El informe realizado por la Guardia Civil por encargo de la juez Carmen Rodríguez-Medel en el marco de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de la marcha del 8-M concluye que a partir del pasado 5 de marzo "no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19".
En el documento, de 83 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, también se afirma que a partir de la mencionada fecha tampoco se deberían haber celebrado unas y cancelado otras, "como al final terminó ocurriendo", en referencia a la convocatoria de la marcha por el Día de la Mujer en Madrid mientras se suspendía un congreso evangélico en la ciudad.
Según los investigadores de la Guardia Civil, en esas fechas ya existía un "profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas".
El informe subraya en sus conclusiones que las "recomendaciones imperativas" que se transmitieron desde el Ministerio de Sanidad al "colectivo evangélico" y el "nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones" son indicios de la "preocupación" de éstos frente a la pandemia y "su interés real por velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios".
Con el análisis documental llevado a cabo, concluye la Guardia Civil, se constata que la Delegación del Gobierno "tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma, de las que había tenido conocimiento y por ende había permitido su celebración".
Informes llegados a la delegación
El análisis incide de forma pormenorizada en que la titular del Juzgao de Instrucción número 51 de Madrid solicitó información a la Delegación del Gobierno sobre todas las manifestaciones que iban a celebrarse entre los días 5 y 14 de marzo de 2020, así como sobre las comunicaciones sanitarias que se hubieran realizado con anterioridad al 14 de marzo de 2020 sobre posibles riesgos que pudieran ocasionar la celebración de actos multitudinarios.
Como respuesta a esta solicitud, el pasado 20 de abril, el secretario de la delegación general de la delegación del Gobierno en Madrid, Fernando Talavera, respondió que este departamento no había recibido ninguna comunicación sanitaria en el marco de la crisis generada por el covid-19 don fecha anterior al 14 de marzo -día de entrada en vigor del estado de alarma-, dando cuenta además de la falta de comunicaciones relativas a los posibles riesgos que pudiera representar la celebración de concentraciones masivas o multitudinarias en la vía pública.
Añadía el departamento de Franco que tampoco se habían recibido antes de esa fecha, por parte de ningún organismo oficial español o internacional dando instrucciones, recomendaciones o prohibiciones relacionadas con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante; ni tampoco haciéndoles ver que dichas manifestaciones tuvieran que celebrarse en todo caso.
Tras recibir esta respuesta, detalla el informe, la juez insistió el 21 de abril a la Secretaría de la Delegación del Gobierno sobre dos resoluciones concretas dictadas por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y por la Consejería de Sanidad de fechas 5 y 6 de marzo que incluían la recomendación de evitar aglomeraciones y suspendían las actividades en centros de ancianos, entre otras medidas.
Finalmente, y tras varias respuestas reiterativas sobre la inexistencia de avisos antes del 14 de marzo, la Delegación del Gobierno terminó admitiendo que la resolución de la sanidad madrileña del 6 de marzo, publicada un día después en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM), le fue remitida ese mismo día, si bien no tuvo entrada y fue registrada hasta dos días después, el 9 de marzo, fecha posterior a la manifestación feminista. Apuntaron no obstante que el documento del día 5, denominado "Medidas de precaución relacionadas con el brote causado por el nuevo coronavirus COVID-19 en la Comunidad de Madrid", nunca les fue enviado.
Prevención de Riesgos sí avisó
Esta respuesta contrasta con otras actuaciones recogidas en el informe en las que se constata que ya el propio 2 de marzo, a las 9:12 horas, desde la cuenta de correo electrónico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno se remitió un correo con el título "Medidas de prevención frente al contagio de Coronavirus" con un archivo adjunto al conjunto de direcciones preconfigurada "M.todos personal delegacion Lista todos personal delegacion.madrid".
Dicho correo se corresponde con un documento de Servicio de Prevención Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno titulado "Información general sobre medidas preventivas básicas a adoptar en el enlomo laboral frente al nuevo coronavirus (SARS-cov-2), cuya primera versión es del 28 de febrero y se elaboró a partir de las recomendaciones sanitarias de las autoridades nacionales e internacionales".
En este documento se data el inicio de la infección a nivel internacional en diciembre de 2019, hace referencia al enlace de la página web del Ministerio de Sanidad donde diariamente se publican recomendaciones, medidas, informes ... sobre el COVID-19, se aportan datos concretos de formas de contagio y periodos de incubación, se aportan medidas preventivas para profesionales sanitarios, tales como el uso de mascarillas FFP2, se definen unas recomendaciones generales de higiene y prevención "basadas en las pautas oficiales de la OMS v del Ministerio de Sanidad", y hacen alusión a las recomendaciones de distanciamiento social recordando que "son más importantes las medidas higiénicas de lavado de manos y la distancia de seguridad que el empleo de mascarillas de forma indiscriminada".
Por todo ello, la Guardia Civil concluye que la Delegación del Gobierno tenía conocimiento, con anterioridad al 14 de marzo de 2020, de la crisis sanitaria COVID-19 al haberlos recibido directamente de otras administraciones públicas u organismos, o bien haberlos "tratado" internamente".
Por otra parte, la Guardia Civil también ha analizado la documentación aportada a la causa por el Ayuntamiento de Madrid, de la que se desprende que la Policía Municipal, en relación a reuniones y manifestaciones celebradas entre el 5 y 14 de marzo de 2020, "tan solo" ha emitido informes de viabilidad relacionados con el tráfico de vehículos y peatones.
Ni Policía ni el SAMUR-Protección Civil instaron "en ningún caso la participación de algún servicio ordinario" o movilizaron "recursos sanitarios excepcionales", ni efectuaron "recomendaciones" sobre las reuniones y manifestaciones celebradas entre los días 5 y 14 de marzo de 2020", añade.
Finalmente, la Guardia Civil también ha analizado los mensajes difundidos a través de las cuentas oficiales de la Delegación del Gobierno y de su responsable, José Manuel Franco, en Twitter desde el 28 de febrero de 2020 hasta la declaración del estado de alarma. Los investigadores advierten de que en ambos casos no se registraron publicaciones sobre el covid-19 hasta el 10 de marzo.
