Hacia un nuevo modelo de cuidados, que no termina de arrancar

 

En estos 6 años de vida de 65YMÁS, este diario, líder de audiencia del segmento sénior –con más de 4 millones de usuarios únicos–, ha sido testigo de los inicios del cambio de modelo de cuidados a nivel nacional y de la transición desde un enfoque asistencialista hacia otro centrado en las necesidades y preferencias de las personas dependientes, la mayoría de las cuales quieren ser atendidas en el hogar o en su entorno comunitario. 

Se trata de una demanda histórica de las asociaciones de mayores y de las organizaciones de dependientes y familiares, así como de muchos gerontólogos, que llevan años apostando por un cambio de sistema, que lo flexibilice, lo dote de más medios y lo equipare, en la medida de lo posible, al que lleva implantado desde hace décadas en países nórdicos. 

Inicio del nuevo modelo

Los primeros pasos decididos para transitar a nivel nacional hacia este modelo se dieron después de los momentos más duros de la pandemia, con la aprobación del Plan de Choque de la Dependencia y del nuevo Acuerdo de Acreditación de los Servicios Sociales, dos medidas impulsadas por el primer Gobierno de coalición de la democracia, conformado por el PSOE y Unidas Podemos. En concreto, fue el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido primero por Pablo Iglesias y, posteriormente, por Ione Belarra, el que promovió estos cambios, acelerados a raíz de las dramáticas consecuencias del Covid-19 en centros sociosanitarios –murieron más de 20.000 usuarios sólo en 2020–, que pusieron de relieve graves deficiencias del sistema, como la falta de personal, las carencias en formación, la escasa coordinación con el sistema de salud, etc. 

En primer lugar, se aprobó el Plan de Choque de la Dependencia 2021-2023, que, cabe señalar, era una promesa electoral incluida en 2019 en el programa de la formación morada. Dicho documento fue pactado con los agentes sociales y tenía como objetivo aumentar la financiación en 600 millones anuales para reducir las interminables listas de espera para ser valorados y/o recibir asistencia. Unas demoras que, en 2019, se cifraban en 426 días, y que tenían como indeseable resultado que miles de personas fallecían cada año sin haber podido acceder a una ayuda –un total de 900.000 personas han muerto en esta situación desde que se aprobó la Ley de Dependencia en 2006–. Además, el Plan de Choque pretendía mejorar las condiciones de los trabajadores –muchos de los cuales tienen sueldos que rozan el SMI– e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garantizasen la atención adecuada de los usuarios. 

La segunda gran medida que daría el pistoletazo de salida al nuevo modelo de cuidados llegaría un año después. En junio de 2022, tras un largo periodo de negociación con las comunidades autónomas y otros actores sociales, se aprobaba, por la mínima, con el voto en contra de nueve autonomías por distintas razones –financiación, competencias...–, el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, también conocido como nuevo modelo de residencias. Una iniciativa que pretendía humanizar la atención, aumentar las ratios de personal, reducir el tamaño de los centros y dividirlos en unidades de convivencia, combatir la precariedad de los trabajadores, mejorar su formación y eliminar las sujeciones, entre otras mejoras, que debían estar aplicadas, como tarde, a finales de 2029. La aprobación de este documento fue bien recibida por expertos, sociedades científicas y algunas entidades del tercer sector, aunque fue criticada por sindicatos y asociaciones de familiares, al ser considerada insuficiente. Además, contó con la oposición de una parte de la patronal, que afirmaba que era "irrealizable". Así y todo, durante los meses posteriores a la aprobación, prosiguieron las negociaciones entre el Ejecutivo y las comunidades que se habían opuesto al texto, para lograr un cierto consenso y comenzar a transitar hacia el nuevo modelo.   

Legislatura PSOE-SUMAR

Posteriormente, en 2023, cambió el Gobierno, y la coalición PSOE-SUMAR, con el nuevo Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, prosiguió con esta agenda reformista, con la promesa de seguir impulsando todos los cambios e incluso de llegar al 50% de aportación del Estado en la financiación a la Dependencia. Cabe recordar que en paralelo también cambiaron de signo político muchas de las CCAA que habían apoyado o se habían opuesto al Acuerdo de Acreditación, aunque ya había un cierto consenso general en todas las regiones de que era necesario transitar hacia un nuevo modelo –si bien seguía habiendo quejas sobre la falta de financiación o diferentes aproximaciones de cómo hacerlo–. 

En la actual legislatura, se presentó la Estrategia estatal Hacia un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización, que engloba el período 2024-2030, y que cuenta con una dotación inicial de 1.300 millones de euros de fondos europeos. El objetivo de esta medida, en la que comenzó a trabajar el anterior Gobierno, es ofrecer una alternativa centrada en las personas, mediante servicios personalizados y de pequeña escala, en entornos comunitarios de proximidad, reforzando la asistencia a domicilio, la teleasistencia o los centros de día, y mejorando las condiciones laborales y salariales del personal que trabaja en cuidados a domicilio y en residencias. Finalmente, más recientemente, el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley de Dependencia, que debe aún pasar por el trámite parlamentario, y que amplía los servicios que se ofrecen para la permanencia de los mayores dependientes en el hogar, flexibiliza el sistema y crea nuevos derechos como el de la Teleasistencia. 

Retos pendientes

Así, desde que comenzó esta agenda reformista, se han conseguido avances como el progresivo aumento de la financiación, la reducción de la lista de espera de la Dependencia –no a la misma velocidad en todas las CCAA–, la eliminación de las sujeciones físicas y químicas en muchos centros –ya llevaba tiempo aplicándose– o la subida de los sueldos de los trabajadores –en la negociación colectiva–. 

Además, se ha logrado un cierto consenso en que es deseable humanizar y personalizar los cuidados, huyendo del concepto de las macrorresidencias, y que la atención debe darse a ser posible en el entorno comunitario. 

Ahora bien, aunque todo esto se haya logrado, buena parte del sector tiene la impresión de que el nuevo modelo no termina de arrancar. Por una parte, organizaciones como la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, critican que todavía siguen muriendo dependientes esperando una prestación, aunque hayan bajado la lista de espera a nivel nacional. En 2024, explicaron, habrían fallecido 18.592 personas pendientes de resolución de grado y 17.328, sin haber podido ejercer sus derechos. 

Por otro lado, las reformas del nuevo modelo de residencias llegarían a cuentagotas. Son muy pocas las comunidades que habrían implementado en sus normativas el Acuerdo aprobado en 2022 en el Consejo Territorial y, en ciertos casos, se habrían flexibilizado requisitos, una medida que no ha sido bien recibida por organizaciones como la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias. Según aseguraron a 65YMÁS desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a finales de 2024, no todas las autonomías habrían traspuesto a sus normativas el Acuerdo, como así se estipulaba en el mismo. Según el Ministerio, las que habrían dado pasos en ese sentido serían: Andalucía –Orden del 27 de julio de 2023 en relación a la ayuda a domicilio–; Cantabria –Orden EPS/02/2023–; Castilla y León –Ley 3/2024, referida a las residencias–; Comunidad Valenciana –Decreto 27/2023–; Comunidad de Madrid –Orden 2680/2024– y Navarra –Decreto Foral 38/2023–. Hay que matizar que el no haber tramitado esta norma no significa que no se hayan hecho cambios. Por ejemplo, regiones como Galicia optaron por un modelo propio de residencias basado, según han explicado en varias ocasiones, en la innovación asistencial, las nuevas tecnologías, la transformación arquitectónica y la humanización de los cuidados. O en el caso de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y País Vasco, por ejemplo, según comentaron desde el Ministerio, ya contemplarían en su regulación medidas, como la progresiva limitación del uso de sujeciones, que también se incluye en el Acuerdo. 

Eso sí, esta "caótica" implantación ha generado una sensación de que los cambios no terminan de llegar en los propios usuarios y familiares. Y es que, aunque es cierto que el plazo para aplicarlos es a finales de 2029 en muchos de los casos, ciertas medidas ya deberían estar implementadas. 

Según explicaban desde la Federación Empresarial de la Dependencia, los cambios estarían llegando sobre todo a los centros de nueva construcción –generlamente más pequeños, divididos en unidades de convivencia...–, pero no tanto al resto. En ese sentido, comentaban, quienes ya apostaban por la atención centrada en la persona y tenían recursos para ello, habrían seguido esa vía, pero, "mayoritariamente", el resto no se lo habría planteado todavía porque "no se le han dado los recursos necesarios para hacerlo".

Además, según denuncian desde la patronal AESTE, esta disparidad normativa ha colocado al sector en una situación de inseguridad jurídica, que habría llevado, denuncian, a un cierto parón en la construcción de residencias, al no saber cómo proceder.

 

Por otra parte, según denuncia la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, aunque se pretende que los cuidados se presten mayoritariamente en el hogar y en el entorno comunitario, las acciones para lograrlo siguen siendo muy escasas. La teleasistencia no llega a todos los potenciales usuarios y las horas que se prestan de ayuda a domicilio son escasas para las necesidades reales de los dependientes –21 horas mensuales, con datos de 2023–. Y no se ha logrado dar solución a la falta de personal para determinados puestos, denunciada por parte del propio sector. 

Finalmente, otro problema recurrente es la falta de fondos, denunciada por comunidades y empresas en reiteradas ocasiones. Y es que, pese a que se ha aumentado la financiación, la cuantía seguiría siendo a su parecer insuficiente para acometer todos los cambios que se pretenden. Además, en el acuerdo de Gobierno PSOE-SUMAR se prometió que la aportación del Estado llegaría paulatinamente al 50%, pero aún no se ha conseguido. Es más, preocupa que sin la aprobación de Presupuestos, los progresivos aumentos hayan comenzado a ser menores en 2024. Ese año, según explicó recientemente el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, aumentó 213 millones la aportación de la administración central. 

Queda por tanto por ver cómo se irá aplicando el modelo, si se consigue solucionar el problema de la financiación, si todas las comunidades dan pasos decididos para cambiar el sistema y si, progresivamente, el sector logra transformarse, mejorando la formación, fomentando la autonomía, trabajando en prevención, incluyendo nuevas tecnologías, personalizando la atención... y, al mismo tiempo, dando respuesta a la demanda creciente que vendrá en los próximos años a raíz del aumento de la longevidad. Y es que, según prevé la AIReF, "el gasto en Dependencia" podría duplicarse "en 2050” por el progresivo envejecimiento de la generación babyboom, por lo que es crucial preparse para ello.