El Gobierno vuelve a rectificar: adiós al máximo de 90 plazas por residencia

El Gobierno ha propuesto limitar las plazas en las residencias de mayores teniendo en cuenta la densidad de población de la zona en la que están ubicadas, estableciendo una horquilla que va desde las 60 hasta las 120 plazas, en lugar de la limitación a un máximo de 90 plazas como propuso en febrero.

Así se recoge un nuevo borrador del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que el Ejecutivo está negociando con las autonomías, que son las competentes en la materia.

En concreto, el nuevo documento del Ejecutivo, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, recoge que los centros que se construyan tras la aprobación de este acuerdo "no podrán superar las 60 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas"; mientras que las "localidades o zonas de densidad intermedia" tendrían el límite en 90 plazas; las "ciudades o zonas densamente pobladas", en 120.

El nuevo texto, al que ha tenido acceso Europa Press, mantiene la limitación a "un máximo de 50 plazas" a los centros "cuya atención se destine a personas con discapacidad".

Plazas públicas y división de espacios

Entre las exigencias que propone Derechos Sociales, también se indica que las administraciones competentes, dispondrán de, al menos, el 65% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual y el resto en habitaciones de uso doble.

Del mismo modo, recoge que los centros cuya construcción se haya iniciado con carácter previo al acuerdo, dispondrán, al menos, de un 15% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual cuando el centro esté ubicado en zona rural o zona escasamente poblada, mientras que este porcentaje se elevará hasta el 25% cuando el centro esté ubicado en localidades o zonas de densidad intermedia y hasta el 30% cuando esté ubicado en ciudades o zonas densamente pobladas.

"La administración autonómica competente en el territorio en el que se ubique el centro, podrá expedir una autorización explícita para que aquellos centros que así lo soliciten, no tengan que cumplir los porcentajes plazas públicas en habitaciones de uso individual referidas (...), siempre que su capacidad máxima sea igual o inferior a 35 plazas y que justifiquen circunstancias excepcionales de viabilidad económica o arquitectónica", señala el documento.

También se indica que las personas residentes deberán gozar simultáneamente de espacios que preserven debidamente su intimidad y de espacios de convivencia en el centro, que se les facilitará conexión a Internet de forma gratuita y que en las unidades convivirán "un grupo reducido" de residentes, que en ningún caso podrán superar las 15 personas, "de forma que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar".

Condiciones de los profesionales

Del mismo modo, se propone que los turnos de los profesionales de atención directa de primer nivel se organicen "minimizando las rotaciones y promoviendo que las mismas personas apoyen a un mismo grupo de personas de forma estable teniendo en cuenta las unidades de convivencia".

A este personal de atención directa de primer nivel (Ad1N) se le exigirá, según recoge la propuesta de acuerdo, que posea la cualificación profesional que acredite sus competencias y tal efecto, aunque se permite facilitar la habilitación excepcional a personas cuidadoras, gerocultoras, auxiliares de ayuda a domicilio y asistentes personales con experiencia de al menos 3 años y con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años en la categoría profesional correspondiente, o con un mínimo de 300 horas de formación relacionada con las competencias profesionales que se quieran acreditar en los últimos 12 años, previa presentación de su solicitud.

Esto quedará determinado en la normativa autonómica, en su caso, donde esté ubicada la empresa donde haya prestado sus últimos servicios la persona solicitante.

Del mismo modo y, tal y como recoge Derechos Sociales en el documento, con el objetivo de "garantizar la estabilidad en el empleo", se propone habilitar provisionalmente a aquellas personas que sin haber alcanzado los requisitos para la habilitación excepcional, se comprometan, mediante declaración responsable, a participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral, que se realicen desde el ámbito estatal o autonómico, o a realizar la formación vinculada a los certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional del sector.

También en este sentido, se distingue de forma específica a los centros situados en el medio rural que, cuando no dispongan de las personas con la acreditación requerida para las categorías mencionadas anteriormente o se acredite la inexistencia de demandantes de empleo en la zona, podrán, mediante certificado de la Oficina de Empleo correspondiente, contratar a personas que no cuenten con la cualificación profesional exigida hasta que sus puestos puedan ser ocupados por profesionales cualificados, o estos adquieran la cualificación correspondiente.

Rechazo de la patronal

En cuanto a la financiación para esta reforma del sistema, el documento indica que las administraciones públicas "adecuarán la financiación del SAAD y el precio de los servicios concertados a medida que se introduzcan progresivamente los requisitos contenidos en el presente Acuerdo".

"En particular, el Marco de Cooperación Interadministrativa acordado entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, orientará el nivel acordado de financiación a garantizar los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD, según lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Dependencia", recoge el texto.

Precisamente, la ausencia de más concreción en la financiación y la ausencia en el documento de una memoria económica, es una de las cosas que más preocupa a la patronal de dependencia.

Así lo ha expresado la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Cinta Pascual, quien ha indicado que tampoco están "satisfechos" con el hecho de que "no se trata a todos los mayores por igual" y se "distingue" su situación dependiendo del centro en el que se encuentren: público, concertado o privado.

El secretario general de AESTE, Jesús Cubero, por su parte, esta propuesta de Derechos Sociales es "un verdadero despropósito" que "no resuelve los problemas que tiene actualmente el modelo de atención a las personas mayores" y "no es capaz de anticiparse a las necesidades de la población de personas mayores".

A su juicio, tampoco "satisface la problemática de carencia de profesionales en el sector"; "no incentiva la construcción de nuevos centros residenciales"; y "constituye una clara invasión de competencias en una materia como la dependencia, que está totalmente transferida a las comunidades autónomas".

"Es un documento, sin duda, realizado por quien no conoce de primera mano el sector de atención a los mayores y cuenta con nuestro rechazo frontal", ha declarado.