El Gobierno pondrá fin en esta legislatura a la cita previa obligatoria en las oficinas de la Administración Pública a través de la modificación en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
"Para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa obligatoria", ha recalcado el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante su comparencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.
Este cambio se hará a través de un anteproyecto de ley para modificar el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, una modificación que se llevará "lo antes posible" al Congreso de los Diputados para mejorar la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos, según ha indicado el titular de Función Pública.
El fin de la cita previa obligatoria forma parte de un nuevo modelo de la Administración Pública que la cartera de Escrivá quiere impulsar en esta legislatura y donde se incluye también la reforma del portal web de la Administración Pública (www.administracion.gob.es) para organizarlo por hechos vitales y en cooperación con todas las administraciones públicas.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá
Uso de la IA en la administración
Asimismo, ha señalado que están trabajando en pilotos de 'hubs', alimentados con Inteligencia Artificial (IA), con especial foco en el reto demográfico y colectivos con especiales necesidades. Fuentes del Ministerio han indicado que se busca establecer una red a nivel entre comunidades autónomas para que los empleados públicos puedan interrelacionarse de manera "más completa".
Asimismo, el titular de Función Pública ha indicado que se buscará dotar a la Administración General del Estado (AGE) de un lenguaje claro y fácil a través de un gestor documental único para el que también están usando la IA. Esto permitirá "evaluar la complejidad" de los textos con el objetivo de hacer más accesible los documentos públicos al ciudadano, han indicado fuentes de Función Pública.
Asimismo, buscarán potenciar el uso del teléfono 060, con especial atención a colectivos vulnerables, los cuales tienen "difícil" interrelacionarse con la Administración.
Nueva ley de ciberseguridad y agencia de la administración digital
Durante su comparencia, Escrivá ha anunciado también que en el siguiente periodo de sesiones llevarán al Congreso de los Diputados una Ley de Ciberseguridad para reforzar la ciberresiliencia del sector público, aunque ha asegurado que la Administración "no está mal en términos de ciberseguridad". Esta "palanca" mejorará la capacidad de respuesta de la Administración Pública a la ciudadanía.
En esta línea, ha señalado que otra "palanca" será la creación de una Agencia de Administración Digital que funcione de catalizador para favorecer la innovación al servicio de la ciudadanía, robotizando tareas repetitivas y desarrollando tecnologías con una visión amplía de la Administración.
Asimismo, ha anunciado la creación de una unidad operativa transversal capaz de hacer frente a los shocks externos, como una pandemia o la gestión de un plan de recuperación.
Cambio de la tasa de reposición en 2025
También ha anunciado que cambiará para 2025 la tasa de reposición de empleados públicos de la Administración General del Estado ante el hecho de que el 60% de la plantilla de los empleados públicos se jubilará en los próximos 10 años y que el número de efectivos al servicio de la Administración General del Estado (AEG) es casi un 10% inferior al de antes de la crisis financiera de 2008.
"Es muy difícil de defender la tasa de reposición cuando estamos hablando de modernización y transformación de la Función Pública. Por lo tanto, necesitamos un modelo distinto", ha anunciado.
De esta manera, la cartera de Función Pública buscará durante esta legislatura sustituir la tasa de reposición de efectivos, un modelo basado en el crecimiento vegetativo de las plantillas, por un modelo que diseñe las plantillas en base a los servicios públicos que presta el Estado del Bienestar y los escenarios presupuestarios plurianuales fijados por la Unión Europea.
El fin de la tasa de reposición forma parte del nuevo modelo de gestión de los servicios públicos que la cartera presidida por Escrivá quiere implementar ante el envejecimiento de las plantillas y el hecho de que en los próximos 10 años casi el 60% de los empleados públicos se jubilará y que los trabajadores públicos de 55 años o más supusieron el 47% de los empleados de la Administración Central en 2020, casi veinte puntos porcentuales más que la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, con este cambio, se busca mejorar la calidad del empleo público ante el hecho de que, pese a las ofertas públicas récord de los últimos años, el número de efectivos al servicio de la Administración General del Estado (AEG) es casi un 10% inferior al de antes de la crisis financiera de 2008.
En esta línea, Escrivá ha destacado que entre el periodo 2013 y 2018 hubo de media 7.000 bajas cada año y solo se cubrieron 2.000 anuales, una brecha que ya se cerró entre el año 2019 y 2020 y que, solamente en el año 2021-2022, se ha sido capaz de alcanzar la estabilización y que el número de altas supere el número de bajas.
No obstante, el fin del modelo de reposición no podrá materializarse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2024, sino que tendrá que esperar a la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2025, según han apuntado fuentes ministeriales, que han destacado que la tasa de reposición "nos abandonará" en 2024 y se dará a Función Pública ese tiempo para estudiar cómo se realizarán los cambios y tratarlo con los agentes sociales.
Estas mismas fuentes han destacado que el fin de la tasa de reposición, una demanda de los sindicatos, "no consiste en tener el mismo personal público que antes de la crisis financiera", sino en usar la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA) para poder hacerlo de manera más eficiente.
