El Ministerio de Derechos Sociales ha propuesto dar un plazo máximo de 3 años para la "supresión total" de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas en las residencias de mayores de España. Así se desprende del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que se ha abordado este viernes en la mesa del diálogo social.
En este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se recogen las propuestas que el Ministerio de Derechos Sociales ha discutido con patronales del sector de la dependencia y sindicatos, y que deberá negociar después con las comunidades autónomas. El texto recoge que las residencias y centros de día contarán con un plan de atención libre de sujeciones, que contendrá medidas alternativas de apoyo "preventivo, positivo y respetuoso".
Este plan deberá ser aprobado por la inspección disponiendo la entidad prestadora del servicio de un plazo máximo de tres años para su completa y efectiva implantación.
El acuerdo únicamente contempla el uso de alguna sujeción con carácter "temporal" en situaciones "excepcionales y de urgente necesidad" en las que exista "un peligro inminente" para la persona usuaria, cuidadoras o terceras personas, siempre que previamente se haya constatado el fracaso de otras medidas alternativas.
Dos de cada tres habitaciones individuales
Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales propone que las nuevas residencias de mayores tengan, al menos, un 65% de habitaciones individuales (2 de cada 3) y un máximo de 90 plazas, con unidades de convivencia de 15 personas, para que se parezcan lo máximo posible a "un hogar".
Junto a la limitación de plazas, se plantea aumentar las ratios de personal para centros residenciales y centros de día, que sube a 0.43 trabajadores por cada residente. Para una unidad de convivencia de 15 personas supondría cinco trabajadores (dos por la mañana, dos por la tarde y uno por la noche).
Por su parte, las residencias ya construidas tendrán que hacer obras para sectorizarlas en espacios de, como mucho, 90 personas y crear también unidades de convivencia de 15 personas. En este caso, el 35% de las habitaciones tendrán que ser individuales y contarán con un plazo de hasta siete años para hacer las obras.
Otra de las novedades es limitar a 50 plazas los centros residenciales para personas con discapacidad. Igualmente, se plantea aumentar el número de inspectores por residencia: un inspector por cada 25 residencias.
Al documento también se han sumado los servicios de teleasistencia y atención domicilio. La propuesta trata de personalizar estos servicios en coherencia con el modelo de atención centrada en la persona al que se pretende transitar.
Respecto a la atención a domicilio, el Ministerio de Derechos Sociales propone que, al menos, el 5% de la jornada laboral se dedique a labores de coordinación, y el desplazamiento del trabajador no contará como tiempo de atención aunque sí como parte de su jornada.
Asimismo, para promover la mejora de la calidad de los servicios del sistema de atención a la dependencia, el documento contempla la creación de un grupo técnico, en el marco del Consejo Territorial, que diseñe un sistema de evaluación.
Un modelo de hogar
El objetivo de este acuerdo es que las residencias de mayores se adecuen a un modelo de "hogar", con un equipamiento y estructura similar a la de cualquier vivienda (habitaciones, salón, cocina), con acceso gratuito a Internet, y donde se les proporcionen a los mayores los apoyos que necesitan.
Además, el Ministerio considera fundamental que las nuevas residencias se ubiquen en suelo urbano, promoviendo además las relaciones cotidianas de las personas residentes con la comunidad, evitando así situaciones de aislamiento y soledad no deseada.
