Si se les invita a pasar 15 días en un hotel es para estar en aislamiento", comenta.
Un posible riesgo para la salud
En ese mismo sentido se ha pronunciado la presidenta de la asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores. Así, a su parecer, no debería ser obligatorio el aislamiento en otro lugar que no sea el domicilio, al menos, para los positivos asintomáticos.
Y es que no tener síntomas no significa no desarrollarlos en un futuro, por lo que juntar a unos infectados con otros podría llegar a ser perjudicial, según Flores. "Vamos a conseguir que una persona, que estando aislada en su domicilio mejoraría o no desarrollaría síntomas, comparta espacio con otra que, a lo mejor, le va a generar una infección y van a acabar empeorando los demás", apunta. "Debe primar el sentido común", sostiene.